En México, cada cuatro días se inicia un proceso judicial contra periodistas por el ejercicio de su labor informativa, de acuerdo con un reporte de la organización Artículo 19.

Entre enero y julio de 2025, Artículo 19 documentó 51 casos de acoso judicial en contra de periodistas y medios de comunicación en el país.

El informe señala que, durante ese periodo, 39 periodistas —28 hombres y 11 mujeres—, así como 12 medios de comunicación, fueron notificados de procedimientos legales en su contra.

 Aumento sin precedentes del acoso judicial contra periodistas y medios en el país.

¡Es crucial entender esta amenaza a la libertad de prensa!

 Por ello, te invitamos a leer el reporte que presentamos este año:

 https://t.co/MOztKaPFK3 pic.twitter.com/Cd59i2yiQY

— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) December 26, 2025

Para Artículo 19, estos casos evidencian un uso faccioso del marco legal mexicano, lo que representa un riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información.

Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión, advirtió que esta tendencia ha sido observada desde 2016; sin embargo, en los primeros siete meses de 2025 se superó el número de víctimas registradas en cualquier año previo.

Por entidad federativa, Veracruz concentró el mayor número de casos con 10, seguido de la Ciudad de México con 9, Jalisco con 6 y Puebla con 3.

De estas cuatro entidades, tres son gobernadas por Morena y una por Movimiento Ciudadano.

Acoso judicial, para inhibir la libertad de expresión

Artículo 19 explicó que el acoso judicial implica el uso de distintas vías legales, tanto ministeriales como judiciales, con el objetivo de inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.

De los 51 casos documentados, 26 correspondieron a la vía electoral, lo que representa 50.98 por ciento; 14 se tramitaron por la vía penal, equivalentes a 27.45 por ciento, y 11 por la vía civil, con 21.57 por ciento.

Entre enero y julio de 2025 no se registraron casos de acoso judicial por la vía administrativa. Sin embargo, Artículo 19 expresó preocupación por dos tendencias: el uso de marcos normativos electorales durante el proceso electoral de 2024 y del Poder Judicial en 2025, así como el recurso recurrente al derecho penal, considerado el mecanismo legal más intrusivo, para silenciar a la prensa en México.

El reporte también indica que los perpetradores del acoso judicial suelen ser personas con poder público, aunque se documentaron múltiples casos iniciados por particulares.

De los procesos registrados, 23, equivalentes a 45.10 por ciento, fueron promovidos por personas funcionarias públicas, varias de ellas en proceso de reelección o de candidatura a un nuevo cargo; 18 casos, 35.29 por ciento, correspondieron a particulares, y 10 procesos, 19.61 por ciento, fueron iniciados directamente por partidos políticos o candidaturas sin un cargo público al momento de la agresión.

Ante el incremento de estos casos, Artículo 19 hizo un llamado a respetar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, al advertir que, de continuar esta tendencia, el espacio para el periodismo crítico se reducirá aún más.

México, el país donde el poder censura la libertad de expresión

En un solo mes, México registró dos casos de censura relacionados con procesos judiciales contra periodistas.

Uno de ellos es el del director de e-consulta, Rodolfo Ruiz, quien fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La investigación en su contra se abrió en 2020 y permaneció en pausa durante cinco años. Sin embargo, tras las investigaciones publicadas por e-consulta, en las que se documentaron anomalías en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), licitaciones del gobierno estatal y presuntos abusos en hospitales, el expediente fue reactivado en diciembre de este año.

Pese a las irregularidades señaladas durante las cuatro audiencias celebradas en la Casa de Justicia de la 11 Sur, así como a la falta de pruebas presentadas en su contra, el juez Daniel Baltazar determinó vincularlo a proceso y fijó un plazo de 45 días para la investigación complementaria.

Otro caso documentado es el del periodista de nota roja Rafael León, señalado por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Su detención ocurrió en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, donde se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa. Su audiencia se celebró el 26 de diciembre.

De acuerdo con la información disponible, el encarcelamiento se habría producido después de que el periodista transmitiera en vivo un accidente vehicular en el que estuvo involucrada la hija de una abogada conocida en la entidad, quien presuntamente habría promovido su detención. (MIG)