La organización Red Civil por la Democracia emitió un posicionamiento donde manifiestan su rechazo por la construcción del sistema de transporte por cable (cablebús), que el gobierno del estado tiene programado desarrollar en la ciudad de Puebla.

A través de un comunicado el colectivo, que conforman académicos y periodistas, dio a conocer argumentos de tipo técnicos, de costo-beneficio, y afectaciones ambientales; así como la opacidad del proyecto ante la reserva del gobierno estatal de los estudios técnicos por cinco años, al contravenir el derecho a la información de la ciudadanía sobre proyectos públicos y el uso de recursos del erario; y la falta de disposición para abrir a la ciudadanía el diálogo para su participación en la discusión pública.

El posicionamiento lo respaldaron miembros de organizaciones como la Observatoria Ciudadana Urbana y Ambiental para el Estado de Puebla y el Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, así como académicos y ciudadanos en general.

A la opinión pública

Recientemente se han iniciado las obras de construcción del sistema de transporte por cable (Cablebús) en la ciudad de Puebla; proyecto impulsado por el Gobierno del Estado, con el objeto de aliviar la problemática situación de la movilidad en la Angelópolis.

Pero en opinión de especialistas en la materia, y de distintos actores sociales y académicos, dicho proyecto resulta disfuncional, dadas las condiciones geomorfológicas de la zona; Puebla es una ciudad mayormente plana, en la que los desniveles de terreno no resultan significativos y, por tanto, no justifican un tipo de transporte como el mencionado, mismo que alcanza un costo de 6 mil 756 millones de pesos, a razón de 496 millones de pesos por kilómetro, en claro contraste con el costo de 411 millones de pesos de la Línea 3 del Cablebús de la Ciudad de México.

El cablebús solo cubrirá el 2 por ciento de la demanda total de servicio de transporte público; es decir, solo beneficiará a 25 mil usuarios por día, constituyendo una desproporción entre costo y beneficio, cuando de aplicarse ese recurso en otras alternativas de transporte, los beneficios serían más altos.

Comparativamente, la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), mueve alrededor de 250 mil personas diariamente, y su costo fue de 4 mil 500 millones de pesos.

El mismo diseño de las rutas del Cablebús no mantiene algún tipo de conectividad con el resto de los sistemas de transporte urbano, lo que provocará un mayor gasto en desplazamientos de las familias que lo utilicen. Además, con la escasa información que ha sido dada a conocer, expertos han planteado la hipótesis de que el recorrido proyectado del cablebús deja fuera a personas que viven en zonas de alta marginación y que tienen serios problemas de transporte.

A diferencia de la Ciudad de México (el viaje cuesta 7 pesos), el costo del pasaje en Puebla oscilará entre 10 y 12 pesos.

Paralelo a las condiciones estrictamente técnicas, las diversas agrupaciones dedicadas a estudiar la movilidad y la protección al medio ambiente han advertido con argumentos que el cablebús traerá un profundo daño a la ya de por sí mermada situación ambiental de Puebla, afectando áreas verdes como el Parque Juárez, el Parque Ecológico, el Cerro de Amalucan, el Parque Biblioteca y el Deportivo Xonaca, además de talar alrededor de 900 árboles para su realización.

En cuanto a la regulación que rige el ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano de la ciudad de Puebla, el proyecto del Cablebús es incompatible con la Carta Urbana y la Tabla de Compatibilidades de los Usos del Suelo que son parte del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, el cual tiene carácter de ley; su modificación debió haber pasado por todo un proceso que contempla, entre sus fases, consultas públicas antes de su aprobación por parte del Cabildo municipal y la publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Al poner en marcha la ejecución del proyecto del cablebús sin modificar el Programa, se están transgrediendo la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, vigentes desde 2016 y 2017 respectivamente.

Lo más preocupante del caso es el carácter antidemocrático que sostiene el proyecto del cablebús en Puebla, al reservar por 5 años los informes técnicos referentes al mismo, en nombre de la Seguridad de Estado, lo que a todas luces resulta un contrasentido para la vida democrática.

Sin información no es posible evaluar la política pública que implica el proyecto.

Con todos los cuestionamientos técnicos mencionados y la falta de participación social en la elaboración del proyecto, la construcción del cablebús se percibe en la opinión pública como una ocurrencia que tendrá enormes costos económicos y sociales para la ciudadanía y que no atenderá de fondo la urgencia de tener un transporte público eficiente y seguro.

La falta de transparencia sobre el proyecto enlatando la información por cinco años, no solo impide evaluar si el costo de casi 7 mil millones de pesos corresponde a la magnitud de la obra, sino que se está transgrediendo gravemente el derecho a la información de la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos.

A ello hay que añadir la reacción del Gobierno del Estado de Puebla ante el legítimo reclamo ciudadano de información. Alejandro Armenta Mier y quienes se han encargado de difundir la escaza información que se tiene, no solo responden con evasivas las interrogantes ciudadanas; al mismo tiempo, descalifican toda crítica o propuesta distinta a su proyecto, estigmatizándola, o bien, atribuyéndose, a sí mismos, una supremacía moral, incompatible con una sociedad plural como la nuestra.

Lamentablemente, se ha advertido en el discurso oficial que estamos ante un ejercicio de gobierno eminentemente antidemocrático, tanto por su opacidad y ausencia de rendición de cuentas como por su talante prepotente; ejercicio político que contraviene la marcha del país y las legítimas aspiraciones de participación ciudadana en la vida pública de los municipios y del estado.

Como lo hemos demostrado en unas cuantas líneas, ante la falta de transparencia sobre el proyecto del Cablebús en Puebla, este se percibe como una obra en construcción carente de la más elemental racionalidad científica que lo sustente, perjudicial para las pocas áreas verdes y el medio ambiente de la ciudad, imposible de evaluar como política pública que ayudará a resolver el problema de movilidad, presumiblemente ilegal y, al margen de una discusión amplia entre ciudadanos, se impone como una arbitrariedad personal, pasando por alto que uno de los principios de la democracia es limitar el “decisionismo” del Ejecutivo.

ATENTAMENTE

RED CIVIL POR LA DEMOCRACIA

• Roberto Borja Ochoa
• Jorge Alberto Calles Santillana
• Juan Carlos Canales Fernández
• José Luis Cardona Ruiz
• Patricio Eufracio Solano
• Alejandro Guillén Reyes
• Sergio Mastretta Guzmán
• Flora Molina Rodríguez
• Manuel Santiago Pérez Chalini
• Víctor Manuel Reynoso Angulo
• Eduardo Rodríguez Villegas
• Ricardo Téllez Girón López
• Assenet Lavalle Arenas, Observatoria Ciudadana Urbana y Ambiental para el Estado de Puebla
• Armando Pliego Ishikawa, Vocal del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial del Estado
• Mayra Moreno, asociación Fraccionamientos de Cuautlancingo A.C
• Juan Martín López Calva
• Verónica González Kladiano
• Gustavo López Ángel
• José Pablo López Calva
• Mayleth Echegollen Guzmán
• Gabriela Cristina Monsiváis Pérez
• Laura Rodero Candela
• José Antonio Ruíz Bosch
• Lorenia Garza Ponce de León
• Pablo López Calva
• José Alejandro Ramírez

(JRLM)