Un juez federal levantó la suspensión que frenaba las obras de una casa de descanso militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a orillas de la Laguna de Siete Colores, al aplicar por primera vez la reforma a la Ley de Amparo aprobada en octubre pasado, que limita el acceso al interés legítimo en demandas colectivas o ambientales.

El juez primero de Distrito en Quintana Roo, Darío Alejandro Villa Arnaiz, resolvió en audiencia negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo 313/2025, promovido por 23 niños bacalarenses con apoyo del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).

Los menores, representados por 12 madres y dos padres, argumentaron que la construcción vulnera su derecho a un medio ambiente sano y afecta su desarrollo sociocultural, al drenar agua de la laguna, rellenar terrenos y militarizar espacios públicos de recreo infantil.

Los argumentos del juez que revocó

En su fallo, el juez determinó que no existe afectación directa a la vida de los infantes ni daño ambiental “de manera indiciaria”, al considerar que las obras no se realizan dentro del cuerpo de agua.

Villa desestimó así las pruebas presentadas sobre modificaciones al ecosistema, como el relleno de un metro y medio de altura, la excavación para una alberca a solo cinco metros de la laguna y la edificación de estructuras de hasta tres niveles que obstruirán la vista desde el Fuerte de San Felipe.

El abogado del IFDP, Daud Rincón, criticó la resolución por interpretar de forma restrictiva el interés legítimo de la niñez, contrario a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El juez no advirtió impactos en el ambiente y entendió que, al no estar las obras dentro del agua, no hay afectación a la laguna”, señaló Rincón, quien anunció que presentarán recurso de revisión.

Con esta decisión, la Sedena reanudó inmediatamente los trabajos iniciados en marzo, que incluyen ampliaciones y una residencia militar en un predio federal ribereño.

Semarnat exentó previamente a la Defensa de presentar el manifiesto de impacto ambiental. De las tres suspensiones que pesaban sobre el proyecto, sólo permanece vigente una, derivada del amparo 241 promovido por ciudadanos adultos de Bacalar.

Otra medida cautelar, interpuesta por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), fue desechada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del estado.

Padres de los menores expresaron tristeza y frustración. “A pesar de las denuncias de todos los bacalarenses, ya iniciaron de nuevo los trabajos. Es una lástima que no se escuche la voz de la ciudadanía”, comentó uno de ellos.

Otro padre de familia lamentó que la presencia militar constante impida a los niños usar canchas y espacios públicos. (MCJ)