La reforma política en México 2006-2012
Introducción
La situación del País ha sido complicada desde hace tiempo. Los primeros dos años de gobierno del Presidente Felipe Calderón pueden ser evaluados como la fase terminal de un modelo impuesto con mucha anterioridad, los resultados son a todas luces insuficientes para superar los grandes problemas del País.
El crecimiento económico lento y la inexperiencia campearon en todos los órdenes, simultáneamente se mostró lo más representativo de las desventajas del periodo llamado neo-liberal. Por presiones de los intereses foráneos o por los que pertenecen a la clase dominante del país, que es híbrida, y corresponde con los intereses de los grandes y poderosos negociantes internos y externos. Los gobernantes han tendido a realizar acciones que se limitan a disminuir el acelerado ritmo de deterioro de los niveles de bienestar de la mayoría de mexicanos.
Al realizar lo que se puede, para no molestar los intereses de los pocos beneficiados por la situación nacional, de ningún modo se emprende lo que sería necesario para empezar a superar los grandes problemas del país.
La situación de pobreza del grueso de la población del país, el desempleo, la violencia, la inseguridad, la corrupción, la marginación, la desesperanza contrasta con el enriquecimiento y poder de unos cuantos, es eso parte importante de la dinámica cotidiana de nuestra república. La evaluación resumida en los párrafos anteriores es lo que se pretende modificar. Para eso se consideró necesario realizar profundas modificaciones a la estructura de poder de nuestra república y de ese modo encaminarse hacia la solución de los problemas del país. Eso implicó impulsar una profunda reforma del sistema político de la república Mexicana.
Las distintas propuestas
De manera integral o pretendiendo serlo, el PRI, el PAN y el PRD presentaron sendas propuestas:
El PAN se identificó con lo planteado por el ejecutivo de la nación, de ese momento, con ello ratificaron una conducta propia del partido en el poder; el PRI y PRD presentaron propuestas que se diferenciaron claramente de la presentada por el Presidente de la república.
Sin embargo, los tres proyectos omiten la necesidad de ajustar el sistema político en su parte relacionada con el ejercicio del poder, para concretar el sistema de gobierno de la sociedad, es decir, en el del ejercicio del poder del Estado. El régimen político vigente aún conserva marcados rasgos de la época del sistema propio de la presencia de un sistema de partido dominante, casi único, podemos decir rasgos autoritarios, no plurales, no incluyentes y menos estimulantes de la participación de partidos distintos a los dominantes y de los ciudadanos sin partido.
Tomando en cuenta lo anterior, lo que se requiere con urgencia es diseñar un sistema político que haga corresponder el ejercicio del poder con la senda institucional para el acceso del mismo.
Para el acceso al poder nos encontramos con la nueva situación de la nación en la que se presenta como un sistema político electoral con diversos partidos, plural, representativo, competitivo, que configura posibles resultados de alternancia y de cambio en las estructuras y formas de gobierno. En tanto que en el ejercicio del poder se conserva la estructura propia del periodo en que ni la alternancia, ni la pluralidad tenían acomodo, se consideraban no indispensables. Por lo tanto, se debe considerar que la reforma se oriente a resolver el citado desajuste, en consecuencia resulta imperativo el armonizar la forma de ejercer el poder respecto a la forma de acceder al mismo. Las medidas tendientes a resolver esa desarmonía quedaron fuera de las preocupaciones de los reformadores, en mi opinión esto marca limitaciones significativas del proceso de reforma política.
Es innegable que lo propuesto significa la posibilidad de avances y logros en la vida del país, pero serán insuficientes si no se toma en cuenta el imperativo de armonizar lo mencionado más arriba, conservando el espíritu democrático y desde allí enfrentar los grandes retos que el país tiene y que deberá superar urgentemente.
Las propuestas de los distintos y principales actores pretenden un cambio que mantenga las líneas que les han permitido hacerse del poder, eso es una orientación muy lógica, pero eso marca los límites del debate al interior de la escena institucional, de ningún modo sucedió lo mismo en el amplio espectro de la discusión académica y política de la sociedad civil.
El mes de diciembre de 2009, el ejecutivo federal envió al congreso la iniciativa de reforma política, en cuyo contenido incluyó 10 puntos.
1.- Permitir la reelección consecutiva de alcaldes y demás miembros de ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales en los estados de la República y en los municipios hasta por un periodo de 12 años.
