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Siempre he procurado hacer cuanto ha estado en mi mano para defender y sostener nuestras instituciones. He demostrado en mi vida pública que sirvo lealmente a mi patria y que amo la libertad. Ha sido mi único fin proponeros lo que creo mejor para vuestros más caros intereses, que son afianzar la paz en el porvenir y consolidar nuestras instituciones.

-Benito Pablo Juárez García-

En mis anteriores entregas, he venido reseñando mi postura sobre la magnífica oportunidad que tenemos en Puebla para, aprovechando la inercia del cambio de régimen a nivel nacional y la inminencia de su versión local, podamos ponernos de acuerdo, pacífica y generosamente, Estado, Mercado y Sociedad Civil para dejar atrás el encono, la desconfianza y el resentimiento que hoy día campea en las relaciones entre personas, familias, comunidades y regiones de nuestro estado.

Éste es el mejor momento para que imaginemos, proveamos y construyamos las condiciones para pacificar nuestro estado y reconciliarnos como sociedad: para celebrar un nuevo contrato social. Es oportuno recordar, ahora, aquella convocatoria que nos obsequiara alguna vez el Gobernador Alfredo Toxqui: cancelemos odios y rencores.

La semana pasada, que se conmemoraron 213 años del nacimiento de Benito Juárez, diversos actores políticos de todas las ubicaciones -ya formales, ya reales- del espectro político, expresaron su visión sobre lo que el legado del Benemérito de las Américas significa en la actualidad y -los menos- respecto de lo que podría representar para las generaciones venideras.

En la primera parte de la presente colaboración, reiteraba la noción que afirma que, los contratos sociales, deben dejar de renovarse a través de una sucesión de conflictos bélicos que aneguen la tierra de sangre y sea la voz de los vencedores la única que prevalezca en su formalización.

Para el caso de Juárez, recordaba, la frase del respeto al derecho ajeno es parte de un manifiesto triunfal a su regreso a la Ciudad de México que, si bien no resultaba expresión de un nuevo contrato social y su expedición ocurrió 10 años después de la Constitución entonces vigente (la de 1857), sí fue precedida de la eliminación de un adversario: el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.

En este orden de ideas, merece la pena rescatar el siguiente fragmento del manifiesto: Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las comunidades de la guerra, cooperaremos en el bienestar y la prosperidad de la nación que sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo.

Así las cosas, considero pertinente plantear una pregunta problematizadora: ¿Qué elementos, del pensamiento de Juárez aquí recuperados, son aplicables para obtener un nuevo contrato social digno y edificante, a partir del momento histórico que vive Puebla -con un entramado institucional y legal erosionado, una cohesión colectiva lastimada y una narrativa de divisionismo y polarización social- ?

A riesgo de incurrir en alguna omisión, sostengo que la respuesta pasa por hacer de los principios de la democracia liberal, a saber: libertad individual, justicia, igualdad, legalidad, institucionalidad, paz y bien común, piso mínimo común para sentarnos a negociar, así como piedras angulares vigentes -y vivientes- del nuevo arreglo resultante.

Concluyo: el respeto (activo, el que aprecia lo diverso) al derecho ajeno atravesará nuestro nuevo contrato social.