Cartas a Gracia

Mientras que frente a Palacio Nacional se manifestaban maestros y maestras de la CETEG-CNTE en el Boletín SEP no 272 Establecerá SEP puente de colaboración y diálogo con las fuerzas políticas del país: Leticia Ramírez Amaya, se reseñaría la comparecencia de la ahora titular del despacho educativo ante la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores; la titular asistiría con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. Presentación en la que, además de cumplir con el protocolo y con el objetivo, haría el pronunciamiento político destacado como cabeza de la publicación de referencia, aderezada con la promesa de considerar “planteamientos, observaciones y posicionamientos” que senadores y senadoras le hicieran, Gracia.

Tras los saludos protocolarios y la bienvenida que le externaría el presidente de la Cámara, Leticia pasaría a lo suyo, Gracia: informar cuál sería el estado que guardaría la administración del despacho educativo tras el paso de sus tres titulares y cuatro años de ejercicio. Haría referencia a los objetivos prioritarios que se establecerían “en el programa sectorial de Educación 2020-2024 […] sustentados en la impartición de una educación en equidad, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia, pertinente y relevante en los diversos tipos educativos”, principios de política pública que vendrían acompañados por “las siguientes prioridades educativas”, entre las que destacarían las becas otorgadas a la trayectoria formativa por casi 74 mil millones de pesos, entregadas “casi 11 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior; lo mismo que el “reconocimiento de las maestras y los maestros” patentizado en un incremento salarial de “hasta […] un 7.1.5% [y] basificación de más de 650 mil plazas”, a los que se sumarían los procesos de promoción horizontal y vertical a cargo del cuestionado USICAMM; aunque reiteraría “que se atenderán las necesidades de las maestras y de los maestros para que eduquen en libertad, con trabajo y dignidad”, sin importar que el jurídico de ese organismo encabezara denuncias que alcanzarían a usicamitas locales involucrados en el reparto de plazas y promociones.

El informe que rendiría pasaría de lo conceptual a la exposición de algunas cifras. Sustentaría el regreso a clases presenciales (28 de agosto de 2021) en la estrategia nacional de vacunación. Estrategia que, a pesar de los dimes y diretes y de los jaloneos, inmunizaría “a más de tres millones de maestras, maestros, personal de apoyo y administrativo, así como a más de 8 millones de niñas y niños de 5 a 11 años y un número similar de adolescentes entre 12 y 17 años”, y que daría paso a otras tácticas a las que se sumarían otras autoridades educativas que buscarían revertir algunos efectos de la pandemia y, entre ellos, la deserción y el abandono escolar. Fenómenos que, de acuerdo al INEGI (en Comunicado de prensa No. 185/21 23 de marzo de 2021), habrían impactado a más de 5 millones de estudiantes de todos los niveles, si bien y como señalaría Leticia Ramírez en su presentación: “En el presente ciclo escolar más de 34 millones de alumnas y alumnos de educación básica Media superior y superior se encuentran presentes en las aulas [quienes serían] atendidos por más de dos millones de maestras y maestros”; personal docente para quienes -expresaría- “su reconocimiento y gratitud”. Complacencia que extendería a toda la comunidad educativa.

La titular del despacho abordaría logros que explicarían carencias, Gracia. Limitaciones que tú como docente conoces bien por sufrirlo en carne propia; tal sería el caso de la reducción de la partida presupuestal destinada a la capacitación y actualización de docentes -que pasaría de 2 000 pesos anuales por maestra, maestro, a tan solo casi 100 pesos en el mismo lapso por docente-. Leticia resaltaría la participación de 1 de cada 2 maestras y maestros de educación media superior en cursos “sobre cultura digital” (248 mil docentes), aunque la institución rectora otorgase reconocimientos “a la práctica educativa [en época de pandemia] a más de 2 000 maestras y maestros”.

No podía faltar la alusión a las joyas de la corona. La titular dejaría claro otras prioridades atribuidas al jefe del Ejecutivo Federal; por ejemplo, La Escuela es Nuestra, por un lado, que “tan solo entre 2021 y 2022 [destinarían] 28,757 millones de pesos para acciones a la mejora de infraestructura y equipamiento” que se entregarían directamente a los Comités de Administración Participativa, aunque omitiría señalar que el componente alimentación antaño incorporado al Programa Escuelas de Tiempo Completo, sería dejado al arbitrio de madres y padres de familia.

También dejaría de lado informar sobre los conflictos que habría generado la participación de algunos servidores públicos de la Secretaría del Bienestar del PLEN; entre ellos, la desaparición de más de 500 millones de pesos en 2020 evidenciados por la revista Proceso. Otra prioridad, se referiría a la elaboración de los nuevos planes de estudio de Educación preescolar, primaria y secundaria 2022”, de los que resaltaría filosofía y la organización escolar que te platicaría en cartas anteriores, Gracia (campos formativos, ejes, fases, autonomía profesional, contexto comunitario, saberes, codiseño entre otros), omitiendo la detención del programa piloto decretado merced a una suspensión provisional e ignorando referencias a la actualización y capacitación docente que se encontrarían proyectadas. De la misma manera, Leticia aludiría a la propuesta para sustituir 34 planes y programas de educación media superior por un Marco Curricular Común; proyecto en el que Juan Pablo Arroyo, exsubsecretario de Educación Media, estaría involucrado a partir del 2008 y de quien no se sabría a ciencia cierta porqué habría dejado su responsabilidad.

Sin embargo Gracia, y aunque estos y otros “logros” se magnifiquen en los informes de los tres titulares del despacho educativo, no faltaría considerar que las autoridades educativas -federal y locales- lejos de combatir, fortalecen de sobremanera rubros de control administrativo cuestionables, entre las que destacarían, el empoderamiento de las burocracias del sector educativo que, aunque cambien de camiseta, seguiría siendo la misma que ahora predica la nueva doctrina pedagógica, al tiempo que usufructúa la asignación de las plazas de nuevo ingreso; punto que se replicaría con los resultados de otras promociones del servicio de carrera para maestros y maestras y sin ir más allá del papel corporativo que le asignan a las supervisiones escolares y a los mandos medios y superiores.