2.- Permitir la reelección consecutiva de legisladores federales con periodos límite de 12 años.
3.- Reducir el número de integrantes del Congreso. En la Cámara de Senadores se eliminarían los 32 escaños electos de una lista nacional para un total de 96 senadores. La Cámara de Diputados se reduciría de 500 a 400 legisladores, 240 por mayoría relativa y 160 por representación proporcional.
4.- Aumentar el mínimo de votos para que un partido político conserve su registro. El porcentaje necesario pasaría de 2% a 4%.
5.- Agregar la figura de "iniciativa ciudadana" para que las personas puedan proponer iniciativas de ley sobre temas de su interés que no se encuentren en la agenda legislativa.
6.- Incorporar la figura de las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular.
7.- Implementar la segunda vuelta electoral para la elección de presidente de la República. Se elegirá como presidente a quien obtenga más de la mitad de los votos emitidos, en caso contrario pasarían a segunda vuelta los dos que hayan obtenido el mayor número de votos. Ésta se realizaría en la misma fecha de la elección legislativa.
8.- Reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia.
9.- Facultar al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al Congreso dos iniciativas preferentes que deberán votarse antes de que concluya el periodo. En caso contrario éstas se considerarían aprobadas.
10.- Establecer la facultad del Ejecutivo para presentar observaciones parciales o totales a los proyectos aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación. Establece la figura de la "reconstrucción presupuestal". El presidente Felipe Calderón presentó ayer su propuesta de reforma política que reduce de tamaño al Congreso, aumenta la exigencia de votos para que los partidos conserven su registro, faculta al Ejecutivo a ejercer un veto parcial a proyectos legislativos y plantea que pueda presentar dos iniciativas “preferentes” al Legislativo para que se discutan y voten obligatoriamente.
Así tenemos, que con el criterio mencionado las propuestas institucionales, en esencia fueron:
Pretender instaurar la segunda vuelta en comicios presidenciales, la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes, así como las candidaturas independientes a cualquier cargo de elección popular.
El mandatario explicó que se buscan dos objetivos centrales: fortalecer el vínculo entre ciudadanía y sistema político y consolidar las instituciones. El proyecto prevé cambios en 20 artículos de la Constitución, además de adiciones y derogaciones a otros 13.
Por su parte el PRI propuso cuestiones distintas, pero con la clara intención de llegar a establecer coincidencias que en el momento de la discusión permitirían llegar a consensos.
Existe en el país coincidencia general en la necesidad de emprender una reforma política profunda, incluyente, en la que el ciudadano sea el eje central.
Debe decirse que la propuesta del presidente Calderón, no fue producto de ocurrencias o de caprichos, fue una selección de propuestas que se plantearon en diversos foros, y una de sus limitaciones más notorias es que no tomó en cuenta algunas otras, importantes, formuladas en los mismos foros. Lo que sí es indiscutible es que varios de los argumentos en contra no tomaron en cuenta la citada característica de la propuesta del ejecutivo.
Volviendo a la propuesta en comento, debe considerarse que como lo esencial de la propuesta pretende otorgar al ciudadano una mayor participación en los asuntos políticos, fue fundamental considerar que el sistema democrático mexicano descansa de modo primordial en el funcionamiento adecuado de los partidos, por lo que se consideró prioritario lograr que ellos sean verdaderos canales de la participación ciudadana y, de ningún modo, se puede mantener la función actual de ellos como custodios de los intereses de las burocracias partidistas. La reforma debe contener un conjunto de propuestas tendientes a reformular el sistema de partidos con el propósito de lograr un sistema de partidos democrático y con un alto grado de transparencia en el uso de los recursos públicos que ellos reciben, gastan y manejan; así como asegurar también que los miembros del partido de que se trate decidan los asuntos del mismo, con ello evitar que grupos pequeños de elite se apropien de las funciones y atribuciones de ellos.
