El problema de la migración de personas provenientes  de países de Centroamérica y de nuestro país, hacia los Estados Unidos, en busca del sueño americano, presenta dentro de sus vertientes más dramáticas el caso de la migración infantil, que se da con niños cuyas edades fluctúan entre los 9 a 12 años de edad que, en el mejor de los casos, son llevados por sus padres para acompañarlos en esta aventura.

En la mayoría de las ocasiones se quedan abandonados o bien, si llegan a cruzar la frontera, enfrentan una precaria situación porque son víctimas de maltrato, abusos y explotación de parte de las personas o empresas que llegan a darles un trabajo.

Califico como “el mejor de los casos” cuando acompañan a sus padres, pero ello no implica que siempre terminen el viaje juntos, ya que en el 96% de los casos se quedan en la frontera abandonados a su suerte o esperando que sus progenitores regresen por ellos para intentar pasarlos al otro lado, lo que no siempre ocurre por el temor a ser deportados a México o a su país de origen.

Un fenómeno que empieza a presentarse en forma más frecuente, es la salida de menores de edad que, al ser abandonados por sus padres en sus hogares y a sabiendas de que ellos se encuentran viviendo en los Estados Unidos, se lanzan a una aventura por sus medios para tratar de cruzar la frontera y volver a reunirse con sus progenitores, lo que los convierte en presa fácil de traficantes de personas o ahora de narcotraficantes que, aprovechando su estado de necesidad, abusan de ellos o los utilizan para actividades ilícitas incorporándolos a las filas de la delincuencia, sin que el gobierno pueda hacer algo al respecto.

En México siempre ha existido más preocupación de las autoridades y se han destinado más recursos y personal para detener a los migrantes y repatriarlos, que para respetar sus derechos humanos o atender los casos de  mujeres y niños, cuya situación se ha agravado a partir de 2006, en que el gobierno de Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico quedando dicha población en la línea de fuego cruzado y como víctimas colaterales en los enfrentamientos y operativos, llevados a cabo en diversos estados del país.

Las políticas públicas y programas en materia migratoria durante los doce años de gobiernos panistas, dejaron como saldo un sinnúmero de casos de denuncias de violaciones a derechos humanos de migrantes, sin contar los casos de desapariciones forzadas, homicidios y delitos como trata de personas, que serán muy difíciles cuantificar. Existen  varias denuncias de casos  que actualmente son investigados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguramente tardarán varios años en llegar a la Corte Interamericana para que ésta emita una resolución o condena en contra del Gobierno mexicano.

Muchas veces, los mexicanos nos indignamos cuando un connacional es víctima de agresiones o abuso de autoridad por  la policía migratoria de Estados Unidos y se hacen declaraciones de condena a estos actos por el Secretario de Relaciones exteriores, exigiendo que se frenen los abusos y se sancione a las autoridades responsables; sin embargo, todo queda en eso y el Gobierno Estadunidense, en muy contadas ocasiones, hace alguna declaración o se compromete a investigar los hechos o sancionar a los responsables.

Pero lo mismo ocurre cuando en México los agentes de migración violan los derechos humanos de centroamericanos y abusan de ellos, ya sea en la frontera sur o en los estados que recorren para llegar a la frontera con Estados Unidos;la frontera con Estados Unidos,acion  ahí nuestras autoridades no investigan y mucho menos se ocupan de dar una explicación al Gobierno del país de origen del migrante. Lo que demuestra que la política migratoria se aplica en forma contradictoria y sin apego al respeto a los derechos humanos.

He tenido la oportunidad de tratar a varios académicos extranjeros y salvo los de origen europeo o de Estados Unidos, la mayoría se queja de que el trato que reciben en los consulados mexicanos en el extranjero, que es por demás burocrático y autoritario, prevaleciendo una actitud de los funcionarios de mal trato y de abuso, negando el visado o retardando los trámites hasta cansar a los que solicitan ingresar a México para que desistan de viajar al país.

Y lo peor es que no tienen dónde quejarse, ya que las embajadas asumen una actitud de “te escucho, pero no te resuelvo”.

Es urgente una revisión a todas estas políticas y, sobre todo, que el tema del respeto y salvaguarda a los derechos humanos de los niños migrantes sea atendido en forma adecuada, evitando con ello los abusos y abandono que sufren por desgracia en su viaje a los Estados Unidos.