Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, descartó solicitar licencia para enfrentar las acusaciones que el gobierno de Estados Unidos le imputó junto a nueve funcionarios por vínculos con el crimen organizado; también rechazó los señalamientos al afirmar que se trata de un ataque contra la soberanía.

En una entrevista a medios, el gobernador de Sinaloa respondió a los señalamientos, al asegurar que no pedirá licencia a su cargo para enfrentar los señalamientos de la Corte de Nueva York relacionados con el narcotráfico y conexos con armas.

El gobernador Rubén Rocha Moya declaró que dará seguimiento a un hipotético proceso judicial de la Fiscalía General de la República (FGR) en caso de que se realice, pues no tiene nada que temer ante las acusaciones.

Fuero y competencias judiciales: el papel de la Fiscalía

El gobernador de Sinaloa se encuentra protegido por el fuero constitucional regulado por el artículo 111 de la Constitución Política, la cual impide que ciertos funcionarios sean detenidos o juzgados mientras se encuentran en funciones sin un procedimiento de por medio.

Aunque exista una acusación formal por parte de la Fiscalía de Nueva York, Rubén Rocha Moya no puede ser procesado, aunque sí puede ser investigado ya que la medida de protección sólo aplica sobre procesos penales.

En ese sentido el papel de la FGR sería integrar una carpeta de investigación y solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero en caso de ser necesario; de ser aprobada el gobernador de Sinaloa perdería la inmunidad para ser imputado y detenido, mientras el Congreso local podría separarlo de su cargo.

¿Por qué Rubén Rocha Moya no puede ser extraditado?

La tarde del miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció una solicitud hecha por el gobierno de Estados Unidos para ejecutar varias detenciones provisionales con fines de extradición.

Aunque no mencionaron de quién se trataba, horas antes el Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos por vínculos con el narcotráfico y posesión de armas.

Sin embargo, la SRE desestimó en un comunicado la solicitud al argumentar que la Fiscalía no anexó las pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de los implicados, por lo que el caso fue turnado a la FGR, quien evaluará el caso conforme a la norma mexicana. 

Por tratarse de un delito federal, la FGR podría abrir una investigación en contra de los 10 funcionarios señalados y de ser el caso solicitar el desafuero con el que se podría iniciar el proceso penal en México y sería la SRE quien inicie el proceso de extradición a Estados Unidos.

Con información de Proceso (MCJ)