Pareciera que con el afán de ocultar la necesidades de diseñar medidas tendientes a democratizar a los partidos, se pretende enfatizar que el único problema de nuestro sistema de partidos es que se establezca una disposición que ponga fin al monopolio de los partidos para postular candidatos a los cargos de gobierno de elección popular, eso es necesario, pero de ningún modo suficiente. Además de establecer eso se deben formular medidas que hagan de los partidos verdaderos canales significativos para la participación ciudadana. Se deben hacer ambas cosas y no presentar la vía de los candidatos independientes como alternativa a la democratización de los partidos políticos integrantes de nuestro sistema político.Los mecanismos de acceso al poder necesitaban abrirse y de esta forma empoderar al ciudadano, se requiere encontrar mecanismos claros de estímulos y castigos para nuestros representantes, instituciones adecuadas que permitan el aprendizaje legislativo, en concreto, que no desperdiciemos los conocimientos adquiridos. Es tiempo para que los representantes populares respondan con hechos lo que con votos han plasmado los ciudadanos. Es imperativo hacer un análisis profundo de las diferentes propuestas de reforma política para generar los cambios que el país reclama.
Abordar el tema de la reelección de presidentes municipales y legisladores fue un paso necesario; en el caso de los alcaldes porque tres años son insuficientes para desarrollar un programa de gobierno. De ahí que, en mi opinión, hubiera sido prudente considerar la propuesta de aumentar el ejercicio a seis años sin la posibilidad de reelección. De la misma forma, una buena opción hubiera significado que los legisladores tuvieran la posibilidad de ser electos por seis años sin posibilidad reelegirse. Para evitar que los elegidos como autoridad se desentendieran de sus compromisos, eso sí se debió introducir la figura jurídica del referéndum revocatorio.
Una gran polémica existe y existió con los plurinominales. Hay que recordar que la representación proporcional tuvo como origen dar espacio a los grupos políticos que difícilmente podían llegar a las cámaras bajo el principio de mayoría relativa. Hoy están representadas todas las expresiones políticas, inclusive, ha ocurrido que los partidos políticos abran la puerta a las candidaturas de ciudadanos que no están afiliados, pero que representan manifestaciones ciudadanas ajenas a los partidos. Por ésta y otras razones, me parece plausible la disminución de los plurinominales.
Temas como la segunda vuelta y el calendario electoral para la elección al Congreso y de la Presidencia de la República fueron motivo de un análisis profundo por las implicaciones para la gobernabilidad.
Se presenta la oportunidad única de heredar a las próximas generaciones un sistema político moderno, confiable y participativo. Hoy en México la separación de poderes, la pluralidad democrática, la alternancia política, la multiplicación de libertades y el fortalecimiento institucional, son una realidad; sin embargo, la ciudadanía considera muchas veces a la política como un ejercicio estéril.
Se debió poner atención a lo que nos está diciendo la sociedad a través de grupos organizados y ciudadanos independientes. No hay vuelta atrás. Las reformas son para hoy, no podemos refugiarnos en el pretexto del año político, porque de esa forma nunca será el momento oportuno y seguiremos sin posibilitar un mejor gobierno en beneficio de los mexicanos.
En la democracia la participación es fundamental y está lejos de quedar reducida únicamente al acto de ir a votar, tiene que ver con una ciudadanía bien informada que intervenga de manera activa en los asuntos públicos que le afectan.
No se puede ignorar el resultado de la encuesta que revela que 90% de los interrogados admitieron que no entienden los alcances ni el contenido de la reforma política. Este dato nos lleva a advertir la necesidad de cultivar la cultura política entre la población.
Se tuvieron propuestas del Ejecutivo, de los partidos políticos y trabajos académicos como el del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, todos con aportaciones dignas de tomarse en cuenta, seguramente faltaron más temas para alcanzar la reforma política que necesita México para consolidar la democracia y garantizar a los ciudadanos una mayor participación en las grandes decisiones nacionales.
Todo lo que se menciona como contenido de la reforma política es muy importante, debió incorporarse en la discusión, pero adquiere crucial importancia proponer cambios en la estructura institucional de la república para hacer corresponder lo que la sociedad mexicana ha impulsado como grandes avances, de corte democrático, en el ámbito del acceso al poder, con la estructura institucional para evitar que la inclusión, el pluralismo y la equidad de la nueva situación del sistema político choque con la estructura institucional para gobernar.
Por ello considero que un cambio fundamental en la normativa constitucional debe dotar a la república de un órgano colegiado de poder ejecutivo republicano que integre a los ejecutivos de los niveles de las entidades federativas, y del poder central de la república, hasta ahora conocidas como autoridades de la federación, en un órgano supremo de poder ejecutivo republicano. En él estarían los ejecutivos de las entidades federativas y como su presidente el ciudadano presidente de la república. El citado órgano institucional de poder coordinaría a la república, permitiría la elaboración de las políticas para abordar los grandes problemas y sería la autoridad que regularía las relaciones y los equilibrios entre las distintas instancias de gobierno.
