Coraje, dolor e impotencia son algunos de los sentimientos que expresan habitantes de Chalchicomula de Sesma tras los hechos ocurridos la semana pasada en el caso de Lydia Valdivia, donde se desplegó una amplia movilización de autoridades estatales, particularmente de la Fiscalía General del Estado (FGE), para lograr su localización.

La operación incluyó el cierre de carreteras, lo que mantuvo detenida por varias horas la circulación y afectó a cientos de ciudadanos ajenos a la situación.

Para algunos habitantes, estas acciones evidencian un uso desproporcionado de recursos frente a otros casos de personas desaparecidas que permanecen sin atención efectiva.

Vecinos y familiares de personas no localizadas señalan que, mientras en este caso se destinó personal, logística y operativos especiales, existen múltiples carpetas de investigación abiertas desde hace años que no registran avances sustanciales ni acompañamiento institucional constante.

“Parece que solo generando presión social, bloqueos o afectaciones a terceros se logra que las autoridades reaccionen”, lamentaron familiares, quienes aseguran que, en condiciones normales, sus denuncias no reciben seguimiento oportuno.

Entre los casos que continúan sin resolverse en el municipio se encuentran el de María Fernanda Martínez García, desaparecida el 17 de marzo de 2017; Erika Juárez González, reportada como no localizada el 5 de mayo de 2023; así como el de Gregorio Jiménez, cuyos familiares siguen sin recibir información clara sobre su paradero.

El malestar también se dirige hacia algunas instancias oficiales, debido a que en su momento —aseguran— no fueron atendidos de manera adecuada, pese a haber cumplido con los procesos legales y administrativos correspondientes.

No obstante, autoridades municipales han recordado que Chalchicomula de Sesma cuenta con una Célula de Búsqueda de Personas, la cual opera las 24 horas del día y tiene como función brindar atención inmediata a reportes de desaparición, canalizar denuncias y coordinar acciones con instancias estatales.

Familiares reiteraron el llamado a que todos los casos reciban el mismo nivel de atención, recursos y urgencia, sin distinciones, para garantizar el derecho a la búsqueda y a la verdad. (KR)