Cuando se le exige al gobierno, en tanto representante del Estado, que se proteja a los periodistas porque están siendo asesinados, lo que hacen los comunicadores es pedir a quienes gobiernan que cumplan con lo que la ley establece, en el sentido de que al Estado le corresponde proteger al gremio periodístico al ejercer la libertad de expresar en los medios en los que trabajan sus opiniones sin necesidad de ser amenazados con perder la vida. Es correcto, pero también es pertinente aclarar cuáles son los factores que determinan la violación de ese derecho.

El contexto en el que se lleva a cabo este reclamo es especial porque existe una regla de que cuando emerge un gobierno con claros tintes populares, como el de López Obrador que le ha dado un giro popular al ejercicio del gobierno, la protesta se incrementa en virtud de que las cadenas que anteriormente impedían la manifestación de esos problemas se debilitan y las fuerzas que en el pasado se contenían para expresarse ahora despuntan y tienen la oportunidad de que todo lo que hacen sea visible.

Las protestas que hemos observado en la “mañanera”, en el Congreso y en algunas entidades es precisamente el fenómeno al que nos estamos refiriendo. En el pasado este tipo de manifestaciones no existían y no se expresaban con tantas libertades, aunque por supuesto, que había protestas de los comunicadores. Aunque no se debe confundir las protestas contra la muerte de periodistas, con los reclamos sociales hacia un segmento de los comunicadores a quienes se les exige una conducta ética en el ejercicio de su profesión.

Debemos dejar claro que el derecho a la libertad de expresión es un derecho heredado de la conquista. La libertad de expresión entendida como un derecho liberal al interior de las democracias actuales ha experimentado modificaciones sustanciales. En tanto se trata de un derecho liberal, este se ejerce en el marco de una sociedad marcada por los contrastes sociales en donde ese derecho es un derecho individual y no social. En ese sentido, el derecho a la libertad de expresión lo ejercen quienes practican la comunicación vinculados a quienes ocupan la cúspide de la jerarquía social, las élites que controlan los medios.

Asimismo, la libertad de expresión tiene desde de la ciencia social y humana un antecedente, de acuerdo al filósofo Norberto Bobbio. En cuanto a la libertad de expresión, su ejercicio depende de la libertad de pensamiento, de la manera en que se desarrolle para que asuma formas de expresión y la defensa de ese derecho como libertad. Las personas que viven en una sociedad jerárquica y periférica como las nuestras tenemos poco tiempo para pensar, pues vivimos vendidos por medio del trabajo porque debemos sobrevivir y estamos sometidos a una cultura dominante de corte disciplinario que distorsiona el pensar.

No obstante, la libertad de expresión de las sociedades modernas, construida en términos constitucionales/individuales, se ha debilitado en virtud de la eliminación y socavamiento de las organizaciones sociales e institucionales gubernamentales y del mismo Estado, como ocurrió en el pasado durante el régimen neoliberal. En esa época, la institución fundamental (el Estado) se le asignó el rol de legitimador de los mecanismos de mercado, quedando en el triste papel de un ente dedicado a regular la mala distribución de la riqueza producida sociablemente.

El debilitamiento del Estado, la organización social y las instituciones del Estado encargadas de la defensa y protección de la libertad de expresión, se combinó con el surgimiento y consolidación de la violencia contra la sociedad, la aparición de organismos de la sociedad civil (OSC) vinculados a los gobiernos neoliberales y un empoderamiento de los medios de comunicación de masas electrónicos que legitimaron a los organismos electorales para fraguar fraudes en comicios, como manifestaciones de un tipo de violencia que sofocó la libertad de expresión.

En las sociedades de corte liberal, modernas del capitalismo central, han sido las empresas de la comunicación a las que se ha encomendado la responsabilidad de formar la opinión pública ciudadana. Pero estos medios masivos en las naciones periféricas actúan sin ética como ha ocurrido en México. Quien no recuerda la expresión de Emilio Azcárraga Milmo (apodado “el Tigre”) para quien los contenidos de televisión que ellos producían en la empresa Televisa tenía como fin entretener a los pobres.

En la radio y la televisión se despreció tanto la libertad expresión y la formación de una opinión pública crítica, que de hecho se ignoraba su existencia, lo que explica la tremenda actividad recreadora de una realidad ficticia con el periodista Carlos Loret de Mola, empleado de Televisa. Los 7 mil millones de pesos que se gastan las élites actualmente en desprestigiar al gobierno en México es la continuación de la actividad de las élites que perdieron el poder y vivían en el México de los montajes, un México construido a base de una violencia simbólica.

El que los medios más potentes se colocaran al servicio del poder generó que los periodistas, los que llevan a cabo una actividad menos visible, se convirtieran en objetivo de la violencia que viene padeciendo el país y que no se avanzara en la creación de mecanismos y leyes de protección del gremio. Lo social fue olvidado y la protección del comunicador también. Nadie protestaba como ahora porque los que hegemonizaron la pantalla no estaban interesados en ello. Cualquier periodista “de a pie”, ante el vacío, puede ser objeto de la violencia porque nadie se ocupó y menos las celebridades de los medios.

Lo nuevo es que con las “mañaneras”, el periodismo progresista y el que surgió en las redes se ha construido un contrapeso. De acuerdo a la experiencia latinoamericana, élites locales afectadas en sus intereses, medios electrónicos y los intereses extranjeros, por ejemplo, el interés por el litio, forman un frente común que no debe menospreciarse. Hacen de la libertad de expresión y de la muerte de periodistas el eje de sus preocupaciones cuando en realidad han sido sus prácticas las que han “encuerado” el noble ejercicio del periodismo y han colocado a merced de la violencia social y criminal a los comunicadores.