Al iniciar su Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto (EPN), planteó que su gestión no se limitaría a realizar lo que la inercia le permitiera, sino su compromiso era emprender los cambios que el País requiere para resolver los grandes retos que plantea, lo que implicaba impulsar cambios profundos en la estructura de la sociedad mexicana, al conjunto de iniciativas incluidas en ese propósito les denominó transformaciones estructurales.

En ese inicio se presentaron una serie de propuestas que tenían que enmarcarse con la cobertura de un acuerdo nacional de las fuerzas decisivas del País, con esa idea se estructura, lo que más adelante,se denominaría como el Pacto por México. En él se logra consensuar el compromiso de importantes fuerzas partidarias del país. En torno al Pacto se aglutinaron los partidos PAN, PRI y el PRD, básicamente, Los tres partidos más grandes de la nación.

Cabe mencionar que los tres convinieron una agenda de cambios con alrededor de 94 compromisos de transformaciones para el país. Se debe destacar que el acuerdo de los partidos PAN, PRD y PRI tuvo la singularidad consistente en involucrar a la autoridad ejecutiva del gobierno central de la federación y dejar fuera a varios partidos que pertenecen al sistema político mexicano y a las autoridades ejecutivas de las entidades federativas. Los signatarios del documento se comprometieron a impulsar reformas legislativas vinculadas con los compromisos contenidos en el citado pacto; el gobierno a realizar las acciones administrativas y las fuerzas políticas a pugnar por las reformas legales y las acciones políticas para ampliar las libertades y derechos de los mexicanos.

El marco del acuerdo ha sido muy útil para, desde allí, impulsar la discusión y aprobación legal de las iniciativas, se han generado las discusiones y los acuerdos necesarios para que las iniciativas importantes, paulatinamente, vayan adquiriendo su estado de ley pero estas han presentado dificultades diversas para su aplicación.

Ante esas vicisitudes, algunos simplemente sostienen que el pacto ya dio lo que tenía que dar y lo que sigue será su disolución, así lo da a entender la conducta del PRD al retirarse de la mesa de discusión sobre la reforma Energética y la reforma Política. Sin embargo, no se ha considerado -y se impone reflexionar- sobre si lo que realmente sucede es que la estructura del pacto ya no es la adecuada para la situación que implica discusiones de mayor alcance y mayor profundidad. Uno  de los talones de Aquiles se debe ubicar en la actual conformación del federalismo mexicano, que por su estructura limita las posibilidades de dar a los cambios ya logrados en lo legislativo la posibilidad de su concreción en las leyes reglamentarias y de su aplicación. Para poder impulsar en las leyes reglamentarias las nuevas estructuras institucionales que permitan una real unificación de la acción estatal, se trata de posibilitar que los procesos des concentradores y los necesarios cambios institucionales integradores se den para el fortalecimiento y efectividad de la acción estatal sin demérito de la esencia democrática de nuestro sistema político. Así pues, debe quedar establecido que es urgente el diseño moderno de nuestro federalismo como elemento esencial de nuestro sistema democrático.

 En mi opinión, para seguir la perspectiva perfilada, en lugar de dar por agotado el proceso de concertación generado por el pacto se debería ampliar la participación de los actores importantes del país, tal es el caso de los ejecutivos de las entidades federativas que le otorgarían al pacto una más amplia consistencia y una mejor conformación, más plural, la constituiría en representativa y participativa. Con esos cambios se podría conseguir que las discusiones garanticen un sesgo de democracia institucional, representativa y participativa, de los que han sido elegidos como integrantes del gobierno democrático del país.

Cabe considerar que lo planteado significaría valorar la necesidad de institucionalizar una dinámica como la descrita en lo contenido en la Constitución general de la República, ello significaría el impulso de discusiones y acuerdos para conformar una estructura republicana distinta a lo que hoy tenemos: la integración de los gobernadores al grupo de signatarios del pacto podría significar avanzar en el terreno del nuevo federalismo.

