El Instituto Nacional Electoral analiza una propuesta para actualizar el diseño de la credencial para votar correspondiente al periodo 2026-2031, con nuevos elementos de identificación y mejoras tecnológicas que fortalecerían su seguridad.

La iniciativa fue revisada por la Comisión del Registro Federal de Electores, que avaló presentarla ante el Consejo General del INE para su posible aprobación.

De concretarse, los cambios aplicarían en futuras emisiones del documento.

¿Qué datos nuevos podría incluir?

Entre los ajustes más destacados está la posibilidad de incorporar de forma opcional la identidad de género autopercibida y la autoidentificación indígena o afromexicana.

Ambos campos serían voluntarios y declarativos, sin necesidad de presentar documentación adicional.

Quienes lo deseen podrían elegir si su credencial muestra el campo de sexo o de género.

En este último caso, el formato contempla tres opciones: "M" para mujer, "H" para hombre y "NB" para personas no binarias.

Asimismo, el proyecto permitiría a los ciudadanos indicar si se reconocen como parte de un pueblo indígena o afromexicano, con el fin de enriquecer el conocimiento sobre la diversidad social del padrón electoral nacional.

Mejoras tecnológicas y de seguridad

El INE también estudia actualizar los códigos QR del documento e implementar sistemas criptográficos más robustos para proteger la información contenida en la credencial frente a posibles falsificaciones.

Una de las mejoras más relevantes sería la integración de dos huellas dactilares del titular.

Esto permitiría verificar la identidad del portador mediante procesos biométricos en instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

¿Qué quedó fuera de la propuesta?

Durante el análisis técnico también se evaluó incluir un distintivo de discapacidad, referencias a la donación de órganos e información en sistema braille. Sin embargo, ninguno de estos elementos forma parte de la propuesta que se presentará al Consejo General.

El organismo electoral aclaró que cualquier modificación deberá cumplir con la legislación vigente y superar evaluaciones técnicas antes de que el nuevo modelo pueda implementarse. La aprobación final corresponde al Consejo General del INE. (LV)