Con profunda consternación y perplejidad me enteré ayer del asesinato de Oscar Samuel Malpica Uribe y no pude menos que rememorar la etapa intensa, desgastante y para él trágica, lapso que nos tocó compartir.

Una vez que el gobierno de Mariano Piña Olaya no consiguió amedrentarlo y hacerlo desistir de su lucha por la dignidad de la BUAP, usó la estrategia de implicarlo en delitos que lo llevaran  a la cárcel.

“Convencieron” a su esposa Guadalupe Moreda Torre para que presentara una denuncia por abandono de persona y lesiones en su contra, la que desde luego se tramitó con extrema rapidez y sigilo y se dictó la orden de aprehensión en su contra. Una vez recluido en el penal de San Miguel se integró una nueva averiguación previa por peculado en contra de la institución universitaria presentada por el rector  Mónico Juvencio Monroy Ponce. Teniendo la convicción de que se trataba de una venganza política, le pidió a su familia que se comunicara con el periodista Alejandro C. Manjarrez, convencido que por su trayectoria independiente y recta era el único que podría ayudarle a demostrar su inocencia.

Una vez que se estableció el contacto, Alejandro consideró que la mejor estrategia era que yo, su esposa, me encargara de su defensa. Tomando en cuenta mi calidad de mujer, ex diputada y abogada. Debo manifestar que me costó trabajo aceptar la encomienda pues conociendo el desempeño del poder sabía que sería una empresa muy difícil.

En primer término tuve que luchar contra Samuel pues había decidido emprender una huelga de hambre hasta que se resolviera su caso. Le dije que eso era lo que querían sus enemigos y que por el contrario debería nutrirse para estar completamente lúcido y enfrentar a sus acusadores. Me hizo caso y cada comparecencia de sus detractores resultó un triunfo mediático y jurídico para él. Así mismo lo convencí de que escribiera sus puntos de vista sobre la situación de la universidad y me comprometí a sacar sus artículos (dentro de mis zapatos) y llevarlos al Universal de Puebla, para su publicación, la verdad con gran nerviosismo.

Cada triunfo jurídico que obteníamos hacía que se recrudecieran las condiciones en que se encontraba y se le privaba de alimentos enviándolo a la celda de castigo. Por lo que me convertí en asidua visitadora de la comisión de los Derechos Humanos, en donde mi ex compañera de estudios Rosario Green, enviaba a su personal para que lo sacaran de su confinación.

Una de las ocasiones en que sucedió este castigo fue cuando en un desfile del 1º de mayo un grupo de universitarios entre los que se encontraba su hermano David, apedrearon el presídium y todos se refugiaron abajo del mismo: para mala suerte el bisoñé de Alberto Jimenez Morales se quedó atorado en una silla.

Desde luego la juez cuarto de lo penal Margarita Palomino, realizó toda clase de artimañas para que no pudiera salir libre. Para ella el resultado fue su ascenso a magistrada y para nosotros un gran triunfo pues ganamos dos amparos y una revisión del Tribunal Colegiado de Circuito, Se estableció que la acusación no procedía porque un rector no es funcionario público y por ello no puede ser acusado de peculado. Inmediatamente se presentó una nueva orden de aprehensión pero ahora por fraude.

Finalmente la esposa de Malpica se desistió de su acusación y el ex rector Monroy declaró, después de que le increpara que lo volteara  ver a los ojos, que no tenía nada en su contra. Dijo que no ratificaba los cargos: “No tengo nada en contra de Malpica, como rector interino actué en defensa del patrimonio universitario, así que deberá ser la administración de José Doger la que ratifique o retire los cargos.”

Y en el último amparo el juez de distrito manifestó que “los argumentos de Margarita Palomino son totalmente ininteligibles, faltos de todo fundamento y conocimiento jurídico, lo que resulta extraño en una persona que debe ser perito en la materia”. Y la hicieron magistrada.  Se le exoneró de cualquier responsabilidad en el fraude de que se le había acusado.

La defensa política también fue intensa y me dirigí al Secretario de Gobernación para informarle de las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso de Malpica, lo que me valió que Piña Olaya no me volviera a dirigir la palabra y tomara represalias de auditoría para uno de mis hijos.

Finalmente cambió la administración estatal y llegó Manuel Bartlett a la gubernatura. Hablé con él y me prometió que si ganábamos un nuevo amparo, no intervendría y lo dejaría en libertad, lo que sucedió y cumplió su palabra.

Malpica fue reinstalado en la Universidad y se le pagaron sus salarios caídos. El continuó con sus luchas de reivindicaciones universitarias, participó en campañas políticas y por lo visto siguió con sus relaciones privadas intensas, lo que pudo ser la causa de su muerte. Utilizar ésta con fines electorales, resulta una perversidad que no merece su memoria. 

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