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La inspectora de la comunidad de San José Tetla, perteneciente al municipio de Piaxtla, denunció irregularidades en obras públicas, presión de autoridades externas y trato discriminatorio durante una mesa de trabajo en oficinas de Gobernación estatal, derivado de conflictos internos relacionados con el panteón comunitario y un pozo de agua potable inconcluso.

Guillermina Gómez, inspectora de la comunidad, junto con integrantes de la inspectoría entre ellas la tesorera Isabel García Reyes y la secretaria Montserrat Olmos Lozano señalaron que han solicitado en repetidas ocasiones al presidente municipal, Miguel Ángel Maceda Carrera, información técnica y financiera sobre la obra de un pozo de agua potable que, aseguran, permanece inconcluso y con adeudos de material.

De acuerdo con el testimonio de las representantes comunitarias, la obra se inició en la administración anterior y no existe información clara sobre el monto invertido ni el alcance total del proyecto.

Indicaron que, aunque solicitaron formalmente el expediente y citaron al edil a asambleas comunitarias, no obtuvieron respuesta y solo recibieron documentos parciales sin costos desglosados.

También señalaron que detectaron un documento de donación de terreno presuntamente irregular, cuyas firmas fueron desconocidas por las personas que aparecen como firmantes.

Este señalamiento fue expuesto por las autoridades comunitarias y no ha sido confirmado por instancia oficial.

El conflicto más reciente deriva de la construcción de una capilla funeraria dentro del panteón, la cual invade espacios y pasillos, por lo que se colocó un aviso de clausura con base en el acuerdo comunitario; sin embargo, la familia involucrada acudió ante instancias municipales y de Gobernación para inconformarse.

La inspectora informó que el delegado regional de Gobernación del distrito de Acatlán de Osorio, Dante Ramírez, acudió a la comunidad y después encabezó la vinculación para una mesa de trabajo en oficinas estatales.

En dicha reunión, el asesor jurídico Raúl Pineda, quien condujo la mesa, expresó textualmente que:

“Nuestra autoridad no tenía valor”,

“estábamos en exceso de funciones”,

“ni asamblea ejidal ni la comunidad tenían derecho a decidir sobre el panteón de la comunidad”.

De acuerdo con las denunciantes, el funcionario también afirmó:

“Desgraciadamente todavía las comunidades se rigen por usos y costumbres”,

“para las comunidades no había ley que nos protegiera”

y que “el único que tenía gobernabilidad era el presidente municipal”.

Cabe mencionar que la inspectora fue citada a la mesa de trabajo en oficinas de Gobernación pero debía acudir sola, aunque finalmente ingresó acompañada por su equipo.

Durante la reunión el funcionario jurídico les advirtió que la colocación del aviso de clausura podría constituir un exceso de funciones y consecuencias legales hasta llegar a la cárcel.

Tanto la inspectora como su equipo conformado en su mayoría por mujeres, sostienen que sus decisiones se basan en asamblea y usos y costumbres.

Después del encuentro, informaron que presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por presunto maltrato y trato intimidatorio por parte de funcionarios.

La inspectoría afirmó que la comunidad se rige por usos y costumbres.

Señalaron que las decisiones sobre panteón y espacios funerarios se toman en asamblea y sin cobros municipales, conforme a su práctica tradicional.

Finalmente señalaron que su intención no es causar más conflicto con la familia que construye la capilla porque entiende a final de cuentas ese es uno de los propósitos del presidente. (KR)

Oficio 462 Guillermina Gomez Sn Jose Tetla Piaxtla by municipios e-consulta