Desde enero de 2024 se registraron 156 agresiones, incluyendo cuatro asesinatos que afectaron a 131 personas activistas o defensoras del Estado en represalia por su labor, según el Observatorio de Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y del Territorio en Chiapas.

El allanamiento al domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), fue un acto violento que se enmarca en al menos 46 agresiones contra la organización desde 2024, que abarcan difamaciones, vigilancia, intimidación y ataques armados.

A pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por más de una década, las organizaciones firmantes expresan preocupación por la falta de respaldo público de las autoridades a la labor de estos defensores, lo que fomenta su estigmatización y vulnerabilidad.

"Nos preocupa la ausencia de un respaldo público por parte de las autoridades de la legítima y fundamental labor que realizan las personas defensoras", se lee en su comunicado conjunto.

La escalada de violencia

Los incidentes más graves incluyen la masacre de Nueva Morelia, en la frontera con Guatemala, ocurrida el 12 de mayo de 2024, que dejó múltiples víctimas mortales en un contexto de disputas territoriales.

Otro caso es el asesinato del sacerdote tzotzil y defensor Marcelo Pérez el 20 de octubre de 2024; en junio de 2025, integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal sufrieron ataques armados dirigidos y detonaciones en la comunidad de Tzajalch'en, perpetrados por grupos criminales, junto con amenazas de criminalización de cuerpos de seguridad estatales.

Sigue el arresto de Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana, el 5 de agosto de 2025 en Tapachula, mientras organizaba una caravana migrante y, absuelto por falta de pruebas en cargos de crimen organizado y trata de personas, Villagrán fue estigmatizado públicamente por autoridades federales, algo que se repitió contra activistas como Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica.

"Los ataques recientes contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Dignificación Humana evidencian los graves riesgos que enfrentan quienes defienden la vida y el territorio", advirtió Protect Defenders EU.

A nivel nacional, Chiapas ocupa el quinto lugar en defensores y periodistas bajo el Mecanismo federal de protección: entre enero de 2023 y julio de 2025, sólo se admitió el 32 por ciento de solicitudes de defensores en riesgo y el 55 por ciento de periodistas, dejando a la mayoría desprotegida.

Esto generó 85 amparos y 44 recursos de inconformidad contra el programa. Además, el Estado mexicano incumple sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como la de 2021 por el asesinato de Digna Ochoa, sin implementar medidas ordenadas.

Entre 2016 y 2025, se registraron 177 asesinatos de defensores, 88 de periodistas, 28 intentos de homicidio y 62 desapariciones, 23 aún sin localizar, vinculadas a su labor.

"Chiapas es uno de los estados más pobres del país... Urge que el gobierno estatal y federal adopten una política de protección y promoción de derechos humanos en diálogo con la sociedad civil", mencionó Espacio OSC. (PSR)