La intención del alcalde de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales, de adquirir grúas municipales para “evitar cobros excesivos” ha encendido dudas dentro y fuera del Ayuntamiento.

Aunque la propuesta se presenta como una solución para los automovilistas, en realidad enfrenta límites legales y financieros que no han sido aclarados por la administración.

La legislación estatal en materia de movilidad es clara: la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) es la única autoridad facultada para autorizar y supervisar el servicio de arrastre.

Tanto la Ley de Movilidad como su reglamento establecen que los municipios solo pueden participar mediante convenios firmados con el Estado, y no operando grúas por su cuenta.

Cualquier intento de hacerlo implicaría duplicar funciones que no les corresponden y actuar fuera del marco normativo.

Aun así, Morales planea llevar la propuesta al Cabildo únicamente para solicitar el aval de compra, dejando fuera aspectos esenciales como los permisos estatales, el proceso administrativo o un expediente técnico que respalde la iniciativa.

El presupuesto aprobado para Izúcar en 2025 es de 380 millones de pesos, recursos que ya se distribuyen entre servicios públicos, nómina, seguridad y obra social.

Dentro de esta planificación, la compra y operación de grúas no figura como una prioridad ni como una partida programada.

De acuerdo con estimaciones recientes, emprender un proyecto de este tipo implicaría:

• Dos grúas hidráulicas: entre 3 y 4.5 millones de pesos.
• Equipo adicional, rotulación, radios y seguros: 250 mil a 400 mil pesos.
• Operación anual (personal, combustible, mantenimiento y seguros): 900 mil a 1.3 millones de pesos.
• Costos administrativos para cumplir con la normativa estatal: obligatorios y no considerados.

Solo para arrancar, el municipio tendría que destinar entre 4.2 y 6.2 millones de pesos, además de un gasto anual cercano al millón de pesos, ninguno de estos montos ha sido incluido en la planeación financiera.

Hasta el momento, la administración municipal no ha precisado cómo financiaría la compra ni si ha iniciado algún trámite con la Secretaría de Movilidad y Transporte para operar legalmente. (KR)