Ya pasaron dos meses desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 480 del Código Penal estatal que castiga el ciberasedio y el Congreso de Puebla no lo derogó aún de la Ley ni lo declaró inaplicable en su Orden Jurídico.

El 14 de abril la Suprema Corte dejó sin validez el artículo 480 porque consideró que vulnera los principios de taxatividad y da pie a una aplicación arbitraria de la norma para limitar la libre expresión, así que en Puebla el ciberasedio no se puede sancionar.

El diputado por Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco, reveló para e-consulta que ni él ni sus compañeros fueron notificados sobre si se eliminará del Código Penal la ley de ciberasedio o si se declarará inaplicable.

“Es hora de que el secretario general y el director jurídico (del Congreso de Puebla) no han notificado. Solo ellos saben en qué situación están los temas y eso no puede seguir”, protestó.

Aunque el Legislativo puede eliminarlo o establecer que no tiene efecto, a fin de evitar que se discuta esta problemática entre autoridades, el tema ni siquiera se ha expuesto en el Pleno, criticó la diputada panista Susana Riestra Piña.

El documento que aparece en el portal del gobierno del estado indica que su última reforma ocurrió el “5 de junio de 2025”: aún aparece la validez del ciberasedio, no se eliminó ni se especificó su inaplicabilidad.

A pesar del rechazo al artículo 480 por la SCJN, el presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar, anunció el 21 de abril que no se presentará una nueva ley de ciberasedio a menos que sea una propuesta que elaborada en consenso entre asociaciones civiles y expertos.

Micalco exige destitución de Polo de Lara y jurídico del Congreso

El diputado local panista Rafael Micalco pidió la remoción del secretario general del Congreso, Leopoldo de Lara Varela, y del director Jurídico, Jesús Juárez Lezama, por su actuar omisos ante las controversias de la SCJN hacia el Legislativo y porque siguen sin dar razón al respecto del ciberasedio.

Rafael Micalco determinó que este asunto se debe tratar entre los 41 diputados para cumplir con las sentencias de la Corte, pues no es la primera vez que ambos funcionarios ocultan asuntos jurídicos al Pleno.

(JRLM)