Saldo de ocho detenidos dejaron las movilizaciones de este jueves en Mineápolis, Estados Unidos, luego de que ciudadanos protestaran por el asesinato de Renee Good a manos de un agente del ICE y las recientes redadas antinmigrantes.

Las protestas iniciaron el miércoles 7 de enero, luego de que el gobierno de Estados Unidos enviara, desde principios de diciembre, cerca de dos mil agentes federales a Mineápolis.

Tras el despliegue impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los ciudadanos de Mineápolis han protestado frente a al Bishop Henry Whipple Federal Building, lugar donde se concentran los agentes de inmigración.

La mañana de este jueves diversos grupos de manifestantes se concentraron frente al edificio federal.

Hubo enfrentamientos con agentes federales después de que Gregory Bovino, alto funcionario de la Seguridad Fronteriza, se hiciera presente en el lugar.

Dichos enfrentamientos, son los que derivaron en el arresto de ocho personas.

El 7 de enero Renne Good recibió varios disparos mientras protestaba en contra de la presencia de agentes en la ciudad de Mineápolis.

Según vecinos, y los videos compartidos en redes sociales, Renne se encontraba dentro de su vehículo bloqueando la vía cuando un agente se acercó al auto.

Ella decidió alejarse conduciendo, sin embargo, los elementos descargaron sus armas al momento.

Aunque las imágenes compartidas en redes sociales muestran que el vehículo nunca tocó al agente, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, declaró que la mujer abatida utilizó su vehículo como arma en contra de los agentes migratorios.

En cuanto al oficial implicado, asegura que su actuar fue en defensa propia. 

Parte de los inconformes acudieron con máscaras y gafas para protegerse de los gases que agentes ya habían lanzado en las primeras protestas.

Los manifestantes también acusan a Gregory Bovino como el responsable la muerte de Good, y piden el retiro de los agentes de la ciudad.

Luego del incidente cientos de personas se reunieron el lugar para despedir a Renee.

Por su parte, los alcaldes y el gobernador han rechazado la declaración de la secretaria de seguridad y solicitaron el retiro inmediato de los agentes. (MCJ)