El periódico The New York Times (NYT) destapó el espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas anticorrupción y opositores políticos. En el centro de las acusaciones está el Gobierno federal, porque el programa Pegasus, con el cual se realizó el espionaje, sólo es vendido a gobiernos e instituciones, en el caso de México, a la Procuraduría General de la República (PGR), al  Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).  Aquí surge una pregunta: ¿sólo el Gobierno federal espía? La respuesta la dio el propio NYT en un extenso reportaje aparecido el 12 de enero de 2017.

¿Qué hizo Moreno Valle en su administración: inteligencia o espionaje? Veamos, la inteligencia es una función que realiza el Estado para la seguridad nacional, para la protección de la vida de los ciudadanos y para la investigación de delitos graves como secuestros, narcotráfico, trata de personas, homicidios; el espionaje es la acción ilegal de hurgar en las vidas de otras personas, de los adversarios políticos o de los competidores comerciales con el fin de obtener ventajas o beneficios.

La inteligencia está normada en leyes, reglamentos y protocolos, existen autoridades responsables. Tanto es así, que en la Ley Seguridad Nacional se define a ésta como  “el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de Seguridad Nacional”.

El espionaje está sujeto a la obsesión de quien lo practica y a su disposición de recursos económicos, materiales y humanos. El espionaje es un delito. El Código Penal Federal establece una pena que puede ir de los 6 a los 12 años.

¿Qué hizo Moreno Valle: inteligencia o espionaje? De acuerdo al reportaje del NYT, el gobierno de Puebla adquirió a la empresa Hacking Team el programa denominado Remote Control System (RCS), un programa de espionaje que esta empresa también vendió a algunos de los gobiernos más represores del mundo, como Etiopía, Bahréin, Marruecos, Egipto y Arabia Saudita. Se supone que este programa sólo se vende para gobiernos que actúan dentro de la ley. En el caso del Puebla y otros clientes latinoamericanos, de acuerdo con el reportaje, parece que el personal ignoró las advertencias en las que se insinuaba que RCS se estaba utilizando para recolectar información de los opositores políticos.

Ex funcionario del gobierno de Moreno Valle, citado por el diario estadunidense, señaló que cada año más de un millón de dólares se desviaban del presupuesto estatal para financiar la unidad de espionaje político. Documentos del archivo de Hacked Team indican que recibió un pedido del gobierno de Puebla por 415 mil euros en 2013 y que esta empresa reservó habitaciones de hotel para sus asociados que viajaron a Puebla en mayo de ese mismo año.

Al espionaje siguieron las amenazas y las intimidaciones de las cuales dieron cuentas varios organizaciones civiles, opositores políticos e, incluso, integrantes del propio partido del ex gobernador como, Violeta Lagunes.

Moreno Valle espió y quizá todavía lo haga como parte de su estrategia para ser candidato de su partido a la Presidencia de la República. La exuberante campaña de promoción de su libro, las formas ilegales de promoverlo y su obsesión de control, lo llevan a violar las leyes. Es  un contumaz transgresor de la ley.