Cuando se insiste en gobernar conservando a las instituciones propias del estado correspondiente a un sistema político, caracterizado por un  régimen con partido político dominante, casi único, pareciera que se intenta no cambiar; más bien, se pretende relevar al partido que correspondió con ese régimen, ver las cosas así, correspondería con lo que parece pensaron los iniciadores de la alternancia en México. Tomaron los periodos de gobiernos, de la reciente alternancia en México, como un intento de relevarlo sin realizar los cambios prometidos, sería el caso de los doce años de gobiernos Panistas; y en el caso del actual gobierno, presidido por el Presidente Enrique Peña Nieto se perfila, por momentos, en una pretendida restauración del sistema de partidos con partido dominante, casi único, sin pluralidad, sin alternancia y con un alto grado de autoritarismo.

 Para avanzar en otro rumbo se requiere  lograr un avance democrático, es decir, resolver la contradicción que se da con el sistema de partidos que los mexicanos hemos construido: plural, incluyente, democrático, con alternancia y con una normatividad muy desarrollada en cuanto a la forma de acceder al poder -el sistema electoral- frente a las formas de ejercicio del poder que continua en la ruta de un régimen propio de la época de un partido dominante y excluyente.

 Es necesario resolver lo que planteo y eso se puede solucionar de manera dinámica si logramos estructurar colegiados de decisión y aplicación de las mismas,  que democraticen las instancias de ejercicio del poder ejecutivo de nuestra república.

Lo que necesitamos es fundar instancias que consoliden y moderen el poder incontrolado de los ejecutivos del gobierno mexicano, ello, en mi opinión, se podrá conseguir si logramos convertir en sujetos de poder y control a los colegiados integrados por los propios ejecutivos con la función de ser poderes de supervisión y control para el ejercicio del poder en los órganos ejecutivos del país, así que, deberíamos constituir la asamblea suprema de la república que reúna a todos los gobernadores y al presidente de la república, la asamblea suprema de la entidad federativa, con una conformación similar y equivalente a la definida para la república completa y, en el municipio solo tendríamos que afinar la normatividad para que los cabildos funcionen democráticamente.

Desde esas nuevas instancias se deberá impulsar como valor máximo del ejercicio del poder el respeto a la ley, y además desde el mismo entramado institucional se debería procurar respaldar a los órganos autónomos de vigilancia de arbitraje y supervisión procurándoles una normatividad afín a sus funciones y un nombramiento, de sus integrantes, que les aseguré autonomía, en pocas palabras, nombrarlos desde esos colegiados.

Con lo anterior se pretende lograr superar la constante confusión en la división de poderes republicanos entre el poder ejecutivo el legislativo y el judicial, la no delimitación de sus competencias lleva a la invasión de atribuciones. En lo legislado y en las prácticas cotidianas vemos constantemente a los legisladores, en lo individual, moverse en las esferas de competencia de los ejecutivos, por medio de lo que denominan gestoría, frecuentemente es el ámbito de actividades ilícitas, tal sería el caso de los famosos moches que son realmente el cobro de comisión a las autoridades ejecutivas por parte de legisladores a cambio de  tramitar un mayor presupuesto para la instancia de que se trate.

Con la delimitación de competencias se puede generar un ambiente que desaliente la tentación de los ejecutivos del país para controlar a los órganos legislativos. El ejecutivo encuentra atracción en controlar a los órganos legislativos en la medida de que, para gobernar y cumplir con sus obligaciones, tiene que depender de los aparatos de otro poder. Lograríamos también que los legisladores fueran eso legisladores profesionales y de ningún modo pensaran que ser gestores es su principal función. Los ejecutivos deberán gobernar bien, en lugar de ocupar parte de su tiempo en controlar a los otros poderes y el poder judicial se tendrá que dedicar a procurar justicia y no a satisfacer, de manera ilegítima, los requerimientos de los otros poderes.

Con lo expresado lograríamos evitar lo que en la vida cotidiana de nuestro país se presenta; por mencionar algunos casos me referiré a lo que sucede en algunos estados de la república y en ámbito de todo el país.

El caso de la casa Blanca de manera especial plantea la necesidad de tener instituciones de vigilancia y supervisión confiables, el presidente optó por revivir a la secretaría de la función pública para hacer la investigación del posible conflicto de interés, él nombró al responsable de la citada secretaría, eso procura desconfianza, pero suponiendo sin conceder que si hubiese conflicto de interés, cuál sería el desenlace esperado, quién se haría cargo de sancionar a los implicados. Se plantea de inmediato la necesidad de una institución que tenga las facultades y el poder para aplicar los correctivos.

En la situación de faltas realizadas por gobernadores de las entidades federativas como el caso de Sonora, donde el Sr. Gobernador construyó una presa sin los permisos correspondientes y en contra de los intereses de varias comunidades de la misma entidad federativa, y hasta el momento no existe claridad de qué instancia lo pudiese definir como responsable y, en caso de proceder, llevar a cabo la sanción o la exoneración correspondiente. Junto a este caso tenemos los escándalos que implican a autoridades en Guerrero, Michoacán y en otras entidades federativas, los procesos se siguen en las instancias judiciales pero no existen instancias de poder políticas que pudiesen aplicar sanciones en correspondencia con las faltas de ese orden, encontramos a candidatos a diputados que han fallado como responsables de distintas áreas de la responsabilidad pública, sin embargo, pueden a pesar de las evidencias buscar acceder al poder, en este caso a la cámara de diputados para lograr o continuar con el fuero.

