C. Antonio Gali Fayad

Gobernador  Constitucional del Estado de Puebla

Presente

Posiblemente usted tenga razón  al referirse a la exagerada percepción sobre la violencia en Puebla frente a su realidad empírica y objetiva, como declaró al inaugurar el Congreso Internacional de Seguridad Pública y Política Criminal : “en Puebla existe la percepción de una inseguridad que no existe”; tampoco dudo que “hay gente malintencionada que sube a las redes sociales fotografías de delitos que se cometieron hace tres o cuatro años” ( el subrayado es mío), y que dicha campaña intente manchar su gobierno, como ya lo hizo con el asesinato de Meztli Sarabia y el más reciente caso de Huehuetlan. Pero estar por abajo de la media nacional, como también lo afirmó, no hace justicia ni consuela a los cientos de ciudadanos que a diario sufren alguna forma de violencia, sin contar, claro, con  esa otra que padecimos en Puebla  durante el gobierno de Rafael Moreno Valle:  autoritarismo,  persecución a la disidencia,  impunidad, un exagerado costo de la obra pública, el derroche en la imagen personal; un Congreso a modo, el vertiginoso crecimiento del Huachicol y de los feminicidios, etc. , y cuyos efectos parecen permear, todavía,  parte de nuestra vida pública.

Sin embargo, piense usted que el problema de la inseguridad en Puebla no puede reducirse a cifras ni cuadros comparativos porque se trata, ante todo, de una experiencia que sufren hombres y mujeres de carne y hueso; se trata de vidas concretas --no de daños colaterales, ni de números- que de una u otra forma han sido dañadas en su patrimonio. Repito: se trata de hombres y mujeres singulares, con una historia, un universo afectivo y con un proyecto de vida que de alguna forma ha sido cortado sin su consentimiento. Reconocerlo así, sería el primer paso para retribuirles algo de lo que han perdido, devolverles su lugar entre los hombres. Visibilizarlos, porque el primer acto de justicia consiste en reconocer a cada una de las víctimas del delito.

Sin darse cuenta, usted extrapola la actitud de muchos economistas que ofrecen halagadores datos sobre el desarrollo, sin evaluar su impacto en el “bienestar subjetivo” de la población. Así, la violencia e inseguridad no sólo deben ser valorados por datos objetivos sino, también y fundamentalmente,  por los efectos del  malestar subjetivo que genera en la sociedad. Nuestro malestar en la cultura.

Su declaración,  gobernador,  revela a la vez su insensibilidad ante el dolor de los que han sufrido un delito, como la fractura  entre la clase política y el resto de la sociedad; fractura,  que ha llevado al más alto índice de desconfianza en esa clase política y en las instituciones públicas.  Y con razón, porque la confianza en un Estado descansa en la capacidad de éste para disminuir el caos que afecta a una sociedad --violencia, corrupción, pobreza, etc.-  y no exclusivamente en una dimensión psicológica de los individuos. Por tanto, la percepción de la violencia e inseguridad obedece más a una razonable falta de confianza en el  Estado que a un asunto de hipersensibilidad individual o colectiva.

Es obvio, el problema de la inseguridad en Puebla no se gesta en este gobierno ni en el anterior, pero debe usted reconocer que durante el sexenio de Rafael Moreno Valle la delincuencia alcanzó cifras alarmantes y se liga a un ejercicio personal del poder. De acuerdo al politólogo José Alejandro Guillén Reyes y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, desde 2010 hasta el 2016, el robo con violencia creció un 38.8 %; igualmente, el robo con violencia a casa habitación aumentó en un 20.1%; a negocio, 33.2%; de vehículos, 226.5 %. De acuerdo a otras fuentes, sólo en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla se cometen diariamente entre 15 y 25 atracos. Hoy por hoy, Puebla ocupa el lugar número 9  en homicidios de los dos mil y tantos municipios del país. Sólo en el primer semestre del año se han registrado 57 feminicidios en la Entidad, a los que debemos sumar 375 perpetrados  de 2005 a 2012, con la particularidad de que el 25% de esos crímenes se llevó a cabo durante el primer año de gobierno de Rafael Valle. Según Ernesto Aroche Aguilar, de Lado B, en un comparativo entre el primer año de gobierno de Mario Marín y el de Rafael Moreno Valle se observó un aumento del 172% al pasar de 29 a 79 asesinatos de mujeres.

