Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), basado en la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI), recopiló datos de todo el territorio nacional para ejemplificar cuánto dinero se necesita para vivir “dignamente” en México.

Según el estudio, el ingreso promedio necesario para cubrir gastos básicos asciende a 16 mil 421 pesos por persona al mes.

Sin embargo, las percepciones varían; las mujeres estiman que bastarían alrededor de 15 mil pesos, mientras que los hombres consideran cerca de 18 mil pesos.

No en todos los estados se gana lo mismo

Existen disparidades regionales en cuanto a salarios. En las zonas más urbanas y costosas, como la Ciudad de México (donde se requieren 29 mil 500 pesos) y Nuevo León (23 mil 500 pesos), el umbral es significativamente más alto debido a rentas elevadas, transporte y servicios.

En contraste, estados del sur como Chiapas (7 mil pesos) y Tlaxcala (8 mil pesos) presentan cifras mucho más bajas, aunque esto no implica mayor bienestar, sino un menor costo de vida en áreas rurales y con economías informales.

En el caso de Puebla, se estimó un mínimo de 12 mil 600 pesos mensuales para vivir “dignamente”.

Ahorro y deudas

El informe también expone vulnerabilidades en el ahorro y las deudas. Sólo 52 por ciento de la población mayor de 18 años cuenta con alguna reserva financiera, con una brecha de género: 49.3 por ciento de las mujeres ahorran, frente al 55.2 por ciento de los hombres.

Entre quienes logran apartar dinero, 57.3 por ciento acumula apenas lo equivalente a una quincena de su ingreso, y sólo 10.3 por ciento supera los tres meses de reserva, un colchón mínimo recomendado por expertos para emergencias.

En materia de endeudamiento, 36.2 por ciento de los mexicanos reporta saldos pendientes, una proporción ligeramente menor entre mujeres (34.1 por ciento) que hombres (38.7 por ciento).

El promedio que se puede destinar a pagos de créditos sin comprometer el patrimonio es de 2 mil 777 pesos mensuales, pero nuevamente, las mujeres enfrentan límites más estrechos (2 mil 262 pesos) comparados con los hombres (3 mil 382 pesos).

En redes sociales, en donde se difundieron estos datos, usuarios de estados como Tabasco y Quintana Roo lamentaron que los montos no reflejen realidades locales, como rentas de hasta 8 mil pesos o facturas de luz bimestrales de 4 mil pesos.

"Más que una cifra aislada, el dinero necesario para vivir dignamente revela el desafío central: construir condiciones económicas que permitan a más personas sostenerse con estabilidad y planear un futuro posible. Sin inmueble propio, no hay vida digna", dice la publicación.

Puebla, uno de los estados con los peores salarios

Puebla presume de ser un estado industrializado y un motor económico del centro del país; sin embargo, casi siete de cada 10 trabajadores sobreviven en la informalidad, sin prestaciones ni protección social, mientras que los salarios mínimos apenas alcanzan para cubrir un tercio de las necesidades básicas de una familia.

Así lo reveló un informe del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero), que expuso cómo la inseguridad, la incertidumbre y la desprotección se convirtieron en la norma estructural del mercado laboral local.

El estudio mostró que la precariedad es un rasgo histórico arraigado desde la década de los 80.

“Hoy, una sola persona necesita múltiples empleos para subsistir, mientras que en el pasado las familias incorporaban a más miembros –como madres o hijos– al trabajo por la misma razón: salarios insuficientes", explicó Nadia Castillo Romero, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.

Esta evolución, lejos de ser progreso, refleja una "falta de políticas de recuperación salarial", según Miguel Calderón Chelius, coordinador del Observatorio.

La informalidad laboral en Puebla roza 70 por ciento, impulsada por malas condiciones de contratación y la ausencia de beneficios como seguro médico o vacaciones pagadas.

El sector informal, descrito como "completamente desprotegido", carece de derechos laborales básicos, dejando a los trabajadores expuestos a explotación y vulnerabilidad extrema.

En este contexto, el salario mínimo vigente –de 8 mil 364 pesos mensuales– se queda corto: representa sólo 33 por ciento del ingreso necesario para una vida digna, estimado en 27 mil 080 pesos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con el INEGI, este monto está 17.3 por ciento por debajo de lo requerido para cubrir las necesidades básicas de una familia de cuatro integrantes, incluyendo alimentación, vivienda, educación y salud.

Industrias como la textil, automotriz y de servicios agravan el problema, con miles de empleos que priorizan la mano de obra barata sobre la estabilidad.

El informe del Observatorio analiza la precariedad en tres ejes: inseguridad (falta de estabilidad contractual), incertidumbre (imprevisibilidad de ingresos) y desprotección (ausencia de redes de apoyo estatal).

Aunque se reconocen avances normativos recientes, como reformas laborales, Calderón Chelius advierte que sin intervenciones concretas –como incentivos fiscales para formalización o ajustes salariales indexados a la inflación–, la brecha sólo se ensanchará. (MIG)