Ante las inconsistencias que presentó la detención del encargado de la Base de Operaciones de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Esperanza, el juez federal que conoció del caso determinó liberarlo tras calificar de ilegal la detención.

En esta ocasión la detención corrió a cargo de elementos del ejército mexicano, quienes según el parte oficial fueron los encargados de asegurar al servidor público luego de revisar la Base de Operaciones y el vehículo particular del directivo donde se encontraban ocultas 300 dosis de droga y un arma de fuego sin registro en la Licencia Oficial Colectiva (LOC) No. 038, todo sin que mediara mandamiento judicial alguno. La participación de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue simbólica, en virtud de que la SSP estatal carece de titular y solo sirvió para tomarse la foto.

Aunque la detención ilegal parece ser una novedad reciente en la PEP, la realidad es que no es la primera vez que sucede en Puebla y tampoco en la que aparece involucrado el ejército mexicano como primer respondiente; en todo caso es la primera vez que liberan al acusado de manera casi inmediata, como lo contempla el Nuevo Sistema de Justicia Penal cuando se viola el debido proceso. En esta ocasión se habla de que el mando detenido fue torturado para que se incriminara.

Ante tal liberación, la respuesta en las redes sociales no se hizo esperar y los internautas emitieron una serie de comentarios y juicios de valor, entre los que destacan los señalamientos de que el “chaleco” con el que detuvieron al mando policial no estuvo bien confeccionado y que esa sería la razón por la cual se le puso en libertad, además de que la corrupción que se prometió erradicar sigue vigente.

De igual manera destacaron los cuestionamientos sobre la legalidad con que han sido detenidos otros probables responsables durante los años recientes, en particular por parte del grupo de servidores públicos que recién salió de la SSP estatal y que había arribado procedente del estado de Chiapas.

En esta tesitura, un caso emblemático que ha sido motivo de controversia durante los últimos seis años es el referente a la detención de dos directivos de la PEP el 14 de julio de 2015 en Tepeaca acusados de robo de combustible y delincuencia organizada, cuando en su aseguramiento se presentó una situación similar y debió haber sido considerada una detención ilegal.

En aquella ocasión la detención fue realizada por elementos del ejército mexicano en coordinación con personal de seguridad física de PEMEX a las 22:15 horas y los detenidos fueron puestos a disposición hasta las 05.30 horas del siguiente día, es decir más de siete horas después de su aseguramiento, cuando que del lugar de los hechos a la Delegación de la PGR en San Pedro Cholula no requería más de una hora y media de traslado. Otra irregularidad que jamás salió a relucir durante el proceso es que la persona que realizó la detención fue el Teniente Coronel Padrón y terminó poniéndolo a disposición un Teniente cuyo nombre fue reservado por razones de sigilo de la indagatoria, pero que no fue suficiente para considerarla ilegal.

Tan irregular fue el proceso que no solamente cambiaron al responsable de haberlos detenido, sino del Ministerio Público que inició la Carpeta de Investigación y del Juez que conoció del caso hasta en tres ocasiones y al final el caso fue cambiado de entidad federativa, ya que terminaron siendo enjuiciados y sentenciados en Tlaxcala y no en Puebla. Además al final los elementos de seguridad física de PEMEX terminaron desistiendo de participar en la puesta a disposición ante tantas ilegalidades.

Si a eso no se llama ilegalidad, habría que buscarle otro nombre porque por menos de eso hoy el mando de PEP detenido en Esperanza está libre y en el caso de julio de 2015 los acusados siguen privados de la libertad pese a que solo les pudieron comprobar posesión simple de algunos bidones con hidrocarburo, no robo de combustible y tampoco delincuencia organizada como se dijo tantas veces con la intención de que se volviera verdad.

Otro caso similar al de Esperanza es el de la francesa Florance Cassez, cuando años después de su detención ésta fue catalogada como ilegal por el hecho de que el Ministerio Público no dio “vista” al Consulado de Francia en México y haberse difundido un supuesto “montaje” sobre su aseguramiento, el cual tras llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación su actual presidente concluyó que hubo un “efecto corruptor” de los medios de comunicación que terminó violando el “debido proceso”, ordenando su inmediata libertad.

Ojalá que las siguientes aprehensiones que realicen autoridades locales y federales en Puebla y en todo el país en casos tan emblemáticos como el del mando de la PEP estén apegadas a derecho, el país no resiste más detenciones ilegales y liberaciones inmediatas, el mensaje es negativo y en vez de avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad, se retrocede y deja una estela de dudas que a nadie conviene.