El Congreso del estado de Tamaulipas aprobó reabrir y revisar las cuentas públicas correspondientes a la administración del exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca por pagos de 46.3 millones de pesos a presuntos servicios legales.

La propuesta la presentaron diputados de Morena y el Partido del Trabajo, para que se investiguen las cuentas públicas de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, pertenecientes al sexenio de Cabeza de Vaca.

La propuesta se aprobó con 26 votos a favor y seis votos en contra, por parte de los representantes del Partido Acción Nacional (PAN), señaló el comunicado que emitió al respecto por Congreso de Tamaulipas.

Esto dice la propuesta de revisión

El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Elifa Gómez Lozano, señaló en la exposición de motivos de la iniciativa que durante la administración del exgobernador panista se realizó un pago de presuntos servicios legales por 46.3 millones de pesos.

Este pago estaría dirigido a los despachos jurídicos Coello Trejo y Asociados y Accuracy Legal and Consulting, los cuales, señala la propuesta, son propiedad del expresidente Felipe Calderón y funcionarios cercanos a él, como Roberto Gil Zuarth y Javier CoelloTrejo.

Roberto Gil Zuarth fue secretario particular del expresidente mexicano panista, mientras que Javier Coello Trejo se desempeñó como Procurador General de la República en el sexenio del expresidente José López Portillo.

A Coello Trejo lo señalaron por recibir pagos con recursos públicos por ser defensa de Cabeza de Vaca, quien fue señalado de delitos relacionados con fraude fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, acusaciones que le valieron una orden de aprehensión en contra.

Gil Zuarth se convirtió en su asesor jurídico de cabecera y defensa en controversias que, de acuerdo con Gómez Lozano, le beneficiaban personalmente.

La instrucción que se hizo a órgano de fiscalización es revisar que los pagos hayan sido sustentados legalmente. Además de verificar la existencia de los contratos entre ambas partes y las condiciones en que fueron realizados.

Así como la “existencia de los entregables que sustenten las erogaciones correspondientes”, dice la propuesta. (JRLM)