Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ofrecieron un edificante espectáculo en cadena televisiva nacional y su actuación confirma la presencia de un poderoso movimiento político opositor a la llamada Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la encrucijada política para el futuro próximo del país, los mexicanos recibimos un aleccionador curso a distancia sobre las mejores técnicas jurídicas para mantener engrasado el patrimonial estado de excepción mexicano.

La voluntad general, la voluntad de las mayorías, la soberanía popular, la igualdad, la justicia y la libertad de conciencia fueron conceptos ajenos al discurso de la mayoría de los magistrados –demasiado abstractos, supongo-, en su lugar escuchamos legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad; es decir, la anacrónica y pomposa concepción del derecho que trata inútilmente de alcanzar el status de ciencia.

El proyecto que presentó el magistrado José Luis Vargas Valdez circuló en las redes días antes de la sesión del Tribunal Superior. Desde su perspectiva las pruebas acreditadas por la Coalición Juntos Haremos Historia y Luis Miguel Barbosa, excandidato a la gubernatura, son suficientes para anular la elección. Aunque el Instituto Estatal Electoral de Puebla se resistió a entregar todos los videos de  lo que ocurrió durante los 53 días que permaneció la voluntad popular de los poblanos a merced de los funcionarios locales, en una nave industrial, entre máquinas y cachivaches, del Instituto Estatal Electoral, los pocos videos, correspondientes a 12 días, que se vio obligado a entregar al Tribunal del Poder Judicial de la Federación, son evidentes hasta para el sentido común.

Quedó acreditado, argumenta el juzgador Vargas Valdez, que en la muestra de videos que pudo revisar -que son apenas el 22 por ciento del lapso en  que la paquetería electoral estuvo en poder de la autoridad del IEE-, por lo menos cincuenta veces entraron y salieron trabajadores y autoridades electorales con cajas y mochilas que contenían la voluntad popular. De todas maneras, apunta el autor del proyecto, es imposible construir una evidencia contundente, como exigen los magistrados que se opusieron a la anulación de la elección, si las autoridades del IEE no permitieron ver los otros 41 días de videos.

Las autoridades electorales de Puebla impidieron que Vargas Valdez, es metáfora de él, realizara la autopsia del proceso electoral de Puebla, por lo que la anulación de la elección fue propuesta por violación a los principios constitucionales y en particular al principio de certeza electoral: “Pues esta elección huele mal, antes, durante y después de la elección”.

José Luis Vargas defendió con pasión la ponencia en el sentido de que la afectación a la cadena de custodia de la voluntad popular exhibida en los videos arroja el velo de la duda sobre el principio de certeza electoral, por lo que el resultado del recuento total de la votación, ordenado y ejecutado por el propio tribunal electoral federal es incierto, porque la bodega donde estaban resguardadas las boletas electorales tenía varias puertas y no estaban cerradas, por lo que el resultado pudo ser alterado desde Puebla: “pues es altamente probable que los paquetes hayan sido manipulados” por lo que no es posible tener certeza sobre “la integridad de la voluntad popular contenida en las urnas.” Por lo que procede una nueva elección para gobernador en el estado de Puebla.

Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González, Felipe de la Mata Pizaña y la presidente de la sala superior, Annine Madeleine Otálora Malassis, se opusieron a la anulación de la elección con los argumentos de que la violencia, robo de urnas e irregularidades múltiples no fueron de tal manera graves y generalizadas como para anular la elección, pues sólo ocurrieron agravios en menos del uno por ciento de las urnas instaladas en la entidad.  

Reyes Mondragón sostuvo, por ejemplo, que “No es suficiente prueba los videos y demás documentación que se exhibió para concluir la violación a la cadena de custodia. No se probó que la violencia fuera generalizada durante la jornada electoral y el método empírico no fue el correcto para demostrar el beneficio de los resultados”.

Siguiendo al magistrado Mondragón me pregunto, entonces, ¿cómo se podría probar, de manera contundente, la existencia de un escenario en el que la violencia generalizada se apodera de la jornada electoral?, ¿sería necesario pensar en una guerra civil en el territorio local para acreditar la necesaria anulación de la elección…?  