Dejaré claro que nuestro sistema político con sus dos grandes vertientes presenta situaciones de incompatibilidad, se trata de un sistema político en el que las formas de acceso al poder, a la dirección del estado, se dan por la vía de elecciones legales y legitimas y que ha ocurrido un desajuste con el ejercicio de la toma de decisiones de gobierno en el día a día que aún corresponde con la estructura institucional propia de la situación de un sistema político con un partido dominante, casi único. Lo que hoy tenemos como vía de acceso al poder deberá hacerse corresponder con el diseño de instituciones políticas que aseguren la discusión con la profundidad suficiente para diseñar políticas que permitan superar los grandes retos del país. Así se podría resolver los problemas que hoy enfrenta la reforma educativa, en donde se manifiesta la no unidad de la acción del estado por los desencuentros en los distintos niveles de gobierno, de eso es expresión lo sucedido al Secretario de Educación en su visita a la Universidad Nicolaita, y de eso también es expresión lo que ha venido sucediendo en todo el país y especialmente en el Estado de Michoacán con los problemas de violencia y por tanto de seguridad pública. Para enfrentar todo eso y más se debe tender a unificar la acción estatal, lo que se puede lograr con una modificación de la estructura federal, fundando el poder republicano en la asamblea de la nación que aglutinaría a los ejecutivos de todo el país y replantearía la forma de funcionamiento de nuestras instituciones, así como, la estructura de las mismas. De inmediato nos podemos encaminar por ese sendero si con convenios entre la federación y las entidades federativas se fortalece la acción del estado y se perfila la nueva estructura del federalismo, esto se puede encausar si se toman medidas para fortalecer el funcionamiento de lo que hoy es la CONAGO, que tendería a evolucionar hacía lo que en el futuro sería la asamblea ejecutiva del poder republicano de México.

Correspondiendo con análisis científicos y técnicos que garanticen la efectiva solución de los grandes retos, pero que además tiendan a garantizar su viabilidad por el rumbo de crear instancias donde los líderes de la sociedad puedan discutir y sumar esfuerzos para el diseño de políticas que cuenten con el suficiente apoyo social que permita su definición precisa y su aplicación plena. Se trata de superar las limitaciones planteadas por los procesos de cambio en la estructura normativa del país y de su aplicación, superar por ejemplo lo que se manifiesta  en el ámbito de la educación en donde aprobada la reforma constitucional y sus leyes reglamentarias, la posibilidad de su aplicación se ve complicada por existir distintas opiniones en los diversos órdenes de gobierno y combinando con las opiniones no discutidas y consensuadas de los miembros del gremio magisterial, recordemos que los gobiernos de al menos tres entidades federativas tienden a llegar a definir vías para la aplicación de las reformas que corresponden con una dinámica particular de vida política propia de sus circunstancias, si existiera la instancia de poder ejecutivo republicana colegiada -que hemos propuesto- seguro que las preocupaciones de los ejecutivos estatales hubieran sido consideradas y la aplicación de las reformas sería asunto de algunos ajustes que no alterarían la dinámica de cambio y de avance. La misma dinámica sería considerada en el diseño de las políticas de seguridad, entre otras cosas los acuerdos sobre los mandos militares y policiales al depositarse en esas instancias, los mandos únicos serían una realidad y entonces sí que se cuiden los poderes fácticos incluidos los de la delincuencia organizada; la profesional y la ordinaria.

Lo mencionado sólo se puede lograr creando instancias colegiadas para incorporar en un ambiente sustantivamente republicano democrático y federalista que integre a los distintos niveles de gobierno, por medio de sus titulares. Para participar en las decisiones más trascendentes, se deberá crear un poder federativo que integre al ejecutivo federal y a los ejecutivos de las entidades federativas, y en el ámbito de las entidades federativas crear un espacio de discusión y resolución que integre a los ejecutivos de las entidades federativas y de los municipios respectivos de las correspondientes entidades federativas. Todo lo mencionado anteriormente se deberá plasmar en la estructura de nuestra carta magna, perfilar una nueva estructura de federalismo republicano.

Contaríamos con un ambiente más propicio para marchar hacia el nuevo país, evitando que lo acordado constitucionalmente se empantanara en su aplicación. Tenemos el ejemplo de lo que sucede con la reforma educativa que tuvo que enfrentar la resistencia de las organizaciones magisteriales al pretender implementar el funcionamiento del órgano de evaluación, lo más grave es que los desacuerdos entre órganos de gobierno se hicieron patentes: mientras la federación pugnaba por su aplicación los gobiernos estatales de modo diverso mostraban su desacuerdo, incluso alentando la resistencia de las organizaciones magisteriales. En la misma tesitura se debe caracterizar lo que sucede con los acuerdos sobre la seguridad en el País. Si aquí tuviésemos un nuevo modo de estructurar a los órganos de seguridad del país, es decir si los mandos fuesen nombrados por el poder republicano y no como ahora sucede, los designa el poder central de la federación. Se debe unificar el poder de los distintos órdenes de gobierno y las policías únicas sí tendrían viabilidad. De ese modo se tendría que abordar los cambios y la aplicación de los mismos, con ello de seguro que podríamos abordar y resolver mejor los grandes retos del desarrollo del país.