Demos por descontado el cierre de 150 ministerios públicos en el Estado para desalentar la denuncia. Demos por descontado el asunto del Huachicol y ahora el de los Cuijes. Demos por descontada la probable red de complicidades en torno  al caso del hijo del director del C5. Demos por descontado que 14 de los principales capos del crimen organizado hayan sido capturados aquí. Demos por descontado que el Estado de Puebla ocupa el tercer lugar nacional en trabajo infantil, y que de los 208, 450 niños incorporados a tareas laborales, 90 % de esos niños se dedica a labores ilegales o clandestinas y un 53% a tareas peligrosas. ¿Contemplará la cifra a los “Halconcitos”?  Demos por descontado el asesinato  de un niño y nueve mutilados en Chalchihuapan. Demos por descontado los más de 200 presos políticos en el Estado. Demos por descontado que sólo en el primer cuatrimestre de este año el secuestro en Puebla registró un incremento del 12 % respecto al año anterior, y que de 2012 a la fecha se suman 201 reportes sobre el mismo delito. Aun así, gobernador, ¿le parece consolador mantenernos bajo la media nacional en materia de violencia e inseguridad?

La violencia e inseguridad obedecen a múltiples factores tanto económicos como sociales, geográficos y culturales; es obvio que no podemos sustraer a Puebla de las condiciones generales del país e, incluso, del mundo. La violencia se ha extendido por todo el orbe, producto, en parte, de un nuevo giro del capitalismo global al que sólo podemos calificar de depredador y monstruoso; muchos de los fenómenos de los que hoy somos testigos, más que una excepción, parecen condensar la lógica de ese capitalismo y su correlato en la Crisis del Estado Contemporáneo; crisis que, en el caso del Estado Mexicano, se expresa primeramente en la incapacidad del mismo para  mantener el monopolio legítimo de la violencia.

La tarea de perseguir el crimen organizado es, en gran medida, responsabilidad del Gobierno Federal, pero eso no lo exime a usted de la tarea que como mandatario, ha jurado cumplir: defender el Estado de Derecho y mantener la paz social en el estricto marco de la ley.

Ahora tiene usted el doble compromiso  de recomponer, en la medida de sus posibilidades, la grave situación por la que atraviesa Puebla y señalar hasta el último responsable de la misma, de lo contrario, todo gesto y declaración quedará como una más de las tantas simulaciones que privan en nuestra vida política; de lo contrario, usted se convertirá en parte y cómplice de uno de los peores gobiernos que ha tenido Puebla a lo largo de su historia. Un gobierno que no sólo dañó el patrimonio del Estado,  sino, también, las más elementales estructuras de su enclenque vida democrática. Un gobierno que, como pocos ha ejemplificado la sobrevivencia del Patrimonialismo en nuestra vida política.

Desde luego, gobernador, no pretendo hacerlo responsable jurídico de la serie de atropellos, abusos y omisiones que se cometieron en el sexenio pasado, al menos hasta que se investigue quiénes participaron y avalaron el alto costo de la obra pública, como ya lo señaló la ASF. Pero de no marcar un claro deslinde del gobierno anterior y cortar con los hilos que se perpetúan en el actual,  a través de funcionarios ineficientes y camaleónicos, usted continuará siendo responsable moral de grado  de la situación que priva en  Puebla en varios órdenes, particularmente en los referentes a la inseguridad e impartición de justicia.

Por último, la resolución de cualquier problema público implica el diseño de varias políticas coordinadas y no sólo el de una de ellas. Quiero pensar que algo tan  obvio suele  pasársele  por alto a nuestros funcionarios públicos y no que se trata de una conducta premeditada. Al mismo tiempo, el diseño de esas políticas tiene que estar sujeto a una  permanente revisión y, en su caso, reorientación o cambio.  El mayor fracaso de la lucha contra el crimen organizado en México estriba en que su aparente solución se reduce a la mera persecución policial, dejando intocada, por ejemplo, la estructura económica sobre la que se asienta. Al respecto, sería importante que usted y su gobierno investigara y diera a conocer el destino total de las ganancias obtenidas por la extracción ilegal de hidrocarburos en la Identidad, la red completa de funcionarios y empresarios  poblanos implicados en el asunto. La crítica y autocrítica no le harán  daño, gobernador Gali, y sí en cambio la autocomplacencia.

                                                                  En  Puebla, a 12 de julio de 2017

                                                                                   Juan Carlos Canales