El Gobierno Federal recuperó mil 126 concesiones de minería, cuya área equivale a la extensión territorial del estado de Querétaro; fueron principalmente por que los concesionarios no cumplieron con los pagos por el uso o por estar en áreas naturales protegidas.

Del total de concesiones mineras recuperadas en lo que va de la administración federal actual, el 65 por ciento se encuentra en siete estados; el total de tierras recuperadas corresponde a 889 mil hectáreas del territorio nacional.

De las hectáreas recuperadas, 250 mil correspondían a áreas naturales protegidas, señaló Fernando Aboitiz, titular de Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en la Secretaría de Economía.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía federal, dijo este jueves que los objetivos del Estado a respecto son frenar la especulación sobre el territorio, proteger las áreas naturales y que las mineras se regularicen.

Los estados con mayor número de concesiones mineras recuperadas, de acuerdo a la información que proporcionó Aboitiz, fueron Coahuila, Zacatecas, Durango, Jalisco, Sonora y Chihuahua.

Recuperación minera en Puebla

La política de recuperación de concesiones mineras se estableció desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, para evitar la especulación y el mal uso de suelo nacional.

Si bien en la presentación de este jueves no se especificaron los casos o números de concesión específicos que se retiraron en Puebla, en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia para la revocación de la concesión de los lotes correspondientes a Cerro Grande y Cerro Grande 2, mineras ubicadas en Ixtacamaxtitlan, Puebla.

La extracción mineral llevada a cabo por la filial de la canadiense Almaden Minerals, Minera Gorrión, terminó en 2023, tras quejas de comunidades indígenas residentes.

Habitantes del ejido de Tecoltemi se opusieron a la extracción de oro y plata por parte de la minera canadiense, por lo que interpusieron recursos legales acusando la contaminación del suelo y el agua producto de los procesos de la explotación de los metales.

Aunque la minera contaba con respaldo de la ley para el aprovechamiento de recursos naturales, se revocó su concesión puesto que no consultó antes a las comunidades indígenas, quienes tienen derecho de injerencia en el territorio que habitan.

Con información de Radio Formula y El País (JRLM)