En medio de los procesos penales contra activistas por la defensa del agua en Puebla, especialistas en derechos humanos y defensores sociales advirtieron que la protesta social atraviesa un proceso de criminalización impulsado desde el Estado, el cual utiliza figuras legales para convertir en delitos acciones que están protegidas por normas nacionales e internacionales.

Durante el Foro de Denuncia: La Criminalización de las Luchas Sociales y la Persecución Política y Judicial, abogados, activistas y defensores coincidieron en que las manifestaciones públicas forman parte del ejercicio de la libertad de expresión por lo que no deberían derivar en procesos penales.

Del derecho a protestar al riesgo de enfrentar un proceso penal

El abogado Tonatiuh Sarabia integrante de la defensa legal de los activistas Renato Romero y Pascual Bermúdez, sostuvo que la persecución contra integrantes de movimientos sociales no puede analizarse únicamente desde el ámbito jurídico, ya que responde a conflictos políticos y sociales donde suelen privilegiarse intereses económicos sobre los derechos de las comunidades.

“Puebla tiene una tradición, pese a los cambios de gobierno siempre se utilizan las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia para tratar de desviar las luchas sociales que tiene el origen en problemáticas sociales” declaró.

Señaló que en Puebla existe un antecedente constante del uso de las instituciones para desviar luchas hacia procesos penales como el caso de los pobladores que se manifestaron en Santa María Zacatepec por la defensa del agua, así como el proceso que actualmente enfrentan Renato Romero y Pascual Bermúdez por el bloqueo de la autopista.

Por su parte, Antonio Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, sostuvo que el derecho a la protesta social está protegido por el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y que el Estado mexicano está obligado a respetarlo, garantizarlo, protegerlo y promoverlo, al haber suscrito tratados y convenciones internacionales.

Represión por la vía judicial

Durante el foro, el defensor de derechos humanos Martín Barrios advirtió que la criminalización no solo afecta a quienes defienden el territorio o los recursos naturales, sino también a integrantes de movimientos feministas, de la diversidad sexual y de otras causas sociales.

Afirmó que la persecución puede manifestarse mediante procesos judiciales y otras formas de presión institucional, por lo que llamó a fortalecer la organización ciudadana y el trabajo de los medios independientes para visibilizar estos casos.

Por otro lado, el activista Renato Romero sostuvo que el bloqueo de carreteras es históricamente una herramienta de resistencia utilizada por las comunidades cuando consideran que sus demandas no son escuchadas.

Aseguró que criminalizar esta forma de protesta significa ignorar el origen de los conflictos, particularmente aquellos relacionados con el saqueo del agua por parte de empresas.

Romero cuestionó que las autoridades centren su atención en las afectaciones ocasionadas por las movilizaciones, mientras dejan de lado las problemáticas que dieron origen a las protestas y que afectan a las comunidades.

Los participantes concluyeron que la protesta social seguirá siendo una herramienta para defender causas como el acceso al agua, el territorio y otros derechos colectivos. (MCJ)