La colocación de una placa para identificar a la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres en Izúcar de Matamoros no representa, por sí misma, un avance sustantivo en la atención a la violencia de género.

Se trata de un acto administrativo simbólico que no modifica la realidad operativa del municipio, el cual carece de infraestructura, estrategia integral y recursos propios para enfrentar esta problemática.

Así lo evidencian los propios alcances reconocidos por la regidora de Equidad de Género, Marlith Venancio Lagunas, quien confirmó en entrevista que la unidad no es municipal, sino de carácter estatal, adscrita al área de Seguridad Pública.

El ayuntamiento únicamente brinda atención de primera instancia, orientación y traslado, sin contar con refugio municipal ni con una política local robusta de protección a mujeres víctimas de violencia.

Aunque se anunció la colocación de la placa como parte de la Alerta de Violencia de Género vigente en Puebla desde abril de 2019.

La funcionaria admitió que el municipio no dispone de patrulla naranja, ni explicó si los elementos policiales cuentan con protocolos claros y capacitación especializada para intervenir, resguardar y trasladar a mujeres en situación de riesgo, más allá del acompañamiento inicial.

La propia estructura de atención confirma que, en casos graves, las mujeres deben ser canalizadas a Casa Carmen Serdán, instancia estatal que sí cuenta con albergue, lo que deja en evidencia que Izúcar de Matamoros no tiene capacidad de resguardo propia y depende de redes externas para garantizar la seguridad de las víctimas.

Tampoco se presentó una estrategia municipal preventiva o de seguimiento, más allá de acciones de concientización y capacitación en escuelas, reconocidas por la regidora como “lo poco con lo que se puede abonar”, al tratarse —dijo— de una problemática nacional.

Violencia en aumento, respuesta mínima

Las limitaciones contrastan con el incremento de denuncias por violencia intrafamiliar en el municipio.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en 2024 se registraron 84 denuncias, mientras que de enero a diciembre de 2025 la cifra aumentó a 142, lo que refleja una tendencia al alza y una presión creciente sobre los sistemas de atención.

Pese a este contexto, la colocación de la placa no implica más personal, más patrullas, más refugios ni mayor capacidad de respuesta, sino únicamente la identificación formal de una unidad cuyos alcances ya estaban definidos y son limitados.

En los hechos, la medida cumple con lo mínimo permitido, pero no con lo necesario para atender una problemática estructural que sigue creciendo.

La señalética no sustituye la falta de infraestructura ni la ausencia de una política pública municipal integral que garantice protección real, acompañamiento sostenido y rutas claras de atención para las mujeres de Izúcar de Matamoros. (KR)