El Ayuntamiento de Cohetzala adquirió una retroexcavadora usada por un monto de un millón 640 mil pesos, pese a que una unidad nueva tiene un precio aproximado de un millón 758 mil pesos, de acuerdo con costos de la empresa Tracsa CAT.

Además, el gobierno encabezado por Héctor Guzmán Nájera presenta inconsistencias en la facturación de combustible, ya que se reporta la compra de gasolina, cuando este tipo de maquinaria opera con diésel.

Según documentación obtenida a través de solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ingresadas desde noviembre, el ayuntamiento adquirió la unidad mediante adjudicación directa a un proveedor identificado como Pedro Muñoz García, persona física.

Entre los documentos entregados por el ayuntamiento aparecen facturas de gasolina tipo “Extra” y “Supreme”, correspondientes a los meses de agosto y septiembre, con un gasto 91 mil 017 pesos en total, pese a que las retroexcavadoras solo utilizan diésel como combustible.

La facturación de ambos combustibles pone en duda el destino real de la gasolina y el diésel adquirido, así como los recursos públicos.

De acuerdo con información pública de Tracsa, es posible adquirir maquinaria nueva desde 101 mil 600 dólares más IVA (equivalente a 1,787,022.14 pesos mexicanos), en pago de contado, o bien acceder a un bono de ocho mil dólares ( 140,710.40 Peso mexicano) bajo ciertas condiciones comerciales.

Sin embargo, Cohetzala compró una unidad usada y de la cual no ha transparentado avalúos técnicos, comparativos de mercado o dictámenes de necesidad que justifiquen la adquisición.

En la respuesta oficial emitida por el área de transparencia municipal se reconoce que no existe un documento que sustente el proyecto, programa o diagnóstico técnico que motivó la compra de la retroexcavadora.

Incluso, en uno de los oficios entregados aparece una anotación que no fue eliminada: “(Verificar con desempeño como brindar una mejor respuesta o argumento)”.

Los documentos oficiales también presentan errores en el nombre de la titular del área de Transparencia, escrito de dos formas distintas: “González” y “Congalez”.

A ello se suma que el ayuntamiento tardó varios meses en responder la solicitud de información.

Ante estos señalamientos, ciudadanos solicitaron que la Auditoría Superior del Estado (ASE) revise la operación para determinar si existen irregularidades administrativas o un posible daño al erario. (KR)