Como en todo el territorio nacional, el antorchismo bajacaliforniano está constituido por hombres y mujeres de los estratos sociales más pobres y olvidados de ese estado fronterizo, y su lucha social enarbola, por tanto, las mismas banderas que en el resto del país: vivienda, salud, educación, fuentes de empleo, apoyo a los productores directos de la ciudad y del campo; servicios básicos como agua, luz, drenaje, banquetas y pavimento; un medio ambiente sano y limpio; instalaciones culturales y deportivas; seguridad social y garantías para la vida y la integridad de las familias, las personas y su escaso patrimonio, entre otras similares.

Estructurados y educados por sus dirigentes, los antorchistas de Baja California saben muy bien que sus demandas no son ningún abuso de la “bondad” de los gobernantes, ni mucho menos un delito por el que deban ser criticados o sancionados por nadie, sino un reclamo legítimo de derechos que se hallan claramente formulados y garantizados por la Constitución del país y leyes derivadas; que, por tanto, quienes están fuera de la ley, es decir, los verdaderos delincuentes, son quienes se niegan a atender y resolver sus peticiones, pues con ello desacatan abierta y descaradamente las disposiciones legales en vigor. Saben también que sus peticiones no pueden ser vistas como si fueran dádivas que dependen únicamente de la “buena voluntad” y de la filantropía de los gobernantes; que a ellos, por tanto, no se les puede tratar como a un mendigo flojo y atenido que sólo sabe tender la mano para implorar “una limosna por el amor de Dios”; que, por el contrario, lo que reclaman lo han pagado, y pagado muy bien y por adelantado, con el trabajo productivo que aportan a la nación y con los impuestos directos e indirectos con que contribuyen al erario estatal y nacional. Y saben también, por último, que el sueldo mismo, las comodidades y hasta los lujos y excesos de los funcionarios, también los pagan ellos, y también por adelantado. De allí la “terquedad” y “empecinamiento” con que sostienen sus banderas de lucha.

Pues bien, como decía, los antorchistas bajacalifornianos vienen librando, desde que nacieron como organización, una lucha heroica y abnegada por conquistar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias; pero han buscado siempre lograrlo mediante el diálogo y la negociación razonados y razonables, respetando la normatividad y a los funcionarios encargados de aplicarla; rehuyendo, hasta donde es posible, los gritos, los sombrerazos y las protestas públicas; aguantando a pie firme, más de una vez, la soberbia, la prepotencia y las humillaciones con que suelen responderles los poderosos. Y, como en todos lados, el antorchismo en Baja California ha venido creciendo y consolidándose con estos procedimientos y a pesar de este difícil, tortuoso y engañoso camino, que a veces parece fácil, llano y prometedor, y a veces, las más, un desfiladero lleno de peligros.  Un caso típico es el actual gobierno del estado. Tanto en su campaña como en sus primeros pronunciamientos ya como gobernador, el panista Francisco Arturo Vega de Lamadrid sembró en mucha gente la esperanza de que, por fin, había llegado un político buen conocedor de su pueblo, sensible a las carencias de las mayorías empobrecidas, consciente de la difícil coyuntura nacional y mundial que se caracteriza por una monstruosa y absurda concentración de la riqueza en pocas manos, mientras la pobreza crece como una amenazante marea que pone en riesgo la tranquilidad social en el planeta entero. Se esperaba una bocanada de aire fresco que se tradujera en comprensión, sabiduría política, diálogo constructivo, voluntad firme para barrer los vicios del pasado, inmediato y remoto, y hechos contantes y sonantes para todos, pero en especial para quienes han carecido de lo elemental desde el principio de los siglos. Han pasado apenas 5 meses del nuevo gobierno y ya las bellas esperanzas se ha vuelto humo. En lo que respecta a los antorchistas, también ellos presentaron en tiempo y forma su pliego de demandas depurado, priorizado y reducido al mínimo, con la ilusión de que fuera resuelto sin retrasos ni objeciones; y también aquí la esperanza se ha evaporado al choque con una realidad que les muestra una cara dura y amenazante. Ninguna demanda significativa ha sido resuelta, ninguna gestión ha prosperado, ningún diálogo ha sido posible. Todo (argumentos, cifras, indicadores de pobreza) se estrella contra el muro de sordera y prepotencia del gobierno de Francisco Arturo Vega de Lamadrid. La gente comienza a añorar a los gobiernos anteriores.

Pero el nudo gordiano, el gran obstáculo que vino a provocar un amenazante salto cualitativo en el conflicto es, ¡asómbrese usted! un problema educativo: resulta que un centro escolar, fundado en una de las colonias más desoladas, polvorientas y miserables de Tijuana, pero que en poco tiempo ha logrado reunir una matrícula superior a los mil alumnos, demostrando con ello su absoluta necesidad y racionalidad, le ha puesto los pelos de punta al señor Gobernador y a su Secretaria de Educación, que, con argumentos que avergonzarían a un palurdo cualquiera, le niegan el reconocimiento oficial, el nombramiento y pago a la planta de maestros y la construcción de aulas definitivas en lugar de las casuchas de cartón donde ahora laboran. Los antorchistas, obviamente, rechazan los “argumentos” oficiales; ven en ellos el colmo del autoritarismo, la marginación y la discriminación reaccionaria, que niega a sus hijos el derecho a la educación. Y se han lanzado a la calle a exigir justicia y solución a sus demandas. El conflicto cumplió ya los dos meses, y la única respuesta del gobierno es la conocida, manoseada y desgastada maniobra de una guerra mediática, pagada por cierto con dinero público, para desinformar a la opinión con una versión falsa y distorsionada del problema, calumniar e infamar a los dirigentes antorchistas y, últimamente, para lanzar amenazas en su contra.

En este último tenor, las dirigencias Antorchistas local y nacional han recibido informes de buena fuente en el sentido de que el gobernador Vega de la Madrid prepara “un cuatro” al profesor Ignacio Acosta Montes para mandarlo a la cárcel por un buen tiempo. Nacho Acosta es un líder social con una sólida preparación profesional; es inteligente, culto y mesurado; es, además de líder en Baja California, Presidente de la Coordinadora Regional Antorchista del Noroeste, que agrupa a los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California; y es miembro distinguido de la Dirección Nacional Antorchista. De modo que su encarcelamiento será un feroz e inexcusable agravio a todo el Antorchismo Nacional, que responderá en tal caso con todo lo que esté a su alcance y según lo indiquen las circunstancias. La lucha por el reconocimiento del centro escolar en la colonia Unión Antorchista de la Delegación Ojo de Agua, en Tijuana, no se detendrá; y es, a partir de ahora, un asunto que incumbe a todo el Movimiento Antorchista del país.