Samara Martínez, activista chihuahuense de 30 años con lupus e insuficiencia renal crónica terminal, presentó este martes en el Senado de la República, iniciativa ciudadana Ley Trasciende, respaldada por más de 128 mil firmas.

La propuesta busca reformar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud para despenalizar la eutanasia activa y pasiva, así como el suicidio asistido, garantizando una muerte digna a pacientes con padecimientos incurables.

Legisladores de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano acompañaron la conferencia, comprometiéndose a impulsar la iniciativa.

Presentan iniciativa para legalizar la eutanasia en México

Con el respaldo de senadoras de Morena, PRI y legisladores de Movimiento Ciudadano, la activista Samara Martínez, enferma terminal, presentó la “Ley Trasciende”, que busca reconocer la eutanasia pasiva y activa, el… pic.twitter.com/FF77HKT7O2

— Azucena Uresti (@azucenau) October 28, 2025

El caso de Samara Martínez

Martínez, conectada diariamente 10 horas a diálisis tras dos trasplantes fallidos, compartió su testimonio: “Desde hace más de una década mi cuerpo ha sido mi campo de batalla, pero mi enfermedad ha sido mi maestra más grande de vida”.

Insistió en que la iniciativa no promueve la muerte, sino la humaniza: “No se trata de acelerar la muerte, sino de acompañar la vida hasta el final con respeto, amor y decisión propia”.

Recordó haber visto compañeros sufrir conectados a máquinas de hemodiálisis o en lucha contra el cáncer, condiciones que “ningún ser humano debería soportar”.

¿Qué propone la ley?

La Ley Trasciende propone protocolos médicos estrictos: diagnóstico de enfermedad terminal, consentimiento voluntario y reiterado, valoración por segundo médico independiente, comités éticos, documentación escrita y acompañamiento psicológico para pacientes y familias.

Distingue eutanasia activa, donde el médico aplica la sustancia letal, de suicidio asistido, donde el paciente la administra tras recibirla.

Actualmente, el artículo 166 Bis 21 tipifica la eutanasia como “homicidio por piedad”, prohibiéndola en todo el país.

La Ley de Voluntad Anticipada, vigente desde 2008 en CDMX y replicada en 14 entidades (Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Edomex, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala), sólo permite ortotanasia: rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida y optar por cuidados paliativos para manejar dolor y síntomas. En 2023, diputados intentaron derogar el artículo prohibitorio, pero la iniciativa no prosperó.

“Todos sabemos de alguien que murió con dolor; no quiero eso”, enfatizó Martínez, quien hace siete años recibió el diagnóstico terminal.

Tras agotar quimioterapias, operaciones y tratamientos, decidió alzar la voz desde Chihuahua. Perdió un empleo editorial por incomprensión a su condición, pero halló apoyo en la universidad donde trabaja como investigadora. “La dignidad es un derecho inalienable, no se posterga ni limita a los sanos”, declaró.

En su llamado a legisladores, Martínez instó a superar tabúes y dogmas: “Los invito a mirar a los ojos de quienes ya no tienen esperanza médica, de quienes piden sólo un poco de alivio, de quienes aman la vida, pero desean despedirse con serenidad”.

Afirmó que la ley refleja una sociedad madura que entiende “el amor también puede significar soltar con respeto”. “Hoy no vengo a pedir compasión, vengo a exigir dignidad”, sentenció la activista. (MCJ)