En años recientes el intervencionismo extranjero y las estrategias de la oposición para desestabilizar gobiernos progresistas han cambiado. Atrás quedaron los golpes de estado con fuerzas policiacas o militares, sin embargo, el uso faccioso de instituciones, sobre todo del poder judicial, ha sido una constante en diferentes países de nuestra región. El caso más reciente fue en Perú.

En nuestro país esa dinámica ha arreciado con la llegada a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Norma Piña Hernández, que no ha hecho otra cosa, que obstaculizar las actividades del poder ejecutivo e incluso, la SCJN ha llegado al extremo de invadir las facultades legislativas del Congreso de la Unión. 

El golpe blando o lawfare (guerra judicial) han sido las estrategias conspirativas, judiciales, legaloides y manipuladoras con las que la derecha ha boicoteado gobiernos democráticamente electos, pero que por descuidos de formalidad, son víctimas de los diferentes aparatos con los que la derecha puede disponer de un ataque en medios de comunicación, cadenas de distribución comercial, denuncias o demandas judiciales, etcétera.

Esto nos debe convocar a la reflexión, pues, en el contexto de la sucesión presidencial y de las nueve gubernaturas, se han realizado toda clase de actos propagandísticos para lograr mayor posicionamiento, que consisten en una operación sin precedentes de recursos materiales, humanos y publicitarios que abren una vulnerabilidad jurídica de la cual la derecha puede aprovecharse para desestabilizar al movimiento.

La fuerza opositora busca ganar en tribunales lo que no puede ganar en las urnas, por ello, Ana Teresa Aranda, diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) inició con una serie de denuncias que exageran las dimensiones de la publicidad de las y los diferentes concursantes en el proceso interno de Morena con la intención de manipular información y también, en caso, de que sea procedente inhabilitar para participar a los personajes más posicionados de nuestra fuerza política.

Digo que su objetivo es manipular, pues, en su primera denuncia contra Ignacio Mier, denunció que habría gastado supuestamente 400 millones de pesos, sin embargo, en su denuncia en contra de Alejandro Armenta y Julio Huerta, cambió los montos y dice que en conjunto Morena ha gastado más de 250 millones de pesos. Las cifras no son certeras ni buscan sustanciar un proceso judicial, sino generar ruido y desconcierto en la opinión pública.

Lo cierto es que al interior de Morena se debe procurar limitar el uso de recursos en esta etapa, pues incluso en la convocatoria para seleccionar a quién será la persona encargada de coordinar los Comités de Defensa de la 4T, se pide a los participantes que no utilicen espectaculares, bardas, y que se modere la propaganda, es en síntesis, un llamado a hacer un posicionamiento más inteligente que no ponga en riesgo la estabilidad del movimiento.

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