Juan Luis Hernández*

En democracias de baja intensidad como la nuestra, es muy difícil apreciar los beneficios sociales de la alternancia gubernamental. Lo que hemos aprendido los mexicanos es que las alternancias municipales, subnacionales o nacionales no han significado alternativas democráticas, de bienestar o de justicia. La corrupción y la impunidad, así como la desigualdad y la depredación ambiental se suceden sin cesar independientemente quién gobierne.

En el caso específico de la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, si hubiera ganado el PRI en 2018, la famosa verdad jurídica de Murillo Karam estaría incólume. Si el PAN hubiera ganado la presidencia de la república, Ayotzinapa ciertamente no estaría en su agenda de gobierno, esos temas no suelen interesarle a la derecha mexicana. Por ello, un caso excepcional de beneficio público que se obtuvo con la alternancia hacia la izquierda, ha sido reabrir la “verdad histórica” en torno probablemente a una de las investigaciones de estado más complejas, cómplices y de alto voltaje político.

Una de las preguntas que se hicieron desde 2014 es por qué un gobierno nacional priísta desvío la investigación de la desaparición de los normalistas, si el PRD era quien gobernaba tanto Iguala como Guerrero. Si en principio, los priístas no estaban implicados como autoridades locales de la desaparición de los jóvenes, por qué el gobierno federal gastó ingentes cantidades de dinero para pagar a medios de comunicación, periodistas y columnistas que todos los días durante al menos tres años se empeñaron en defender la “verdad histórica” y atacar con furia al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en su momento ya planteaba posiciones totalmente discordantes con la actuación de Murillo Karam y Tomás Zerón.

La respuesta parece estar en la implicación de importantes actores del estado mexicano que en connivencia con el crimen organizado están detrás de la desaparición de los normalistas ya sea para defender y sostener un negocio muy lucrativo de heroína conjugado con un odio de décadas tanto de efectivos militares, policías federales y locales hacia jóvenes marxistas que les plantaban cara y resistencia.

El periodista sueco Stig Larsson con su investigación de los servicios secretos de su país que desdobló en una novela que editaron en tres volúmenes (Los hombres que no amaban a las mujeres; La chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina; La reina en el palacio de las corrientes de aire) ya nos avisaba que era muy fácil que ciertos sectores del estado, particularmente aquéllos que se profesionalizan en las tareas de coerción, espionaje y represión, encontraran buenos negocios desde sus tareas, ilegales y muy lucrativos, lo que suponía asociarse esencialmente con el crimen globalizado y trasnacional. Larsson lo documentó con precisión en una de las democracias más estables y consolidadas del mundo occidental. ¿Qué podemos esperar que suceda con las fuerzas militares y policiales en un estado corrupto, cooptado y minado por el crimen organizado como el nuestro?

En su investigación periodística “La verdadera noche de Iguala: la historia que el gobierno trató de ocultar” de Anabel Hernández, publicada en 2017, se sostiene que la tortura se utilizó desde la PGR de manera sistemática para fabricar culpables, que en varias entidades del estado mexicano se tejió un plan para encubrir a los autores intelectuales y materiales de la desaparición de los normalistas; en la investigación aparecen cientos de voces a manera de testigos, algunos de los cuales afirmaron recibir jugosas ofertas de dinero para culparse y culpar a otros. En suma, Hernandez ofreció ya un primer acercamiento con amplia documentación sobre lo que pudo haber ocurrido y las hipótesis dirigidas a los perpetradores de esta masacre de estado.

Como hemos visto los últimos años, ante la falta de voluntad política, impericia, corrupción o pactos de silencio de los aparatos de procurar justicia, ha surgido un periodismo de investigación que ha cubierto los déficits de verdad y justicia con impresionantes ejercicios de documentación de cómo funciona evadir y desviar miles de millones de pesos del erario público o, como el texto de Hernandez, arrojar luz del complejo entramado gubernamental que construyó una verdad jurídica para que no hubiera justicia en Ayotzinapa.

La última semana hemos visto, en este caso, los beneficios de la alternancia. La Fiscalía General de la República ordenó cerca de 50 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de Guerrero, una orden de captura internacional para Tomás Zerón, el diseñador de la “verdad histórica”, prófugo, y fuimos testigos de cómo pueden llegar dos o tres millones de pesos a un secretario de juzgado para dejar libre a una de las piezas claves en la desaparición de los normalistas, comprobando lo que hemos dicho en este espacio sobre aquéllos segmentos colaboracionistas del poder judicial con los intereses del crimen organizado, propósito que pudo evitarse gracias a los propios recursos de inteligencia y seguimiento presidencial del caso.

También hemos asistido a la identificación de Christian Alfonso Rodríguez, normalista desaparecido, cuyos restos se encontraron a casi un kilómetro del basurero de Cocula, echando aún más por tierra las versiones de Karam, Zerón y camarilla.

La pregunta clave es saber hasta dónde está dispuesto a llegar el nuevo gobierno. Por la parte política es ampliamente probable que la investigación del encubrimiento llegue hasta Peña Nieto, y por la parte operativa alcanza a ciertos elementos del ejército, la policía federal (en proceso de extinción) y las ya muy comentadas policías locales, pero sobre todo, está por saberse aún más el papel que jugó el 27 batallón de infantería de las fuerzas armadas asentado en Guerrero.

No parece fácil deshacer el pacto de silencio que sostienen unos y otros, criminales fuera del estado y criminales que actuaron desde el estado. Pero por lo pronto, la alternancia al bipartidismo oligárquico, ofrece en este caso particular visos de avanzar hacia una justicia restaurativa hacia los padres de los desaparecidos, acaso como un pequeño paso para que un poco de justicia anide en nuestro injusto país.

• Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.