Dicen que de la muerte y de los impuestos nadie se salva. Sin embargo, en México la segunda parte de esa frase a veces no se cumple. La prueba de ello es un pequeño y selecto grupo de empresarios PRIvilegiados que, con la mano en la cintura, anualmente deja de pagar miles de millones de pesos en impuestos al gobierno federal con la venia de este último, sin que el proceso de condonación o cancelación respectivo sea transparente y equitativo.

El centro de análisis e investigación Fundar en 2016 abrió esta caja de pandora con el estudio “Privilegios Fiscales, beneficios inexplicables para unos cuantos”, en el que se documentó que en lo relativo a la cancelación de créditos fiscales, en un año “15 empresas dejaron de pagar deudas por más de 15 mil millones de pesos, un monto equivalente a lo que el Gobierno de la República destina a becas en todos los niveles educativos”.

“Las distintas modalidades de condonación de créditos fiscales no se acompañan de medidas normativas para garantizar que los contribuyentes no sean beneficiados en repetidas ocasiones y de manera injustificada. El perdón de créditos debe percibirse como un evento único, extraordinario y de difícil acceso, ya que su repetición periódica y a favor de los sectores económicos con capacidad contributiva puede incentivar a que los contribuyentes prefieran eludir sus obligaciones bajo la expectativa de que algún día sus adeudos serán perdonados”, refiere Fundar.

El otro gran rubro de opacidad fiscal está en la condonación de impuestos, que se otorga sin dar explicaciones públicas y además de generar suspicacias, es fuente de inequidad. Además, al dejar de tener esos ingresos, el gobierno federal renuncia de manera intencional a destinar más dinero al combate a la pobreza o a darle seguridad, educación y salud a más mexicanos.

Al abordar este tema en el seno del el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el comisionado Joel Salas recordó que “las decisiones del SAT beneficiaron principalmente a un grupo reducido de la población (…) el monto de impuestos que 36 empresas no pagaron en 2013 por una condonación fue igual al presupuesto de la Secretaría de Gobernación para 2015”.

Lo anterior fue dicho porque el INAI le ha ordenado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer a conocer el nombre de las empresas y los montos condonados por pago de impuestos durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, solicitud que en tiempo electoral resulta un dardo envenenado para el aspirante priísta José Antonio Meade, que en su paso por Hacienda fue parte de este terrible entramado.

La decisión del órgano garante derivó de la solicitud de información 0610100053418 dirigida al SAT, en la que un particular pidió la información detallada de las empresas a las que se condonó el pago de impuestos durante en este agonizante sexenio, además del nombre y los montos de las beneficiarias con más condonaciones en los últimos seis años.

La negativa inicial del SAT a dar la información se basó en el secreto fiscal, pero el INAI optó por privilegiar la apertura y ahora por la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, Hacienda se verá obligada a hacer pública esa información.

Independientemente de los nombres y montos que resulten de abrir esa información, vale la pena que el próximo presidente y los legisladores federales tomen en cuenta tres recomendaciones de Fundar para que estos casos ya no se repitan:

• Política de cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales más transparente.
• Mayor rendición de cuentas en relación a los esfuerzos por recuperar los créditos fiscales.
• Una agenda legislativa que permita atacar de raíz los privilegios fiscales injustificados.

Twitter: @JorgeMachucaL