Javier Mauleón Montero, director de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y Jocelyn Mendoza González, responsable de la Unidad de Igualdad de Género, burlan medidas impuestas por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla a favor de Gabriela Molina Herrera, profesora que ha sido reprimida por directivos a los que expuso por la entrega irregular de plazas académicas, a la que revictimizan.

Hoy ante Ángel Rivera Palestina, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta de la CDH, Molina denunció los hechos con la evidencia de circulares y correos institucionales en los que además de exponer sus datos personales, Joselyn Mendoza, subdirectora de investigación y titular de la Unidad de Igualdad de Género, emite una opinión personal y pone en entredicho la protección de la CDH Puebla a la doctora Molina.

“Estimados colegas docentes, me dirijo a ustedes pera reforzar un principio esencial de nuestra labor; tratar a los demás como deseamos ser tratados, un pilar fundamental de los derechos humanos… principio bidireccional de respeto y consideración mutua”, asentó Joselyn Mendoza, portavoz de la institución y el director de la UPN y quien figura en la lista de personas beneficiada irregularmente con una plaza en la institución.

Para la comunidad académica y defensores y promotores de derechos humanos, este correo institucional es el ejemplo del acoso de directivos que pese a que han recibido indicaciones precisas de que dejen de acosar a la profesora, las medidas son pasadas por alto o burladas.

La doctora Molina lamentó el mensaje institucional que introduce una narrativa que desvía el propósito de la medida cautelar ordenada por la CDH, además de generar confusión y revictimización. “Los derechos humanos no operan bajo condiciones de intercambio. La protección de una persona en situación de vulnerabilidad es una obligación institucional, no una negociación”, sostuvo.

“Al emitir una comunicación institucional que relativiza una medida legal, incurre en una falta al principio de legalidad y al deber de protección, establecidos en la legislación estatal y federal”, precisa en su nueva denuncia ante la SEP y la CDH.

También se acusa que Javier Mauleón Montero, director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 211 Puebla, dirigió el oficio U-211/D/2025/222 a través del correo institucional, a todo el personal docente, administrativo y de servicios, en el que se comunica la existencia de dichas medidas cautelares a favor de Molina, pero incluye datos personales, lo que es una exposición innecesaria que generaron afectaciones emocionales, lo que justamente, contraviene las medidas ordenadas por la CDH.

La medida cautelar de la CDH fue emitida tras una evaluación formal en donde se reconoció la urgencia de proteger a la profesora, así como su integridad ante la situación de represión institucional que ha enfrentado como consecuencia de la denuncia que se presentó por irregularidades en la asignación de plazas dentro de la universidad.

De acuerdo con el dictamen de la CDH, en poder de esta casa editorial, se dictaron las medidas cautelares considerando el riesgo -entendido como aquel peligro real en que se puede encontrar una persona debido a circunstancias, hechos o factores que aumentan la probabilidad de vulneración y daño- pues la víctima ocupa un lugar de desventaja frente a sus agresores.

Represión a profesora, condenada por el CEND

La profesora Gabriela Molina, con 40 años de servicio docente, muchos de ellos en comunidades rurales de la Sierra Nororiental de Puebla, denunció persecución y represión luego de exigir -al lado de más de 70 académicos de base y de contrato que las plazas de la UPN Unidad 211 Puebla- que se frenara la corrupción en la asignación de plazas de forma irregular a funcionarios de la SEP, familiares y amistades de la Sección 23 del SNTE.

La persecución de Molina también fue condenada por el magisterio democrático. El 31 de agosto, cuando integrantes del Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del SNTE en Lucha, junto con la doctora Molina, expusieron los hechos ante a la CDH y denunciaron que el hostigamiento, impedimento de ingreso y retención de salario eran las conductas más visibles de la violencia que sufría dentro de la institución.

Entre todas las exigencias a la CDH, destaca la solicitud medidas de no contacto y no represalias y la instalación de una mesa de seguimiento con calendario público hasta el cabal cumplimiento.

A la fecha, las medidas ordenadas han resultado inútiles

La nueva solicitud a la CDH Puebla es evidenciar la actuación de los funcionarios a fin de que sea calificada y esclarecida. Se pide que se emita una recomendación o pronunciamiento que refuerce la necesidad de aplicar las medidas cautelares con estricto respeto a la confidencialidad, evitando prácticas que puedan generar exposición o revictimización.

También la posibilidad de emitir lineamientos o capacitaciones dirigidas a instituciones educativas, pues a la fecha, existen autoridades que desconocen la implementación de medidas cautelares, con énfasis en la protección de datos personales y la atención digna a víctimas.

Mi lucha no es personal, es colectiva: Molina

“Mi lucha no es personal, es colectiva. Es por cada maestra y maestro que ha sido desplazado, ignorado o castigado por defender principios. Es por las y los estudiantes que merecen docentes comprometidos, no cuotas políticas. Es por una UPN que sea casa de pensamiento crítico, no botín de intereses.

“A quienes han intentado silenciarme, les digo: no estoy sola. Somos muchas y muchos los que creemos en una educación pública digna, justa y transparente. Y seguiremos exigiendo lo que por derecho nos corresponde”, dijo Molina a este medio en entrevista. (MIG)