“Las políticas públicas no son  un acto reflejo; son un proceso intencional mediante el cual las autoridades públicas, con eventual participación de los particulares, definen una situación como problemática que debe ser intervenida, establecen ciertos objetivos y seleccionan e implementan determinados instrumentos para alcanzarlos”. 

Helen Ingram y Anne Scheneider

El estado laico debe ejercer sus obligaciones con respecto a la salud pública de sus habitantes. La elaboración y presentación de proyectos de ley que serán sometidos al debate parlamentario es un servicio a la comunidad política. El papel que juegan las políticas públicas dentro de una sociedad es el de legitimar al Estado; son apuestas socio-políticas para resolver problemas públicos concretos definidos por la misma sociedad, por eso, la política pública juega un rol fundamental en la construcción de la realidad social.

Quienes ubiquen a la salud como prioridad en la agenda política, contarán con una herramienta poderosa para alcanzar la equidad social, sobre todo, si tenemos en cuenta que el índice de mortalidad es mayor en la población de bajos recursos. Y esto nos remite directamente a uno de los debates más trascendentes de nuestro tiempo: la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Pensar al aborto desde la postura “religiosos Vs ateos” es vano. La ciudadanía reclama que se legisle sobre una problemática concreta: cómo, en qué términos, de qué modo, con qué cuidados… debe ejecutarse un acto que ya existe, que se practica desde tiempos inmemoriales, que se lleva a cabo cotidianamente de manera clandestina transformando a un paciente en una víctima. 

Los representantes del pueblo en las respectivas cámaras de los diferentes países donde se debate acerca del aborto deben tomar decisiones que propicien el avance de leyes de protección de la salud de sus habitantes, en este caso de las mujeres. La salud es política y, como tal, depende de la acción política; es en este sentido que el poder, la ideología y lo político influyen sobre la salud de las personas.

Foto Agencia Enfoque

Las organizaciones civiles fueron y siguen siendo las que investigan y aportan datos confiables acerca de las consecuencias del aborto clandestino. Las estadísticas resultantes de esas investigaciones deberían ser argumento suficiente para respaldar enfáticamente la aprobación de una ley creada para evitar muertes más que para castigar la desobediencia de un mandato; está más que claro que la despenalización del aborto es una necesidad que surge de diferentes estudios realizados desde las ciencias de la salud así como de las ciencias sociales.

Los derechos humanos configuran un marco apropiado para las actividades de salud pública. Es necesario reafirmar el enfoque de derechos humanos y así encontrar las vías de acción para la salud pública; es imprescindible despejar el escenario para el ejercicio de las prácticas públicas en salud.

La ecuación es simple: si desarrollamos políticas públicas que trabajen la educación sexual en todos los niveles de la sociedad, se generaría un mayor disfrute de la sexualidad (esto significa, con responsabilidad y sobre todo, con libertad),  una correcta y consciente utilización de medios anticonceptivos y, por ende, disminuirían las probabilidades de prácticas abortivas. En definitiva, el surgimiento del debate público y las masivas movilizaciones en torno a la legalización del aborto se presenta como una clara necesidad de lograr el tan esperado y deseado cambio del papel social de las mujeres.

Quizás si levantamos la bandera de la salud pública como bien público global y generamos las políticas públicas sostenidas por pilares basados en los derechos humanos estaríamos dando un paso hacia adelante en todo sentido. Es necesario que el aborto clandestino desaparezca y que las políticas públicas estatales garanticen la accesibilidad de las personas a los servicios de salud. Para lograrlo son necesarias la construcción ciudadana y la participación política. Es necesario que se piensen y lleven a cabo políticas públicas que sirvan para transformar la vida de la gente y de las mayorías sociales.

Por eso, si empezamos a entender las políticas públicas como la materialización de la acción del Estado, como la visualización de ese vínculo entre gobierno y ciudadanía, estaremos construyendo un cuerpo social más fuerte, actualizado y democrático.

(*) Master en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica, George Washington University; miembro de la Red de Politólogas -mujeres dedicadas a la Ciencia Política Latinoamericanista- y del National Association of Hispanic Journalists (EEUU).  Síguela en Twitter: @lmarcelinaromer