Porque la evidente violación a la cadena de custodia de la paquetería electoral, con entradas y salidas de sujetos cargando las cajas de las boletas electorales, a discreción, no representaron nada para él, ni siquiera la sospecha de la manipulación lo asaltó por un instante. Y jamás se refirió a la anulación de la elección por violación a los principios constitucionales, pues su discurso valoró más el hecho de que  “…el método empírico no fue el correcto para demostrar el beneficio de los resultados”.       

Lo que observamos en los discursos de cuatro de los magistrados del  TEPJF que validaron el proceso electoral es el retrato del derecho jugando a ser ciencia objetiva y exacta, nada más ofensivo para la dignidad hermenéutica y filosófica del derecho.

En sentido contrario, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso interpretó como un acto de justicia abierta la manera en que el magistrado Vargas Valdez elaboró, publicó y abordó su proyecto de anulación de la elección, pues lo hizo aprovechando al máximo la autonomía e independencia de juicio que, por lo menos en teoría, deben tener los representantes del poder judicial. Es decir, el proyecto se inscribe en una cultura de la transparencia y al margen de los conciliábulos y alianzas entre magistrados y representantes del poder político de México.

Y recordó que “…la certeza electoral, piedra angular de la legitimidad de las votaciones, hoy está puesta en duda” para sentenciar finalmente algo fundamental en la construcción de la democracia y es que las elecciones libres y justas garantizan la paz social.

EL TEPJF, en consonancia con su perfil patrimonial, avaló el triunfo de Martha Erika Alonso como gobernadora de Puebla, quien es la esposa del ex-gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. La extensión de mi yo en la voluntad del otro legalmente sancionado. Con esa voluntad enérgica de conservación del antiguo régimen el tribunal electoral no solo

legitimó legalmente una elección de Estado orquestada sino que revivió el sagrado derecho de los reyes a heredar familiarmente los cargos públicos.

En los hechos, de lo que fuimos testigos, fue del puntual funcionamiento de un sistema del poder judicial de dominación patrimonial patriarcal que forma parte, desde hace tiempo, de la unión orgánica, familiar, del poder económico, el poder político (partidos del Pacto por México) y el poder televisivo –todos ellos representantes de los intereses del nuevo poder soberano global.

Más aún, posiblemente lo que vimos el sábado sea la presentación en sociedad del partido del poder judicial, organización política contraria las pretensiones de ascetismo y austeridad presupuestaria del nuevo titular del Ejecutivo, pues están suficientemente documentadas las excesivas remuneraciones de los magistrados y jueces mexicanos que, muchas veces, incluyen a familiares cercanos, se encuentran muy por encima de sus pares de naciones como el Reino Unido (468 mil pesos mensuales) Estados Unidos (422 mil pesos) y Francia (245 mil pesos), pues los magistrados mexicanos reciben hasta 600 mil pesos mensuales que lucharán por mantener intactos, incluso convirtiéndose en juez y parte, pues se sabe que asesoran jurídicamente a los partidos políticos del Pacto por México para la elaboración de la defensa de los altos salarios de los funcionarios públicos.

Tengo para mí que el estado de excepción del antiguo régimen, cuyo instrumento legitimador es el sistema judicial, dio un coletazo mortal a la voluntad general de los poblanos, eso es dolorosamente cierto, pero el golpe nos anuncia más que eso, nos advierte que el monstruo está herido, que los señores Grandes de México mandan con su acción un desafiante mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador: los privilegios patrimoniales adquiridos, la confusión de lo público y lo privado, son intocables.

Los magistrados y jueces del poder judicial, de la mano con los partidos políticos del Pacto por México, algunos empresarios y los medios de comunicación de siempre, fijaron, con la validación del fraude electoral en Puebla, la dimensión moral de las fuerzas a las que se enfrentará el proyecto social de la Cuarta Transformación que insiste neciamente en repetir que, por el bien de México… ¡Primero los pobres!