La diputada de Morena, Gabriela Chumacero Rodríguez, propuso reformar la Ley de Turismo con el objetivo de erradicar los espacios de impunidad y garantizar la integridad física de los usuarios al usar un hotel, motel o sitio de hospedaje.

La legisladora busca obligar a todos los establecimientos de hospedaje de estancia temporal —tales como hoteles, moteles, autohoteles y hoteles de paso— a implementar un Protocolo de Protección de Personas Usuarias ante situaciones de riesgo y emergencias médicas.

En la exposición de motivos de la propuesta, la legisladora Chumacero Rodríguez subrayó que las dinámicas operativas de los moteles y hoteles de paso (caracterizadas por el ingreso en vehículos, el pago automatizado o a través de ventanillas y el mínimo contacto con el personal) configuran un entorno de alta privacidad que, desafortunadamente, suele ser aprovechado para la comisión de delitos graves.

Como antecedentes prioritarios, la iniciativa evoca casos emblemáticos de violencia de género, como el feminicidio de la joven Mara Fernanda Castilla en 2017, quien fue trasladada a un hotel de paso.

Asimismo, se incorporaron estadísticas proporcionadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, las cuales revelan que entre los años 2024 y 2025 se registraron al menos 15 fallecimientos al interior de moteles en la entidad. De estas víctimas, siete eran mujeres, y las causas de muerte incluyeron homicidios, asfixia y traumatismos severos.

La diputada señaló que, ante escenarios de violencia, secuestro o trata de personas, el personal de estos establecimientos suele carecer de la preparación necesaria para intervenir o dar aviso oportuno a los cuerpos de emergencia.

La iniciativa con proyecto de decreto plantea adecuar el marco normativo para que los comercios de hospedaje temporal dejen de ser observadores pasivos y adopten medidas estrictas de prevención.

En primer lugar, se establece la adopción de un lineamiento oficial estructurado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, enfocado en la detección precoz de situaciones de violencia y la asistencia médica inmediata.

Para asegurar su correcta aplicación, todo el personal operativo y administrativo tendrá que recibir capacitación obligatoria mediante talleres —al menos una vez al año— sobre primeros auxilios, sensibilización en derechos humanos y protocolos de actuación en crisis.

Asimismo, las reformas exigen la instalación de mecanismos de comunicación y auxilio accesibles dentro de las habitaciones, tales como teléfonos directos a la recepción o botones de pánico, para que los usuarios puedan solicitar ayuda inmediata ante cualquier amenaza.

Adicionalmente, el proyecto introduce la obligación legal de preservar la escena del crimen; en caso de detectarse un posible hecho delictivo o el hallazgo de personas lesionadas o sin vida, los establecimientos deberán resguardar la habitación y evitar la alteración de indicios, facilitando así las labores de investigación de las autoridades competentes.

Finalmente, la diputada Gabriela Chumacero enfatizó que estas directrices respetarán rigurosamente el derecho a la intimidad y privacidad de los clientes, puesto que no facultan la instalación de cámaras de videovigilancia al interior de los cuartos ni dinámicas de espionaje. La reforma busca estrictamente salvaguardar vidas humanas mediante la corresponsabilidad del sector turístico en la seguridad pública. La propuesta fue turnada a las comisiones del Congreso local para su respectivo análisis y dictaminación. (MCJ)