En ese ámbito se podría discutir las propuestas de modificación institucional de México, sus resoluciones permitirían enfrentar y resolver los problemas de desarrollo económico, de cumplimiento de la ley, de respeto a los derechos humanos, de seguridad y de beneficio para la mayoría de los ciudadanos mexicanos.
En ese marco debo asentar que, si bien comparto buena parte de las propuestas formuladas por los distintos actores políticos, considero pertinente formular algunas ideas que pudieran enriquecer los debates de esta importante temática. Procedo a resaltar algunos de los planteamientos. La reforma política es impostergable, tal como lo expreso el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el senado:
1. Resolver, en la constitución la ausencia o incapacidad absolutas del Presidente de la República, con el secretario de Gobernación como encargado del despacho o, en su defecto, el de mayor rango ratificado, en tanto el Congreso realiza la designación respectiva.
2. Ratificación por el Senado de los nombramientos del gabinete presidencial y otros cargos relevantes de la regulación económica, con excepción de los titulares de Defensa y Marina, lo que propicia mayor profesionalismo y calidad en los mismos y establece bases para construir una mayoría estable, con gobernabilidad democrática.
3. Reducción del Congreso, sin senadores de representación proporcional y una Cámara de Diputados con 300 de mayoría y 100 de lista proporcional.
4. Reelección consecutiva de legisladores federales y locales, una vez en el Senado y dos para los diputados, para fortalecer el vínculo entre ciudadanos y representantes.
5. Mejora en el trabajo del Congreso, con un mecanismo que obligue a las comisiones a sesionar y acordar dictámenes un mes previo al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.
6. Rendición de cuentas, informe presidencial y vías para el diálogo entre poderes, para hacer del informe el inicio de un diálogo republicano, con derecho al uso de tribuna, la pregunta parlamentaria, las comparecencias juramentadas, las sesiones de control legislativo y, eventualmente, la moción de censura.
7. Reconducción presupuestal, en la cual ingresos y presupuesto seguirán vigentes en tanto se aprueban los del ejercicio siguiente.
8. Revisión ágil de la Cuenta Pública, cancelando las partidas secretas, y abreviando los plazos, con nuevas facultades para la Auditoría Superior de la Federación.
9. Referéndum en temas de relevancia nacional; la ciudadanía resolverá en última instancia los asuntos de mayor importancia.
10. Autonomía del Ministerio Público, con actuación imparcial e interés ciudadano en la procuración de justicia.
11. Acotamiento del fuero constitucional al estricto desempeño del cargo, dejando en manos de los jueces los casos de abuso.
12. Facultad de investigación a la CNDH en violaciones graves a garantías individuales.
13. Solución de conflictos entre estados por límites territoriales, previendo el mecanismo de conciliación o, en su caso, arbitraje.
14. Regulación de la suspensión de derechos y garantías con aprobación del Congreso y supervisión de la Suprema Corte.
15. Creación del Instituto Nacional de Identidad, con autonomía para dotar de identificación incuestionable a los habitantes de la República, con salvaguarda estricta de los datos personales
Manlio Fabio Beltrones, que reafirmó el carácter “impostergable e imprescindible” de la reforma al régimen político.
Se requiere una reforma política que mejore el diseño institucional y favorezca las capacidades sistémicas para el ejercicio de gobierno. Sin esta reforma será más difícil concretar otras que favorezcan la competitividad, el bienestar social y la seguridad pública. Si la iniciativa de Calderón es insuficiente, como ciertamente lo es, tocaba al Poder Legislativo enriquecerla. Acompañar, por ejemplo, la propuesta de reelección consecutiva de autoridades municipales y jefes delegacionales con la posibilidad de revocación del mandato para castigar la ineptitud, la irresponsabilidad o la corrupción de autoridades electas. Equilibrar las nuevas facultades del Ejecutivo, necesarias para el despliegue de la acción de gobierno, con mayores atribuciones del Congreso para ratificar al gabinete presidencial. Hacer más rigurosos los requisitos para preservar el registro de partidos y acceder al financiamiento público sin que ello reduzca la pluralidad del Legislativo ni haga imposible la emergencia de nuevas formaciones. Encontrar una fórmula aceptable, eficaz y coherente para que la segunda vuelta presidencial contribuya a generar mayorías estables y gobiernos fuertes, en lugar de promover alianzas oportunistas y pulverizar la representatividad de “minorías” político-ideológicas en aras de una artificial e imaginaria estabilidad bipartidista.