Con una nueva conformación tal como la describo se le daría mayor fuerza al conjunto de discusiones y se garantizaría la posibilidad de su aplicación. Seguramente que la reforma educativa tendría una nueva y vigorosa fuerza para su aplicación, permitiría considerar la opinión de los ejecutivos de las entidades federativas y ellos podrían vigilar que se tomen en cuenta sus preocupaciones, y el resultado sería, seguramente, que las reformas tendrían una suerte de legitimidad y fuerza, por tanto, las haría mucho más eficaces y eficientes.Ya con la firma de un convenio para la aplicación de la reforma educativa entre el gobierno federal y los ejecutivos de las entidades federativas se notó la fuerza que tendría la creación institucional de espacios de discusión y resolución colegiadas de los líderes institucionales de nuestro país.

Es de esperarse que lo mismo podría suceder si esas instancias institucionales que integren a los lideres institucionales del país para discutir decidir y aplicar políticas tendientes a resolver la problemática económica, laboral, financiera, de seguridad, y en general de desarrollo y bienestar de los mexicanos. Para lograr esto, las autoridades del país deberán estar dispuestas a aumentar el poder del estado mexicano cediendo espacios para crear sinergias que permitan fortalecer al estado, con cargo a una nueva distribución del poder con un moderno federalismo que asegure un estado fuerte federalista democrático, incluyente, plural. En él, los integrantes del sistema de gobierno y del estado mexicano tendrían asegurado un espacio de discusión y de participación en las decisiones sobre las políticas del país.

En este contexto adquiriría una nueva dimensión la naturaleza de los procesos electorales, entre otras cosas, se revaloraría la importancia de los perfiles de la capacidad de los candidatos a dirigir el país en detrimento de si son agradables o guapos, sin que se prohíba que además lo sean.

En su primera etapa el pacto fue diseñado para constituirse en el espacio de discusión y acuerdos entre las fuerzas políticas que aceptaron la figura y para lograr avances fue clave, su conformación le dio una dinámica muy considerable, cuando se presentaron sus avances el panorama pactista se tuvo que reforzar con negociaciones cada vez más intensas y difíciles, los temas al precisarse adquirían mayor complejidad y la conformación del pacto viene presentándose como insuficiente y justo cuando el asunto se vuelve crítico es entonces cuando se presenta la necesidad de reflexionar, si se necesita una nueva figura político institucional o si manteniéndola se puede tomar algunas decisiones para fortalecerla. En mi opinión el pacto permite y plantea como imperativo su fortalecimiento. Su actual conformación ha sido muy importante pero para la precisión de las reformas y para su aplicación es fundamental darle consistencia institucional a la participación en las decisiones de los cambios a los distintos órdenes de gobierno, me refiero a definir un lugar y momento para la intervención de los ejecutivos de las entidades federativas y las de los municipios, en principio incorporarlos al pacto para darles voz en las discusiones de los grandes temas y al mismo tiempo definir un lugar para que participen en las decisiones. El pacto debería integrar a su órgano central a los partidos políticos a los ejecutivos de los estados y en un segundo espacio integrar en cada entidad federativa  a los ejecutivos de los estados respectivos con sus correspondientes ejecutivos municipales.

Con todo esto empezaríamos a construir lo que yo denominaría la estructura de democracia indirecta representativa plural participativa e incluyente, así asegurar que en los foros de discusión no solamente se escuche a los distintos representantes de la sociedad sino que, se aseguraría la posibilidad de que sus propuestas sean tomadas en cuenta a la hora de formular y aplicar las decisiones.

Bajo la perspectiva descrita, tendremos un panorama que de cobertura al pacto para que sea capaz, además de propiciar las discusiones y posibilitar la aprobación de los cambios legislativos, generar las condiciones para su viabilidad y su aplicación (generando la posibilidad de elaboración de leyes secundarias y la aplicación de la normatividad). Los cambios que no repercuten en transformaciones efectivas, se convierten en inútiles y con frecuencia en instrumentos de simulación. Una nueva estructura del pacto podría garantizar la efectividad de los resultados del mismo. El pacto seguirá siendo muy útil, siempre y cuando, se realicen cambios que lo fortalezcan.