La situación en México se ha tornado muy compleja y delicada. La violencia sigue siendo intensa, la impunidad continua incontenible y los hechos de corrupción siguen emergiendo. Fueron muchos años de tolerancia y ahora se llegó al límite, el fenómeno de crisis ha hecho explosión.

Lo característico de la situación es que los problemas no se resuelven con las medidas que se aplican y, en algunas circunstancias, tienden a agravarse. Es evidente que frente a los problemas educativos, de justicia, de seguridad, políticos, económicos, éticos y de equidad. Se ha intentado, con éxito a medias, modificar la estructura jurídica del país para superar la compleja problemática, se logró hacer cambios en el nivel normativo constitucional en lo educativo, fiscal, energético, penal, político electoral, etcétera. Fue un significativo avance. El problema se origina en que por la forma en que se procesó el cambio, los acuerdos alcanzaron sólo a sentar bases para la solución en el marco normativo, lo problemático se hizo presente cuando de ese nivel se intentó pasar a la aplicación de lo legislado, sobresalieron los desacuerdos. Era de esperarse un fenómeno como el que se presentó, el poder no se ha reestructurado para hacerlo afín con la nueva situación de pluralidad política del país, seguimos con las instituciones que en esencia corresponden con la época en que el acceso al poder, que aunque había un sistema político electoral con varios partidos, en la práctica correspondía con el sistema de partido dominante casi único y, por supuesto, sin integración de las distintas opciones y sin posibilidades de alternancia. Continuar gobernando, con instituciones de esas características, no permite diseñar las soluciones a los grandes retos de la nación y menos aún asegurar la cooperación de los distintos niveles de gobierno para su aplicación y ajuste que asegure el éxito de su objetivo.

Tendremos que estructurar instituciones que logren evitar  decisiones tomadas sin considerar las diversas opiniones de los líderes de opinión, representantes populares, en esencia de las personas o instituciones que cuentan con el poder que los ciudadanos les reconocen y otorgan.

 En la reforma educativa se soslayó la opinión de sectores muy importantes del magisterio que además eran compartidas por congresos de las entidades federativas y por autoridades ejecutivas de las entidades federativas en mención, este descuido o incapacidad de la estructura institucional se ha venido traduciendo en que varias entidades federativas en los hechos se encuentren al margen de la aplicación de la reforma educativa. En este caso se encuentran de manera sobresaliente: Michoacán, Oaxaca y Guerrero; es de hacerse notar que en las demás entidades federativas las opiniones sostenidas por esos profesores cuentan con amplios núcleos de partidarios.

Lo mismo se presenta con otras reformas constitucionales consensuadas, pero especialmente me interesa resaltar  lo relacionado con el combate a la delincuencia y en la lucha por garantizar la seguridad de los ciudadanos se presenta un fenómeno de descoordinación de desacuerdo y hasta de rebeldía.

En los cambios para lograr la seguridad en el país hay la iniciativa de unificar mandos a nivel de policías en cada entidad federativa, pero poco se menciona unificar el poder a ese nivel, y en lo que corresponde con el nivel federal en este artículo pretendo establecer, que la unificación del poder es el elemento previo y necesario para conseguir la unificación de los mandos y lograr la coordinación permitirá superar los grandes retos, por lo tanto considero indispensable pensar en el establecimiento de un órgano de poder colegiado de la nación mexicana, para desde allí, abordar la discusión de los problemas, el diseño de las soluciones y lograr una dinámica de gobierno democrática, efectiva, eficiente que permita superar los grandes problemas del país.

Por ello conviene considerar la propuesta que he venido planteando y que en este artículo defino como la necesidad de instaurar el poder democrático único en México. Es decir instituciones que aseguren la posibilidad de gobernar pluralmente, con equidad, integrando a las distintas expresiones de carácter político e integrando un poder único, un real y moderno federalismo.

Ante lo que hoy nos sucede todos los mexicanos  tenemos que demostrar  la grandeza de nuestro espíritu como nación, pero la mayor responsabilidad recae en quienes nos gobiernan y detentan el poder. Estos últimos deberán demostrar que existe una clara voluntad de cambiar las cosas que no funcionan. El proceso de cambio tendrá que ir a fondo, el País cambió la forma para acceder al poder, logró estructurar formas democráticas para resolver quien nos gobierna y así se logró estructurar un sistema político electoral plural, incluyente y democrático con una muy real posibilidad de generar situaciones de alternancia política.

El cambio no ha podido extenderse a la forma de gobernar y en eso se ha descuidado el asunto de crear instituciones para gobernar de manera democrática, es decir, establecer instancias de poder que equilibren el funcionamiento de los poderes que caracterizaron a las vigentes durante la época en donde era escasa la pluralidad y la inclusión y, así mismo, el sistema político aseguraba la permanencia de un partido de modo sistemático en el poder del estado, no había posibilidades de alternancia.

