El partido Morena anunció la preparación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra reformas electorales aprobadas en San Luis Potosí y Nuevo León, conocidas popularmente como "Ley Esposa".

Estas modificaciones obligan a postular exclusivamente mujeres para las gubernaturas en 2027, lo que ha generado críticas por presuntamente favorecer a las esposas de los actuales gobernadores.

En San Luis Potosí, la iniciativa denominada "Ley Ruth" fue avalada el 11 de diciembre por el Congreso local, impulsada por legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, aunque con votos en contra de este último.

La norma establece que en los procesos electorales siguientes se aplicará alternancia de género. Sus promotores argumentan que busca garantizar la paridad, dado que ninguna mujer ha ocupado el Ejecutivo estatal desde la creación de la entidad.

Sin embargo, opositores la señalan como un mecanismo para posicionar a Ruth González Silva, senadora del PVEM y esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

González Silva ya se declaró lista para competir en 2027, afirmando que su partido tiene fuerza para refrendar el cargo con o sin alianza con Morena.

Un caso similar ocurre en Nuevo León con la "Ley Mariana", que buscaría beneficiar a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García.

Ambas reformas han sido bautizadas como "Ley Esposa" por críticos, que las ven como intentos de sucesión familiar.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, rechazó estas legislaciones al considerarlas inconstitucionales, ya que limitan la libertad de decisión de la ciudadanía y posicionan familiares directos en perjuicio de otros derechos.

"Estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar porque consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad", declaró Alcalde.

Agregó que Morena no postulará familiares en las boletas de 2027, aplicando anticipadamente la reforma antinepotismo, aunque esta entrará en vigor constitucional hasta 2030. (MCJ)