El Índice Mundial de Delincuencia Organizada 2025, elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), posicionó a México como el líder en la actividad de mercados ilícitos a nivel global.

Con una puntuación de 8.27 puntos en una escala de 1 a 10, el país supera a cualquier otra nación en la vinculación de su sistema político, social y económico con el comercio ilegal de drogas, personas, armas y recursos naturales.

Este diagnóstico, que coincide con el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, contrastó con las cifras oficiales del gabinete de Seguridad, que reportaron una reducción del 37 por ciento en homicidios y del 46 por ciento en delitos de alto impacto desde octubre de 2024.

La encuesta de percepción de inseguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), divulgada en octubre de 2025, mostró que el 63 por ciento de los mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad, un aumento significativo de 4.4 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2024.

Esta sensación de vulnerabilidad va acorde con los hallazgos del índice GI-TOC, que ubica a México en el tercer lugar mundial en incidencia de criminalidad general, con 7.8 puntos, solo por detrás de Myanmar y Colombia.

Cárteles multifacéticos

Los cárteles mexicanos, operando como corporaciones transnacionales con una fuerza laboral similar a la de grandes empresas nacionales, controlan varias economías.

Según el informe, estas organizaciones han evolucionado más allá de la violencia armada tradicional, expandiéndose hacia delitos cibernéticos, ambientales y financieros.

Controlan territorios mediante extorsión, violencia selectiva y cooptación de comunidades, con una presencia incluso en las prisiones.

El sur de México, particularmente estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, emerge como una zona crítica para la trata de personas, donde mujeres, menores de edad y comunidades indígenas son víctimas frecuentes de explotación sexual, doméstica y laboral.

Entre los mercados más puntuados figuraron el tráfico de cocaína (9 puntos), drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo (9 puntos), tráfico de armas (9 puntos), trata de personas (9 puntos) y extorsión (9 puntos).

Otros rubros incluyen delitos financieros y comercio de productos falsificados (8.5 puntos cada uno), así como el contrabando de petróleo y derivados como la gasolina (8 puntos).

México actúa como corredor estratégico para el tráfico de cocaína en el continente, con una articulación logística que impulsa su producción y exportación de sintéticos en rápido crecimiento.

Además, el contrabando de migrantes y crímenes ambientales completan el entramado que genera rentas ilegales de impacto económico, social y político masivo.

La calificación de resiliencia institucional de México es de apenas 4.50 puntos, colocándolo en el puesto 111 de 193 naciones evaluadas.

Este bajo puntaje, de acuerdo GI- TOC, se atribuye a la militarización de la seguridad pública, profundizada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, generando preocupaciones por posibles violaciones a derechos humanos y un debilitamiento del control civil.

Mecanismos anticorrupción fallaron en frenar la impunidad, y la reciente reforma judicial, que incluyó la elección popular de jueces, alertó sobre posibles influencias del crimen organizado en el sistema judicial. (MCJ)