La permanencia de esa estructura en la forma de ejercer el poder es lo que viene causando problemas a México. Los que ejercen el poder en las distintas instancias del Estado no se encuentran sujetos a instituciones que moderen las acciones de los gobernantes y con frecuencia se presentan excesos de diversa índole. El gobierno de la República por voz del Presidente Enrique Peña Nieto postuló lo que se ha denominado como el Decálogo para empezar a solucionar los problemas políticos más urgentes del País. En el planteamiento presidencial destacan las relacionadas con el proyecto de ley para evitar la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales, la ley que crea las policías únicas por entidad federativa, la ley que crea el sistema anticorrupción, el programa para el desarrollo de los estados del sureste, el número telefónico único para las emergencias y el de la identidad ciudadana.

Todo ello es razonable, pero con lo propuesto puede ser insuficiente lo formulado. Para que tenga el impacto requerido necesita que se cambie la estructura de funcionamiento del poder uniendo al país y democratizando el ejercicio del poder, construyendo equilibrios y contrapesos, echando mano de los poderes que los propios ciudadanos han legitimado con su elección, tanto de las estructuras construidas como de las personas y grupos de ciudadanos que han sido elegidos para gobernar. Unir democráticamente a los ejecutivos del País y con ello cambiar las formas de ejercicio del poder, el nuevo y moderno federalismo.

Los partidos nos pretenden tranquilizar, frente a la lamentable tragedia vivida en el Municipio de Iguala, diciendo que ahora sí van a poner empeño en que los candidatos que se propongan para participar en el proceso electoral del 2015 no tengan características delincuenciales. Se supone que esa es una obligación que se ha venido cumpliendo, o se debe entenderse que desde hace mucho los partidos han venido violando la ley. Quiero pensar que no fue así. De acuerdo a la información que se dio por la dirección nacional del PRD, todos los candidatos propuestos en el 2012 fueron investigados por la procuraduría y pasaron ese Tamiz. Sí lo creo, pero eso garantiza que en el momento de ser postulados como candidatos no habían cometido actos ilícitos; de ningún modo significa que se garantice una forma de gobernar eficiente y honesta. Para asegurar que así suceda se tendría que instaurar instituciones independientes de los poderes públicos que garanticen la vigilancia supervisión y la capacidad para sancionar los actos ilícitos de los gobernantes, sean estos de carácter administrativo o penal.

El reto es diseñar nuevas estructuras de poder que permitan abordar con eficacia los problemas de la seguridad nacional, de combate a la impunidad y a la corrupción. La tarea se debe abordar principalmente con cambios constitucionales que se traduzcan en la construcción de un nuevo y moderno sistema democrático federal: establecer lo que daría una mejor integración del poder republicano aunado con mayor autoridad y una dinámica democrática más expedita, es decir, integrar el supremo poder republicano. En él se integrarían los ejecutivos de las entidades federativas y  el ejecutivo del gobierno central de la federación, se tendría que reglamentar su funcionamiento con la idea de conservar las jerarquía de sus integrantes, ello significa que sería presidido por el ejecutivo del gobierno central de la federación y, entre sus competencias estaría el nombramiento de los titulares de las fuerzas armadas y de la marina, así como de los mandos de las policías del gobierno central de la federación y de los titulares de las policías de cada una de las entidades federativas. En sus reuniones se ventilaría la problemática de la República mexicana en lo económico, lo político, de seguridad pública y los temas de importancia nacional que se formulen en la coyuntura.

La nueva situación que se generaría, con los cambios descritos, permitirá que los órganos autónomos diseñados para abordar los problemas que se han venido profundizando, efectivamente cuenten con circunstancias que les permitan funcionar con la autonomía necesaria. La idea sería que los integrantes de los órganos anticorrupción, los titulares de INE, los de la CNH, los de auditoría superior de la nación, los de acceso a la información pública, en fin, los integrantes de todos los órganos autónomos, deberán ser nombrados por el colegiado de la autoridades ejecutivas de la federación, que para efecto de este ensayo se puede denominar como: Supremo poder de México (SpM).

El esquema de funcionamiento para la república, con todas sus entidades federativas,  puede  aplicar a la estructuración del poder supremo en todas y cada una de las entidades federativas que integran el País,  constituyendo un colegiado que integrara a los ejecutivos municipales y al ejecutivo de la entidad federativa. De esa manera los colegiados se constituirían en verdaderos garantes de la democracia y en un freno a la operación autoritaria de los ejecutivos de manera aislada. La autoridad del colegiado sería la que pusiera las cosas en su justo lugar.

Bajo esa circunstancia a los responsables de la policía única por entidad federativa se tendrían que nombrar por el colegiado de la entidad federativa correspondiente, someter a su anuencia la nominación de la propuesta del candidato a titular de dicha entidad. Depositar la responsabilidad del nombramiento en la asamblea de ejecutivos de la entidad federativa de que se trate. La propuesta que formulo incluye una integración del poder y algo que es fundamental una manera incluyente y democrática de analizar la problemática, de hacer los diagnósticos, y de formular las políticas tendientes a resolver los retos. Es importante resaltar que después de seguir el procedimiento descrito en los órganos construidos con el moderno federalismo la aplicación de las fórmulas para resolver los problemas contará con una mayor viabilidad por corresponder con un ambiente de acuerdo, coordinación, eficiencia y efectividad. Todo esto se traducirá, seguramente, en una mejor y más efectiva acción del gobierno y de la consolidación del estado como forma de poder al servicio de la sociedad.