Debido a una protesta civil llevada a cabo este lunes frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra María Estela Ríos pospuso presentar un proyecto con el que los desalojos bajo mandato judicial no sean considerados desalojos forzosos.

Organizaciones civiles y colectivos contra los desalojos en la Ciudad de México se reunieron fuera de la SCJN; exigieron el freno al proyecto de Acción de Inconstitucionalidad: 73/2019, que buscó validar del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de CDMX.

Bloqueo en la SCJN.
Entre jalones y empujones la Ministra Loretta Ortiz Ahlf logró ingresar al edificio sede de la SCJN pic.twitter.com/IjT2avrKfT

— Michel Robles (@ZhAoNeRR) January 19, 2026

Señalaron que con esto un desalojo bajo mandato judicial no se considerará forzoso en la capital del país; al ser reconocido por la SCJN, sería un precedente para cualquier juicio o caso en el país.

La intención de la protesta fue exigir a la ministra que pospusiera la discusión del proyecto, el cual se encontraba en la lista de discusión del Pleno para este lunes. Colectivos se concentraron alrededor de las 08:00 horas en el sitio, en espera de que la ministra Estela Ríos y presidente Hugo Aguilar se reunieran con ellos.

El artículo 60, en observación desde 2019

Durante 2019, la ministra María Estela Ríos González propuso al Pleno de la SCJN avalar la reforma al artículo 60 que regula los desalojos en Ciudad de México. En su análisis, Estela Ríos señalo que la modificación del articulo no vulnera el derecho a la vivienda, sino que establece las garantías mínimas en protección de las personas.

En el articulo reformado se asegura que ninguna persona puede ser víctima de desalojo sin una orden judicial debidamente fundada y motivada, además deberá respetarse el derecho de audiencia y los procedimientos conforme a la Constitución, mientras que las instituciones deberán procurar la conciliación entre las partes.

La opinión de los manifestantes

Eduardo Alanís, integrante del Frente Antigentrificación, aseguró al medio La Silla Rota que durante el 2019 los legisladores del Congreso capitalino eliminaron en la Ley de Derechos Humanos, aquellos que incumben a las personas desplazadas por desalojo y en su lugar dejaron una redacción ambigua que empresas inmobiliarias podrían usar a conveniencia.

El Frente por la Vivienda Joven comentó que antes de la modificación del artículo 60 de la ley en 2019 existían garantías en materia de protección de los habitantes, que contemplaban la prohibición de los desalojos forzados, uso de la fuerza pública como último recurso, indemnización de daños ocurridos durante el desalojo y opciones de realojamiento a sectores vulnerables.

La Coalición Internacional para el Habitad de América Latina denunció que el proyecto de la senadora Ríos utilizó una argumentación superficial, ya que de mantener el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de CDMX en su versión actual, que es del 2019, deja sin protección explicita a personas que se encuentren en riesgo de perder su vivienda.

Con información de La Jornada, Animal Político (JRLM)