Lo acordado finalmente como reforma de nuestro sistema político significó, entre otras cosas, aprobar: las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, la ratificación de comisionados de los órganos reguladores del Estado, la iniciativa preferente, la integración de la asamblea legislativa del Distrito Federal, la substitución del Presidente en caso de falta absoluta, y la toma de protesta del Presidente de la república ante la suprema corte de Justicia de la Nación. Todo ello se aprobó con una amplia mayoría de 418 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. Se rebasó con mucho la exigida mayoría calificada requerida para las reformas constitucionales. Aunque se debe tomar en cuenta que temas importantes si bien fueron discutidos no fueron aprobados.
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA.
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: el párrafo primero y la fracción II del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el párrafo segundo del artículo 71; la fracción XXVI del artículo 73; el párrafo cuarto de la fracción VI del artículo 74; la fracción II del artículo 76; las fracciones IV, VI y VII del artículo 78; el artículo 83; los párrafos primero, segundo y tercero (que pasan a ser cuarto y quinto) del artículo 84; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 85; las fracciones II, III y IV del artículo 89; y la fracción III de la Base Primera del Apartado C del artículo 122; SE ADICIONAN: las fracciones VI, VII y VIII al artículo 35; una fracción IV y un tercer y cuarto párrafos al artículo 71; una fracción XXIX-Q al artículo 73; los párrafos segundo y tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes y un último párrafo al artículo 84; un segundo y tercer párrafos al artículo 87; un octavo párrafo a la fracción II del artículo 116; un inciso o), recorriéndose en su orden el subsecuente a la fracción V de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una nueva república con un federalismo moderno.
La propuesta es refundar a la República estableciendo un poder ejecutivo colegiado que sintetice la estructura de una federación y permita mantener unificado el poder de la nación. A partir de él se podrá pensar en diseñar los proyectos y programas que se aplicarán para resolver los grandes retos de la nación. Debe quedar muy claro que las formas de acceso al poder ya han registrado logros muy considerables, y que en lo que corresponde a las formas de ejercer el poder hace falta admitir que la compleja sociedad moderna sólo admite.
una democracia indirecta, y exige diseñar métodos de participación ciudadana para vigilar a los que se eligen para gobernar que cumplan con su obligación principal: resolver los problemas de la sociedad que para eso se les nombró.
Muy importante será establecer la obligación de que los candidatos en campaña tengan la obligación de mostrar conocimientos para ejercer el cargo y, por tanto, que sus propuestas tengan viabilidad, para obligar a esto se contaría con mecanismos para la exigencia de que sus propuestas de campaña sean cumplidas, y en caso de no ser así, proceder a pedir sin trámite la realización de un referéndum revocatorio, proceso que sería al mismo tiempo electivo.
En resumen, sería lograr una democracia indirecta con mecanismos ciudadanos de vigilancia para ratificar el mandato o revocarlo. Este contexto pasaría a segundo término el asunto de la reelección para los distintos cargos de elección popular.
Se tendrá que modificar la Constitución para fundar el supremo poder republicano o la asamblea de los poderes ejecutivos de la República Mexicana. En general se ha tendido a tratar de forzar el modelo de la división de poderes como suficiente para resolver las situaciones en donde el sistema electoral posibilita la pluralidad. La inclusión de distintas expresiones políticas, la alternancia y la situación de gobiernos sin mayoría absoluta se ha propuesto lo que se llama el sistema de gobierno parlamentario, el parlamentarismo, que consiste de modo sencillo en que parte de las atribuciones del ejecutivo se trasladan o se someten a la dinámica parlamentaria. Las experiencias que hasta ahora tenemos nos dicen que no se supera la dificultad de resolver los problemas de las sociedades, de que se trate, con oportunidad. Para unificar el ejercicio del poder se debe unificar la autoridad del Estado y, después, proceder a unificar los mandos de los distintos niveles de gobierno, solo de ese modo se podrá tener la posibilidad de actuar con eficacia y con eficiencia.
