La Auditoría Superior del Estado (ASE) no será utilizada como un "garrote político" durante la revisión de las cuentas públicas, ya que es un órgano autónomo ajeno al gobierno del estado, afirmó su titular Germán Reyna y Herrero.

Asimismo, el auditor negó mantener cualquier tipo de relación laboral con el gobernador Alejandro Armenta: “En este momento no tengo ningún vínculo laboral, lo que nos une es el compromiso de servir a Puebla”, puntualizó.

En rueda de prensa, Reyna y Herrero detalló que la ASE Puebla se encuentra revisando las cuentas públicas de los sujetos obligados conforme al marco normativo vigente. Con ello, garantizó que las investigaciones se cumplirán estrictamente bajo la ley, sin sancionar a ningún ente con fines de afectación política.

Diversas fuentes periodísticas señalaban que Germán Reyna y Herrero colaboró con Alejandro Armenta como su asistente durante su periodo como senador (2018-2024).

Esta situación fue criticada durante el proceso de selección del auditor Superior del Estado; no obstante, Reyna negó conflictos de interés y sostuvo que su elección por parte de los diputados se debió exclusivamente a su experiencia profesional.

En ese sentido, reiteró que es una persona sin compromisos con partidos políticos, lo cual le permitirá desarrollar su labor sin "mandatos" y comportarse de forma imparcial.

Por otro lado, el auditor presentó ante el Congreso local su programa de trabajo 2026-2033, el cual tiene como eje central una reforma legal para agilizar la fiscalización de los recursos públicos.

La iniciativa busca modificar la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado para que las denuncias ciudadanas sean atendidas de manera inmediata. El proceso está condicionado a la revisión de la Cuenta Pública anual, lo que ralentiza las investigaciones.

“Buscamos replicar el modelo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para actuar en el momento exacto en que se detecte una irregularidad”, explicó.

Con este cambio, se podrían fincar responsabilidades administrativas a servidores públicos sin necesidad de esperar al cierre del ejercicio fiscal, incentivando la participación ciudadana y garantizando consecuencias legales rápidas ante presuntos desvíos. (MCJ)