Respecto al combate a la delincuencia es indispensable lograr la unificación institucional de la república modificando el marco legal para permitir una contundente acción de la autoridad y así romper las redes de corrupción de funcionarios públicos como protectores de actividades ilícitas y de socavar en sus bases la operación de lavadores de dinero así como tomar medidas para regular la operación de las actividades de venta de artículos o mercancías de necesario control. Eso solo se puede lograr con una estructura institucional que unifique a la nación y que logre hacerla más plural democrática y representativa.

Lo mencionado se podría regular siempre y cuando se erigieran instancias institucionales de poder y vigilancia de los ejecutivos, y se otorgue a la instancia colegiada correspondiente la posibilidad de nombrar a los integrantes de los órganos autónomos, en donde se debe incluir a los componentes del poder judicial, los que vigilarán el desempeño de las funciones de los integrantes de las distintas instancias de gobierno. Con ello se lograría avanzar en un deseable equilibrio de poderes republicanos.

En este proyecto se deberá cuidar que los poderes de la república sean autónomos y además respetuosos de las funciones de los demás poderes. Lo que significa que el poder legislativo debe ser eso, un poder legislativo y sólo excepcionalmente ocuparse de tareas asignadas a otra instancia del poder estatal, lo mismo se debe asegurar para el poder judicial, así y solo así, se lograría evitar prácticas de tráfico de influencias como los moches.

 Con lo antes mencionado, se constituiría un nuevo equilibrio en el funcionamiento de las autoridades  de los distintos poderes y sumado a lo primero se conseguiría un equilibrio entre los poderes de la república. Tenemos una democracia electoral pero el ejercicio del poder se mantiene con una estructura autoritaria, como en la época del sistema de partidos con partido dominante casi único, lo imperativo es armonizar lo referente al acceso al ejercicio del poder, lo electoral en donde se ha avanzado mucho, contrasta con lo que conceptualmente se debe entender como el ejercicio del poder.

Un asunto que debe quedar muy claro es la competencia de cada uno de los poderes, el ejecutivo debe gobernar, hacer gestoría y realizar las acciones necesarias para el desarrollo y bienestar de los ciudadanos; el legislativo debe crear el marco legal en el que se ejercerá el gobierno y el judicial impartir justicia, de ningún modo permitir que los integrantes de un poder invadan las competencias esenciales de otros poderes, así evitaremos la confusión de todos los gobernantes y gobernados y de paso pondremos un claro obstáculo a formas de corrupción como los moches pero también a la práctica de gestoría de los legisladores que claramente corrompe la naturaleza de su encargo, que es el de legislar, para notar el tamaño de la confusión intencionada basta leer las propuestas de los candidatos a legisladores, que se pueden sintetizar en una nebulosa idea de lo que tendrán que legislar y una amplia intensión de hacer gestoría. Lo último es lo principal que deben realizar los ejecutivos de todos los niveles de gobierno.

El combate a la corrupción es un asunto de primera importancia; un gran avance en este camino lo representa la creación de órganos autónomos que se encargan de transparentar la información, es fundamental, para lo mismo, ya tener prácticamente aprobado el sistema nacional anticorrupción, pero seguirá incompleto el proceso si continua el fenómeno de la impunidad. Tenemos casos significativos que nos hablan de personajes claramente responsables de actos ilícitos y que continúan tan campantes y hasta siguen influyendo en el acontecer electoral y en las decisiones de gobierno. Para ilustrarnos basta con leer o ver los informativos de los distintos medios de comunicación. Hasta donde hemos avanzado es importante saber que muchos de los que han cometido ilícitos ya los conocemos pero con la impunidad simplemente se han vuelto más pillos conocidos. Falta que la sociedad en su avance estructure instancias institucionales para que, además de conocer las pillerías, se tenga la instancia que tenga el poder de resolver y aplicar las sanciones correspondientes del caso de que se trate.

Entonces y solo entonces el sistema anticorrupción tendrá las consecuencias esperadas, lo que menciono no es descubrir el agua tibia, cierto el asunto suena sencillo el principal obstáculo se localiza en la clase política mexicana y su historia, en algunos casos el asunto siempre fue escandaloso pero en otros podemos admitir que ciertos ilícitos frecuentes antes no constituían un ilícito y hoy sí. Ante ello para viabilizar la corrección de la dinámica de la acción de gobierno en nuestro país se debería aplicar el parámetro consistente en que a partir de ahora todos se deberán sujetar a lo que marca la ley en los distintos ámbitos de la dinámica social y con una conducta así se podrá trabajar sin contratiempos y en caso de que algún ciudadano gobernante o gobernado no respete la ley en una actividad presente, se revisará su caso buscando en su historial todos los actos en que no respetó la ley y se le actualizará todo realizado para que se vea sujeto al procedimiento correspondiente y en caso de proceder a la sanción pertinente.

El objetivo del criterio mencionado será lograr un cambio de conducta y la anuencia de los beneficiados por esta medida de gobierno, para conseguir, solo enfrentar a los que no admiten la necesidad del cambio en la conducta que va en la línea de moralizar la dinámica de la actividad cotidiana de la sociedad mexicana.

Para que se logre lo planteado es indispensable crear la instancia institucional que sume a los ejecutivos de la nación y que colegiadamente se instale, incluyéndolos, por encima en cuanto a poder de decisión, de ellos en lo individual. Esa sería la instancia que terminaría con la impunidad, así sí, la república mexicana podría tener la oportunidad de superar sus más agudos y urgentes problemas.