Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a Diego Rivera Navarro, alcalde en Tequila, Jalisco, por el delito de secuestro en contra de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez en 2021, además de la privación de la libertad de un comerciante.

El juez de control ordenó en la primera audiencia, que se realizó este viernes, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa tras presentarse pruebas por los delitos de secuestro y secuestro agravado en su contra.

La medida se tomó después de que la defensa de Diego Rivera solicitara la ampliación del término constitucional para determinar su situación jurídica en un plazo 144 horas, por lo que será el 10 de febrero cuando se defina su vinculación a proceso.

Diego Rivera, alcalde de Tequila, permanecerá recluido en el Altiplano mientras se llevan a cabo las indagatorias correspondientes.

Señalan a Diego Rivera por secuestro

Diego Rivera fue detenido el 5 de febrero junto a tres funcionarios en un despliegue del operativo enjambre por parte del gobierno federal.

Los implicados son el director de Seguridad Pública, Manuel N; el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel N; y el director de Obras Públicas, Isaac N. quienes también solicitaron la ampliación de su medida cautelar.

Todos fueron señalados por mantener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que las autoridades han identificado a Diego N como líder de una red de corrupción dedicada a la extorsión empresarios y comerciantes locales, además está ligado a un supuesto desvío de recursos del erario público.

Dentro de los cargos por delincuencia organizada, la Fiscalía General de la Republica (FGR) destacó su presunta participación en secuestro.

De acuerdo con la FGR, Diego Rivera Navarro es responsable del secuestro de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, quienes competían por la precandidatura por Morena a presidente municipal y suplente de Tequila en el 2021.

El secuestro se llevó a cabo mientras ambos se encontraban en un restaurante y obligó a sus víctimas a renunciar a su postulación y en su lugar lanzaron a Juan Gabriel N; se presume que contó con el apoyo de un notario y el respaldo del CJNG.

Sobre el secuestro agravado, Diego N y Juan Manuel N fueron señalados de privar de la libertad a un comerciante que se negó a pagar derecho de piso, aunque su identidad permanece en calidad de desconocida.

Con información de Reforma y Milenio (MCJ)