Un juez de la Ciudad de México ordena el arresto administrativo por 12 horas contra el periodista Gustavo Adolfo Infante, luego de determinar que incumple las medidas de restricción solicitadas por Maribel Guardia, según una resolución emitida la tarde del jueves 13 de noviembre.

La decisión se basa en nuevas menciones hacia la actriz, difundidas en sus plataformas digitales, pese a la prohibición absoluta vigente desde septiembre.

La medida surge tras una audiencia celebrada a las 15:00 horas, de acuerdo con información expuesta en el programa Dulce y picosito, conducido por Flor Rubio.

 

 

 

 

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En la emisión, el periodista Carlo Uriel explica que el juez concluye que Gustavo Adolfo Infante incurre nuevamente en expresiones consideradas ofensivas hacia Maribel Guardia, lo que activa la sanción.

Aunque la orden ya está girada, no se habría ejecutado debido a que el conductor cuenta con un amparo. Infante confirma el recurso en un breve mensaje: “No me ha notificado nada, pero tengo un amparo”.

Carlo Uriel señala que resulta inusual que exista un amparo previo a la notificación formal de la resolución, lo que coloca el proceso en una etapa compleja mientras se revisan los siguientes pasos legales.

 

 

 

 

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La resolución también instruye el retiro total de contenido relacionado con Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, de las redes y programas administrados por Gustavo Adolfo Infante.

Esto incluye videos, imágenes y cualquier referencia emitida en YouTube, televisión o plataformas digitales.

El periodista Javier Ceriani informa que la Policía Cibernética recibió la orden de resguardar el material señalado y que YouTube ya fue notificado para proceder con el retiro obligatorio.

 

 

 

 

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El conflicto legal entre Maribel Guardia y Gustavo Adolfo Infante se remonta a la disputa pública entre la actriz y su exnuera, Imelda Garza Tuñón, sobre temas familiares que alcanzaron la cobertura del conductor.

Guardia acudió a las autoridades al considerar que Infante utilizaba su caso con expresiones peyorativas. En septiembre, un juez dictó una prohibición de contacto y mención que también aplicó a otros integrantes del programa De Primera Mano.

La demanda de Guardia cobra relevancia al estar vinculada a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que coloca el comportamiento de figuras públicas en un marco jurídico más estricto respecto al tratamiento de temas privados. (EP)