La gran oleada de migrantes centroamericanos en su paso por México durante los últimos meses ha tenido como objetivo en la mayoría de los casos ingresar a Estados Unidos. La gente huye de la pobreza, de la inseguridad en gran parte ocasionada por “Los Maras” y por la ingobernabilidad e ineficacia de sus respectivos gobernantes.

El derecho internacional tiene dentro de sus principios la calidad de “asilado” como parte del compromiso con los derechos humanos, dictada específicamente en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos (1948) ahí se exige que los países acepten dentro de una calidad migratoria especial a aquellas personas que huyen de sus países por motivos políticos, sexuales, religiosos, de manera general situaciones de persecución.

Muchos de los migrantes centroamericanos son perseguidos por las situaciones antes mencionadas, es por eso que se ven obligados a huir de sus países y solicitar esta categoría migratoria tanto en México o en Estados Unidos.

En el caso de EE.UU gobierno de Donald Trump ha sido famoso por implementar políticas migratorias endurecidas, y en el caso de los asilados no ha sido la excepción, en abril el presidente de este país firmó un Memorándum en donde se les exige una cuota monetaria a quienes solicitan la categoría de asilado y medidas burocráticas exageradas para frenarles la entrada, pues según él “la crisis de asilo” ha sido plagada de “abusos desenfrenados” (USA today, 2019). “Permitir la entrada de los migrantes sería violatorio para la seguridad nacional y para la soberanía” aseveró Trump.

Es así que se justifica que la mayoría de los solicitantes sean rechazados al pedir asilo en las entradas de EE.UU. La única posibilidad que les queda a los migrantes es entrar por la vía ilegal y esto es un cargo criminal que en algunos casos amerita cárcel. Si las detenciones son en familia ya no implican separación de padres e hijos (gracias a la orden de un juez se detuvo la política de “Tolerancia cero” de la que escrito en artículos anteriores) sin embargo, las familias son concentradas en “centros de detención,” lo cual también es violatorio de sus derechos humanos. Recientemente la congresista demócrata: Alexandra Ocasio-Cortéz calificó estos centros como “campos de concentración” según las declaraciones de Ocasio-Cortéz en estos lugares han muerto por lo menos 24 personas incluidos 6 niños y calificó esta situación como una crisis de derechos humanos además de llamar a esta política como “fascista” (Actualidad RT, 2019).

Aunque el gobierno mexicano aún no dice abiertamente que México es “un tercer país seguro” el hecho que los solicitantes de asilo de EE.UU esperen en nuestro territorio y que los países firmantes así lo hayan acordado: es un hecho que está dentro de esta calidad diplomática. Esto ocasiona que con mayor justificación, EE.UU rechace a los solicitantes ya que, en teoría, estarían dentro un territorio (México) que les garantiza seguridad.

Aquí no hay certeza sobre su destino pues no tienen dinero, ni posibilidades económicas para comer, rentar un hotel o para su transporte; su seguridad también está en riesgo pues en las ciudades fronterizas existe un nivel alto de inseguridad. Los refugios en nuestro país no se dan abasto por la cantidad de gente que ha llegado en los últimos meses.

Por lo antes mencionado: el que México esté en la categoría “tercer país seguro” le da abiertamente la posibilidad a Estados Unidos que siga rechazando asilados. Viene un panorama complicado para nuestro país. Pero igual lo estaría si México tuviera poco control sobre la entrada de los centroamericanos y si se hubiera aplicado una cuota arancelaría tal como amenazó Trump. El control migratorio es favorecedor también para nuestra propia seguridad nacional. Ahora, el gobierno tendrá que planificar bien respecto al tema de los solicitantes de asilo de EE.UU y de nuestro país, además de tener un plan bien estructurado específicamente para esta nueva población.