La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la adquisición de nueve camionetas Grand Cherokee para los ministros que integran el máximo tribunal del país.

La Corte justificó la compra de las camionetas Grand Cherokee, cuyo precio en el mercado oscila entre un millón 70 mil pesos y un millón 777 mil pesos, como medida para garantizar la seguridad de los ministros.

A través de un comunicado, la SCJN explicó que los vehículos antiguos, modelos entre 2019 y 2020, ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios, según dictámenes técnicos de autoridades federales, lo que motivó su sustitución.

Tarjeta Informativa | La #SCJN informa sobre la renovación de vehículos oficiales para ministras y ministros.  pic.twitter.com/sTftp30eiH

— Suprema Corte (@SCJN) January 22, 2026

“Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales”, se lee en el comunicado.

Acorde con diversos medios, el valor de mercado de estas camionetas oscila entre aproximadamente un millón 70 mil pesos y un millón 777 mil pesos por unidad, sin considerar posibles adecuaciones adicionales como el blindaje especializado.

En redes sociales las críticas por la compra de nueve camionetas Grand Cherokee para los ministros no se hicieron esperar.

Ante ello, la Corte respondió que el proceso de adquisición se llevó a cabo en paralelo a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”, se lee en el documento.

La renovación de la flotilla se da pocos meses después de la entrada en funciones de los nuevos ministros electos por voto popular en el proceso judicial extraordinario del año anterior, y ha reavivado el debate público sobre el equilibrio entre medidas de seguridad y el uso de recursos públicos en el aparato judicial. (MIG)