Padres de familia y usuarios de redes sociales reactivaron señalamientos contra el plantel 24 del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP), ubicado en Zapotitlán de Méndez, al denunciar presuntos actos de acoso y cobros indebidos para aprobar materias, conductas que, según testimonios difundidos recientemente, continuarían ocurriendo pese a reportes realizados desde hace al menos un año.

Las acusaciones apuntan principalmente contra un docente identificado en publicaciones ciudadanas como Rogelio Rodríguez, a quien exalumnas y familiares señalaron presuntamente de ejercer presión mediante calificaciones y supuestas amenazas académicas hacia estudiantes, particularmente de los últimos semestres. Hasta el momento, no existe información pública oficial que confirme una sanción o procedimiento legal en torno a estos señalamientos.

Los nuevos comentarios difundidos en plataformas digitales muestran posturas divididas. Mientras algunos ciudadanos pidieron una investigación inmediata y respaldo a posibles víctimas, otros exigieron pruebas formales y consideraron indispensable que cualquier denuncia sea presentada ante instancias educativas y ministeriales para evitar que el caso quede únicamente en el terreno de los señalamientos públicos.

No es la primera vez que el plantel enfrenta cuestionamientos

En años recientes, padres de familia hicieron públicas inconformidades relacionadas con presuntas irregularidades administrativas, operación de la cooperativa escolar y supuesta omisión directiva ante reportes internos, lo que incrementó la preocupación entre integrantes de la comunidad educativa.

Entre los testimonios compartidos también surgieron acusaciones sobre alimentos en mal estado, altos costos en productos escolares y supuestas conductas impropias por parte de personal educativo, versiones que refirieron, requieren una investigación formal por parte de las autoridades competentes para determinar responsabilidades.

Ante el resurgimiento de las acusaciones, padres de familia demandaron que el COBAEP y la Secretaría de Educación del estado esclarezcan los señalamientos y definan si existen expedientes abiertos o acciones internas. Mientras no haya un pronunciamiento oficial, el caso permanece en el terreno de denuncias públicas hechas que ocasionan desconcierto e incertidumbre por la comunidad escolar. (KR)