Va de nuez... El APECIC, esperanza frente al fracaso

  • Javier Cobos Fernández
Del Paquete Contra la Inflación y la Carestía al Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y Carestía

Derivado del fracaso del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) lanzado desde mayo pasado, el Presidente de la República lanza otro ensayo de laboratorio, experimento, o espectáculo, como lo quiera llamar. Lo cierto es que, en una columna reciente, su servidor anticipaba que este nuevo espectáculo estaba por venir y ¡voilà!

La nueva versión, la 2.0 del PACIC fue anunciada hoy 3 de octubre con un nuevo nombre, APECIC, pero bajo principios nuevamente equivocados. ¿Quién iba a pensar que era un fracaso más de la 4T? ¡Nadie!  No sé por qué me viene a la mente el multimillonario costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco solamente por indemnizaciones, el costo del nuevo aeropuerto cuyos vuelos resultan los más caros del mundo si incorporamos el costo del Felipe Ángeles por vuelo, el costo de la refinería que no refina, el récord de remesas derivado del incremento en migrantes a casusa de la inseguridad y falta de oportunidades, el prometido crecimiento económico de 5 por ciento, el avance en la desigualdad del ingreso, el récord de muertes por homicidios, feminicidios y no digamos del mal manejo de la pandemia, y la escasez histórica de medicamentos, por mencionar algunos.

En este nuevo espectáculo mediático, el Presidente firma un acuerdo con el sector privado. ¿En qué consiste? El gobierno federal otorga a las empresas firmantes del acuerdo una licencia única, universal, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de las empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del Impuesto General de Importación al Comercio Exterior.

Dicho esquema delega la responsabilidad de la calidad de los alimentos a la cadena de producción, sin requerir permiso alguno. Parece que las funciones regulatorias propias del Estado ahora están en manos del proceso productivo. Evidentemente se están olvidando uno de los principios básicos de la necesidad de regulación, que son las fallas de mercado. Ahora bien, estamos perdiendo de vista que el problema no era la supervisión sino los costos de los insumos. Esto es, se hubiera podido mantener la labor regulatoria simplemente a un menor costo.

Un breve análisis de incentivos

La cadena de producción y las empresas tienen el legítimo incentivo de maximizar utilidades, con lo que se generan fallas de mercado que el Estado debe corregir y alinear a través de la regulación. Esta regulación se obvia en virtud del otorgamiento de licencias de esta índole dado que garantizan la simplificación de trámites, pero no la reducción de precios.  No solo eso, sino que el Acuerdo se firma con 15 de las empresas de alimentos y distribución mas importantes del país.

Dos preguntas:

1. ¿Qué proporción de la oferta de alimentos representa este conjunto de empresas, y por tanto qué impacto pudiera tener el Acuerdo?  Recordemos que el INEGI cuenta con más de 4 millones entidades productivas.
2. ¿En qué momento se acordó la incidencia en precios? No digo la eliminación del papel regulador del Estado.

Por cierto, debo señalar una vez más que esta crisis inflacionaria no es como la de los ochenta; es decir no es un fenómeno monetario, por lo que la indefinida alza de tasas por parte de Banco de México (Banxico) tampoco será la solución. Desde ahora me permito señalarlo. Lo que logrará es un encarecimiento del crédito y el refuerzo a la estanflación.

En fin, para este tamaño de soluciones nos alcanza nuestro bendito gobierno, ante nada más y nada menos la crisis inflacionaria más fuerte en los últimos veinte años.

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Javier Cobos Fernández

Economista por la UDLAP, Maestro en Administración Pública por la Universidad de Columbia en Nueva York, con estudios de Maestría en Derecho en el ITAM y en Transformación Digital en el MIT. Se ha desempeñado como director asociado en la calificadora Standard and Poor’s y consultor en Alta Dirección en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).