Ha quedado claro que las trabas para solucionar los problemas más urgentes de las naciones siguen en pie, aún en sistema parlamentario, se impone pensar en lo que sí contribuya a armonizar el sistema de partidos moderno con una forma democrática de gobierno que permita la solución de los problemas de nuestros países de modo oportuno y eficaz y eficiente. En mi opinión eso se logrará sólo si reformamos la forma en que opera el poder ejecutivo republicano, estructurándolo de acuerdo a un federalismo moderno y democrático, con una democracia indirecta, representativa, plural y legítima. Entendida no como una simplificación de la representatividad, más bien entendida como el compromiso de diseñar auténticas instancias de discusión y decisión que generen iniciativas de Leyes y de políticas que resuelvan los problemas de la sociedad.
Lo anterior significa que las instancias ejecutivas deberán ocuparse de la aplicación de soluciones a los problemas de la sociedad y que los órganos del poder judicial y los del legislativo se ocupen de la esencia de sus funciones y que solo marginalmente, cuando el ejecutivo descuide, se ocupen de los actos de gestoría para resolver los problemas. En pocas palabras se deben estructurar cambios en la constitución para permitir armonizar lo que se ha logrado como vía de acceso al poder político con lo que es, de hecho, el sistema de ejercicio del poder del Estado.
El nuevo gobierno y sus reformas, bien encaminadas pero insuficientes.
Al iniciar su mandato el presidente Enrique Peña Nieto, logra establecer una alianza con los principales partidos de nuestro sistema político, conocido como el pacto por México, que contiene una extensa agenda de discusión y acuerdo, como producto de eso ya se han aprobado varias reformas, dentro de ellas, destacan la reforma educativa, la hacendaría, la energética, la reforma política electoral, que constitucionalmente ya fueron aprobadas y cuya aplicación está en marcha, pero debe reconocerse que en su aplicación se están presentando algunas dificultades significativas.
En el caso de la reforma político-electoral destaca, entre lo aprobado, lo siguiente:
Reelección legislativa
Reelección para diputados locales y alcaldes.
Creación de Fiscalía General
Creación del Instituto Nacional Electoral.
Se retira el control de los congresos sobre los institutos
electorales estatales.
Nulidad de elecciones.
Más votos para mantener un partido político.
Menor tiempo entre la elección y la toma de protesta.
Paridad entre hombres y mujeres en el Congreso.
Gobiernos de coalición.
Ratificación del gabinete.
Rendición de cuentas en seguridad.
Autonomía al Coneval.
El Pacto por México sus consecuencias y limitaciones.
El pacto está signado por el gobierno de la república y por los partidos políticos más importantes del sistema político del país, eso es muy significativo, pero la mezcla institucional se traduce en una situación muy inestable. Sería prudente lograr que lo contenido en el pacto, consistente en una agenda legislativa y de acciones políticas, cuyo contenido se constituye en un programa compartido de cambios que inician en cambios de carácter legal, constitucionales y de las leyes reglamentarias, fuese signado por instancias de gobierno republicano y no sólo por instancias organizativas partidarias poco representativas y con un limitado poder de ejecución, para consolidar el acuerdo se debería sumar al compromiso a los poderes ejecutivos de las entidades federativas.
La instancia de discusión de los asuntos del pacto, como preámbulo de las reformas constitucionales mencionadas, debería incorporar a lo que hoy se conoce como la CONAGO. Con lo anterior se lograría revitalizar al Pacto por México como instancia de Unidad democráticas republicana.
En esa dinámica el papel de los partidos sería protagónico en lo correspondiente al proceso de acceso al poder y reservaría el protagonismo en la discusión y la aplicación de las resoluciones consensuadas para los Ejecutivos de todos los niveles de autoridad que representan el interés general de toda la sociedad, incluidos los intereses de los propios partidos; en la instancia mencionada se procesaría el reto político y las soluciones consensuadas, junto con su aplicación llegarían a las cámaras con alto grado de depuración que asegurarían su amplia discusión, su afinamiento, la inclusión de todos los puntos de vista y el más amplio consenso. Todo lo anterior se traduciría en un mayor tino en el diseño de las soluciones al unificar democráticamente al poder y garantizaría su viabilidad y aprobación, y lo que es más importante, su aplicación.
