“Los investigadores no podemos desentendernos de las variables políticas de las que depende la eventual adopción de nuestras recomendaciones... Nuestro compromiso con la educación, si bien lo concebimos como un compromiso académico, es también un compromiso que se extiende a las responsabilidades ciudadanas y políticas, vinculadas con nuestro oficio profesional”.

Pablo Latapí Sarre. ¿Pueden los investigadores influir en la política educativa?. En Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 10, No. 1, 2008, p. 11.

El proceso de la Reforma educativa que inició con las modificaciones constitucionales y las leyes reglamentarias del año pasado continúa ahora con la revisión del modelo educativo de nuestro país. La convocatoria para los foros de consulta que organiza la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel federal con este fin se encuentra ya publicada en el siguiente sitio:

http://www.modeloeducativo.sep.gob.mx/index.html#convocatoria

En el documento que marca las bases de esta convocatoria, dirigida “…a los diversos actores involucrados en la educación básica, media superior y normal del país: maestros, padres de familia, alumnos, investigadores y estudiosos de la educación, autoridades educativas locales, organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general…” se plantea que a partir de las modificaciones legales realizadas y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece entre las cinco metas nacionales la de “México con una educación de calidad”, resulta obligado revisar las bases del modelo educativo vigente para ajustar los elementos necesarios que garanticen un sistema educativo que cumpla con las necesidades y aspiraciones de lo mexicanos.

La idea es revisar “los planes y programas, los materiales y los métodos educativos, entre otros…” en los niveles de educación básica, media superior y normal “considerando las particularidades regionales y contextos locales”.

Se realizarán tres foros nacionales –uno en el norte, otro en el centro y un tercero en el sur del país- y dieciocho foros regionales para recibir propuestas de todos los interesados que podrán inscribirse en la misma página web ya citada y presentar, ya sea de manera verbal durante las mesas de trabajo de los foros o por correo electrónico, un documento de máximo cinco cuartillas en el que se plantee con claridad la idea o ideas que se sugieren para mejorar los distintos elementos que conforman el modelo educativo nacional.

Las reacciones no se han hecho esperar y en algunos círculos académicos se muestra una oposición a la consulta con argumentos que van desde: “un modelo educativo no se consulta, se debate entre académicos especialistas”, hasta: “el gobierno impuso ya una reforma laboral y ahora pretende que va a consultar a los actores educativos”, pasando por la idea muy antigua y popular de que el gobierno “hace estas consultas sabiendo de antemano lo que va a modificar y solamente para aparentar que escucha a los ciudadanos y a los especialistas”.

Respecto al argumento acerca del orden de los cambios que sustenta que primero debió revisarse el modelo educativo y después hacerse la reforma constitucional y legal, ya he expuesto aquí mi posición. Creo que el orden adoptado fue el adecuado puesto que si se considera que el objetivo central de la reforma constitucional era retomar el gobierno de lo educativo que tenía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y establecer mecanismos para la creación de un Sistema de servicio profesional docente y de un organismo autónomo responsable de la evaluación de todo el sistema, este paso era fundamental como condición necesaria –pero ya hemos dicho aquí, no suficiente- para una verdadera reforma de la educación en el país.

Con relación al argumento de que se organiza una consulta solamente para aparentar puesto que ya se sabe qué se va a modificar del modelo educativo de antemano, considero que si bien existe este riesgo es fundamental que los actores del sistema educativo –fundamentalmente docentes, directores, investigadores, padres de familia pero también organizaciones civiles de todos los sectores- asumamos nuestro compromiso académico que como afirma Latapí es también un compromiso de responsabilidad ciudadana y política y participemos amplia, inteligente, crítica y propositivamente en esta consulta.

Debemos hacerlo sin ingenuidad y sabiendo claramente que existen “variables políticas de las que depende la eventual adopción de nuestras recomendaciones”, pero planteando con suficiente claridad y viabilidad de aplicación práctica nuestras propuestas.

“¿Pueden los investigadores influir en la política educativa?” se pregunta Latapí en la conferencia citada en el epígrafe. ¿Podemos los actores del sistema educativo, puede la sociedad civil influir en la política educativa? Podemos preguntarnos ahora: “Por supuesto que sí, pero en forma limitada y con ciertas condiciones; sobre todo, en la convergencia con coyunturas políticas favorables” responde Latapí. Ojalá seamos capaces de aprovechar esta coyuntura favorable y aportar elementos para construir el modelo educativo que nuestro país necesita y merece.