La tarde del pasado jueves 11 de junio se desató un escándalo mediático que se viralizó en redes sociales por el abuso policiaco contra una madre de familia que ingresó al área ubicada en la 5 Norte por la calle 14 Poniente, donde se le marcó el alto para indicarle que circulaba en un espacio no permitido para los automovilistas en el municipio de San Andrés Cholula.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de San Andrés Cholula, la mujer hizo caso omiso y emprendió la huida. La detuvieron más adelante, donde los videos de las redes exhibieron excesiva fuerza policiaca contra ella y sus hijos menores de edad que le acompañaban

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación contra el actuar de los policías que llevaron a cabo la detención.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla levantó tres quejas en relación al hecho, por el probable uso indebido de la fuerza pública, la inobservancia de las autoridades municipales al interés superior de la niñez y la difusión pública indebida de imágenes.

La presidenta municipal, Guadalupe Cuautle, debe rendir cuentas pues la violencia policial ejercida en demasía estuvo a cargo de mujeres policías que aparecen en el video. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio depende de la alcaldesa y debe una explicación a la ciudadanía, que está molesta.

Exhorto de Gobernación

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla emitió un comunicado en relación con los hechos ocurridos en San Andrés Cholula, donde expresó lo siguiente.

“Desde la Secretaría de Gobernación, mantenemos el compromiso de trabajar con todos los órdenes de gobierno para garantizar el respeto a los derechos humanos.

“Entendemos que la intervención policial debe proteger la vida, respetar los derechos humanos y cuidar especialmente a niñas, niños y adolescentes, por lo que, exhortamos a las autoridades municipales de San Andrés Cholula y demás municipios a verificar que los protocolos de actuación de sus fuerzas de seguridad se encuentren actualizados, a fin de garantizar que se apliquen correctamente sin cometer posibles abusos.

“Entendemos que había una posible situación de riesgo, sin embargo, ninguna actuación policial debe estar por encima de la integridad de cualquier ciudadano, en especial de los menores de edad. Estaremos pendientes del desarrollo de las acciones legales de las instancias correspondientes, a fin de garantizar la correcta aplicación de la ley”.